Periodista, Ex 2da Vicepresidenta Nacional Colegio de Periodistas de Chile.
La violencia de género no se limita a los espacios privados ni a los casos extremos de agresión física. En las instituciones del Estado, donde se supone que existen garantías para proteger a las víctimas, el abuso de poder se convierte en una forma estructural de violencia contra las mujeres. Cuando el aparato estatal permite—o al menos no impide—que se ejerzan prácticas de acoso, maltrato y encubrimiento, se instala un modelo de impunidad que desalienta las denuncias y profundiza la desigualdad.
El caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, ha puesto en evidencia esta realidad. La denuncia de violación dentro de la Subsecretaría no solo revela la gravedad de los hechos, sino también el modo en que las estructuras de poder operan para diluir responsabilidades y minimizar el impacto de las acusaciones. Más allá del caso individual, lo preocupante es la respuesta institucional: la ausencia de sanciones inmediatas y la falta de un mensaje claro de condena por parte del gobierno refuerzan la percepción de que el poder sigue protegiéndose a sí mismo, incluso a costa de los derechos de las mujeres.
Pero este no es un hecho aislado. La reciente muerte de una funcionaria de la Dirección de Presupuestos, Dipres, ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto del maltrato institucional y la precarización de las condiciones laborales, especialmente para las mujeres. Si bien aún no se han esclarecido todas las circunstancias, lo que sí es evidente es que la presión y la violencia en los espacios de trabajo pueden tener consecuencias fatales. Cuando las mujeres son sometidas a entornos hostiles, donde el abuso de poder es la norma y no la excepción, el Estado deja de ser un garante de derechos y se convierte en un espacio de riesgo.
Este patrón de encubrimiento y protección institucional refuerza la idea de que quienes ostentan el poder están por encima de la justicia, mientras las víctimas quedan desamparadas.
Estos casos tienen un denominador común: La ausencia de un enfoque feminista real en la gestión del poder. El gobierno de Gabriel Boric se presentó como una administración comprometida con los derechos de las mujeres, pero su respuesta a estas denuncias ha sido, en el mejor de los casos, ambigua y tardía. La falta de medidas concretas y la tolerancia hacia prácticas que perpetúan la violencia de género evidencian que el discurso y la acción siguen estando desconectados.
Es necesario entender que la violencia de género no se combate solo con declaraciones o reformas legislativas, sino con cambios estructurales que impidan que los espacios de poder sean utilizados para vulnerar a las mujeres.
La erradicación del «Método Monsalve»—ese modelo en el que el abuso se encubre y las víctimas son desacreditadas—requiere voluntad política y una redefinición de cómo se ejerce la autoridad en el Estado.
La pregunta es si el Gobierno está dispuesto a asumir este desafío o si seguirá permitiendo que las estructuras patriarcales sigan intactas dentro de sus propias filas. La ciudadanía, en tanto, tiene el deber de exigir no solo justicia en los casos particulares, sino también cambios reales en las condiciones que hacen posible que el abuso se perpetúe.
Si la violencia de género dentro del Estado no se reconoce y combate con la urgencia que merece, difícilmente se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para las mujeres.
