Economista, Instituto Igualdad
Si para actuar en economía se espera la opinión de la tecnocracia y por supuesto del empresariado la aguja se seguirá moviendo en favor del capital, según ellos, motor del crecimiento y única garantía de favorecer el empleo y tal vez aumentos de salario si se incrementa la productividad.
Creo necesario incorporar la variable política, sin ignorar lo que aporten las ciencias sociales. La señal más potente para los empresarios es la política salarial del gobierno. Es más, su utilización política se hace especialmente intensiva en períodos eleccionarios.
El empresariado brega por sus rentas y los trabajadores por su sueldo o salario. Esta refriega es constante y su pertinencia no obedece hasta hoy sino a un contrato social, es decir, a un acuerdo respecto de qué es lo mínimo que puede recibir como remuneración un trabajador. En esto los sindicatos y la empresa son los encargados de operativizar este tipo de negociación.
No obstante, mientras más calificado debe estar un trabajador para cumplir con las exigencias de un cargo o actividad productiva mayor debería ser su remuneración. Esto conlleva a que los incrementos de la productividad del trabajo deberían tener como correlato un incremento proporcional de la remuneración del trabajador, lo que no ha sido hasta hoy un arreglo automático ni posible de negociar a todo evento.
En consecuencia, respecto de los eventuales efectos de la política salarial de un gobierno en la empresa, inevitablemente, será la política lo que establezca la proporción de las rentas que irán al empresario y lo que le corresponda al trabajador, habida cuenta de lo que sería el salario mínimo y lo que iría en proporción a la productividad del trabajo.
El BC se involucra en una disputa política si se inclina por hacer presente lo que pierden o ganan unos u otros, toda vez que se crea que su opinión está por sobre la política. Cómo se reparte la torta no es una cuestión que lo resuelva el BC sino los ciudadanos a través de las instituciones que los representan, o sea, gobierno y parlamento.
Sin capacitación laboral orientada especialmente a los focos de crecimiento de la economía, no se logra incrementar la productividad. Aunque parezca obvio, ha sido complejo coordinar la política pública con el sector empresarial para generar sinergias.
La baja calificación de los trabajadores los lleva al empleo informal o trabajo por cuenta propia. Es en este problema donde no se tiene una política integral que permita capacitación laboral a todo evento y sin costo para el trabajador.
La desigualdad de oportunidades se suaviza con capacitación laboral continua. Especialmente, si se trata de los jóvenes que salen de la enseñanza media sin formación en áreas productivas específicas, los que además de recibir una preparación general podrían formarse en un área técnica para optar tempranamente a un trabajo mejor remunerado.
Un punto relevante es que el mayor efecto que tiene el incremento del salario mínimo, según varios estudios, es en el segmento de los trabajadores menos calificados. Y eso afecta más a la fuerza de trabajo más joven. Card y Krueger recibieron el Nobel por un estudio empírico en EEUU. Este trabajo demostró que el impacto sobre el empleo por el aumento del salario mínimo no es significativo. Incluso, la inmigración tampoco afecta significativamente la disponibilidad de empleo para los nacionales y, al mismo tiempo, como lo indican estudios de Cepal de 2023, la fuerza laboral migrante que representa el 10,6% de la fuerza laboral del país impulsó el 13,4% del crecimiento del PIB en Chile.
La discusión si el BC debe o no analizar los efectos de las alzas y bajas de los salarios o la extensión de las jornadas laborales, sea para analizar la inflación, el crecimiento del PIB, el desempleo, entre las variables fundamentales que interactúan en la economía, no me parece que aporte mucho, especialmente, si Chile sigue siendo el país de la OCDE con el mayor nivel de desigualdad de oportunidades. Ojalá los informes técnicos de entidades públicas y privadas sirvan para aportar ideas que permitan mejorar las condiciones de vida y, en particular, la situación laboral de la gente, sin que desaten polémicas de si le corresponde o no realizarlos. Otra cosa es la validez de esos estudios, su sustento empírico y aplicabilidad, como también a quienes les corresponde actuar para resolver sobre tales materias.
