Periodista y editora internacional.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras proclamó finalmente a Nasry ‘Tito’ Asfura como presidente electo tras una de las contiendas más reñidas de la historia del país, con una diferencia de apenas 0.72 puntos porcentuales con su más cercano contendor el chileno-hondureño, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
El proceso se desarrolló entre cuestionamientos, acusaciones de un lado a otro, apagones tecnológicos, conteos paralelos, prensa internacional y comunicadores ciudadanos capturando y analizando cada mesa, cada región y cada declaración, junto al acompañamiento de observadores internacionales que respaldan cada etapa. Entonces ¿qué ocurrió en Honduras para que delante de nuestros ojos, a pesar de las señales y alertas previas, las medidas adoptadas para proteger la transparencia del proceso democrático, Asfura fuese proclamado vencedor 24 días después de la elección y con cerca del 60% del electorado cuestionando el resultado?
¿Legitimidad en duda o soberanía bajo asedio?
Los problemas comenzaron antes del 30 de noviembre. Su ascenso no puede desvincularse de la abierta injerencia estadounidense: el expresidente Donald Trump y otros miembros del Partido Republicano (como la congresista, María Elvira Salazar y varios empresarios) que no sólo lo respaldaron públicamente antes de los comicios, advirtiendo que «sólo trabajaría con él», sino que amenazó con indultar al expresidente del Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández.
Tras la votación, el colapso del sistema de conteo sumió al país en la total incertidumbre. Las acusaciones de fraude por parte de Nasralla y el partido Libre fueron constantes. En medio de este caos, Trump ejecutó el indulto, a pesar de JOH estar condenado por la justicia norteamericana como culpable de ingresar 400 toneladas de cocaína a EEUU y por tráfico de armas, toda vez que paralelamente aumentaba la presión militar norteamericana en el Caribe y en el Pacífico contra el narcoterrorismo, luego contra la dictadura de Maduro y hoy para «recuperar el petróleo» en la llamada operación Southern Spear.
Estos últimos eventos revelan la intrincada y oscura red de intereses que rodea la presencia e injerencia de EEUU en la región. Aunque en el caso hondureño, hay otro elemento que vincula a Trump y a Hernandez: Próspera. Este proyecto libertario y tecnocapitalista de la empresa venezolano-estadounidense Honduras Próspera Inc., en la isla de Roatán, es una zona de desarrollo económico (ZEDE) con autonomía, cuyo origen y desarrollo se produjo mientras ambos eran presidentes de sus respectivos países. ¿El objetivo? Por una parte crear empleos, atraer inversiones y generar crecimiento en Honduras; pero, por otra, escapar de cualquier control estatal o dependencia gubernamental. Sin embargo, al asumir el gobierno de Xiomara Castro, se derogó la ley que autorizó su funcionamiento; Próspera respondió con una demanda de 11 mil millones de dólares contra el Estado hondureño (casi 2/3 del PIB nacional), lo que hoy dejaría al país en bancarrota.
¿Es acaso Honduras el caso más extremo de este nuevo giro a la derecha latinoamericana? Nasry Asfura asumirá el 27 de enero de 2026 como resultado de algo más que “la voz del pueblo”; gobernará bajo la atenta mirada de Washington y en un marco regional que le es favorable, pero también bajo la desconfianza de una parte crucial de su propio pueblo. El primer y más urgente desafío será navegar esas tormentosas aguas. Su historia personal –el inmigrante que avanzó por mérito propio, con esfuerzo y trabajo– choca con la realidad de un país donde el poder, el narcotráfico y los intereses geopolíticos se cruzarán y nadie puede hoy predecir su desenlace.
¿Cómo viene el 2026?
El 2026 iniciará sin un centro de gravedad común en América Latina, la amenaza del uso de la fuerza y la coerción estratégica en el Caribe, la virtual parálisis institucional y la desconfianza democrática en Centroamérica y la competencia entre modelos antagónicos en Sudamérica, aumenta la probabilidad de estallidos sociales súbitos, sumado a la influencia de actores extra-hemisféricos con intereses económicos en una de las regiones más ricas en recursos naturales del planeta.
Precisamente, será este modelo de ajustes económicos rápidos como el que está implementando Rodrigo Paz en Bolivia o este realineamiento “democrático” con Washington como en el caso hondureño, y con el respaldo del eje bloque conservador latinoamericano que aplica las mismas medidas con distintos grados de profundidad, podría verse sometido este año a una prueba de estrés social, donde el éxito o fracaso en gestionar este descontento popular derivado justamente del efecto que tengan estas políticas, va a determinar tanto la viabilidad, la fortaleza y la sostenibilidad de este nuevo enfoque, siempre y cuando, mantenga Trumpel control en Washington. Pero ese será tema de otro análisis.
