Federico Arenas Vásquez
Doctor en Ciencias Económicas y Sociales, mención Geografía, Universidad de Ginebra, Suiza. Actualmente, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
José Orellana Yáñez
Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.
La semana post elección del 7 de mayo 2023, entregó dos noticias sustantivas en cuanto al proceso de la descentralización: la primera sobre el royalty minero y la segunda sobre la intervención urbana definitiva de la plaza Italia/Baquedano/Dignidad.
En medio de la desazón en algunas coberturas políticas del país, producto de los resultados electorales del “domingo 7” mencionado (optimismo, por otras), tanto el Ejecutivo como el Congreso, sorprendieron con la aprobación del royalty minero, a pesar de la voluntad y acción de rechazo del Partido Republicano, gran ganador de la justa electoral mencionada. Fuera de develar una contradicción sustantiva de este partido, ante una medida transversalmente validada (desde lo político, lo territorial regional-local y desde la ciudadanía, aunque con algunas dudas desde lo ambiental), importa la letra grande (y no la chica), que traía el proyecto, esto es, un principio y una medida democrática y descentralizadora.
Hasta lo conocido, el proyecto de Royalty a la Gran Minería, que derivó a un tercer trámite legislativo, contemplaría una recaudación de 450 millones de dólares, dirigidos hacia las regiones y comunas en general y, muy particularmente, a aquellas que alojan la explotación de los minerales, no sólo para compensar y mitigar los impactos socioambientales, sino que, también para avanzar en el principio de justicia territorial. Así, se estarían ocupando los clásicos instrumentos de distribución de recursos fiscales, como es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el caso de las regiones y el Fondo Comunal Municipal, para el caso de las comunas. De concretarse esta situación, se avanzaría sustantivamente en ‘democratizar-descentralizar’ parte de los beneficios de la explotación minera, dando cumplimiento a una ya tradicional expectativa que los territorios han verbalizado en tiempo y espacio. El desafío estaría en que, una vez concretada esta medida, se avance decididamente en la instalación de las Rentas Regionales, como mecanismo tributario de financiamiento regional y en la derogación definitiva de las delegaciones presidenciales regionales, comprometidas no sólo en el programa de gobierno (como lo reclama, entre otros, regularmente el gobernador Claudio Orrego), sino, además, porque estos temas están en el imaginario colectivo descentralizador político regional-nacional desde hace años, tal como quedó demostrado en el diálogo del Gobernador Patricio Vallespín con el Presidente Gabriel Boric, con ocasión de la visita de este último a Puerto Montt, y que recoge muy bien la imagen que captó la orgullosa entrega por parte del Gobernador Regional al Presidente, de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo de Los Lagos (ERD-2030). La ERD, la de Los Lagos y las otras, entendidas ahora como proyecto político de la región, deben transformarse en la plataforma y el instrumento que le dará sentido al proceso descentralizador.
Por otro lado, y, desde una perspectiva no lineal con el tema anterior pero relacionado con la cuestión descentralizadora, la decisión en cuanto al proyecto de intervención de la plaza Italia-Baquedano-Dignidad, en el marco del proyecto de recuperación del eje Alameda-Providencia, también debe entenderse en clave descentralizadora, más allá del imaginario ciudadano y de la visión urbanística. Por encima del impacto urbano-paisajístico de la intervención propuesta y de lo simbólico involucrado, por tratarse del epicentro del estallido social y de su geografía de la multitud, se trata del despliegue de las relaciones espaciales de poder que se dejan sentir sobre este lugar, proyectado o imaginado desde la escala comunal (Alcaldesa de Providencia Evelyn Mathei), pasando por escala regional (Gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego), y llegando, hasta la escala nacional (Gobierno Nacional, en razón de que estamos hablando también de la capital del país). En una clave descentralizadora, aquí cabe plantearse la pregunta respecto de ¿cuál es la escala que debe predominar en la gestión de la intervención en plaza Italia-Baquedano-Dignidad?
Claramente, la descentralización en cuanto ejercicio de análisis político-democrático, debiese plantear una salida desde la inter-escalaridad, donde los diferentes actores debiesen desplegar sus recursos de poder territorial, en la mejor gestión de este espacio geográfico tan particular. Se trata de una prueba de fuego para la figura del Gobernador Regional, donde deberá demostrar que sus recursos político-territoriales son suficientes para impulsar y concretar dicha acción. Como se trata de la Región Metropolitana, el desafío es doble: movilizar varias de las comunas que integran la metrópolis principal, diferenciándose de las autoridades de escala nacional que cohabitan aquí con las de nivel regional y local. Es una gran prueba para la gobernanza territorial y que, si tiene éxito, abre interesantes proyecciones para las otras regiones chilenas.
En resumen, pareciera ser que esta semana (post 07 de mayo) estuvo nutrida en aspectos que fortalecen la descentralización, en su componente financiero vía royalty y en el desafiante escenario donde concurren diversas escalas para la toma de una decisión que, a nuestro juicio, se ajusta de manera preferente a la escala regional. De aquí en más, y como lo establece la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y su instrumento específico, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), será necesario afinar para muchas otras decisiones, la mejor escala de intervención posible, de manera de avanzar en el mejoramiento de nuestra gobernanza territorial, y en la articulación de los diversos instrumentos territoriales directos e indirectos que operan en los distintos territorios. El desafío no es menor, pero es ineludible.
