Periodista y editora internacional.
A 72 horas de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, el chavismo ha iniciado una rápida reconfiguración interna. La juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y su gesto simbólico de visitar la tumba de Hugo Chávez buscan proyectar continuidad institucional anclando su legitimidad en el legado bolivariano, tratando de llenar el vacío de liderazgo. Sin embargo, este proceso ocurre en un clima de creciente tensión interna: las dudas sobre el proceso de negociación, el rol de los hermanos Rodríguez; y qué ocurrirá con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, y el aparato represivo del régimen que continúa en el poder.
Paralelamente, Washington realiza un ajuste legal llamativo: el Departamento de Justicia presentó una nueva imputación contra Maduro que elimina gran parte de las referencias al «Cartel de los Soles», rebajando la acusación a un «sistema de clientelismo». Este giro sugiere que la narrativa judicial, basada en narcotráfico, podría ser difícil de sostener y revela una pugna entre la retórica maximalista de Trump y los requisitos probatorios del sistema legal, lo que podría debilitar la justificación pública de la intervención a medio plazo. Aunque, extraoficialmente, apuntan a que la laureada María Corina Machado, habría entregado información falsa a las autoridades norteamericanas y al mismo Trump, con el objetivo de forzar una intervención militar. Otras fuentes apuntan a que Maduro habría sido «rehén» de Cabello, real líder de sistema narcoterrorista perseguido por EEUU, y que junto a los Rodríguez habrían expresado aquello de manera telefónica al mandatario norteamericano y a Marco Rubio, solicitando ser «extraído» a EEUU para colaborar desde allá con la Justicia.
La reacción latinoamericana a la intervención continúa definiéndose, mostrando un claro rechazo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, adoptó una postura de principio contundente, declarando que su gobierno «nunca» estará de acuerdo con el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, consolidando a México como un crítico frontal de la acción estadounidense. En Colombia, la preocupación se centra en las consecuencias de seguridad inmediatas. El gobierno activó un plan de prevención ante la incertidumbre sobre el futuro del ELN en Venezuela, temiendo que la desestabilización pueda llevar a un recrudecimiento del conflicto o a movimientos de esta guerrilla hacia territorio colombiano. Mientras tanto, Bolivia demuestra que las crisis domésticas persisten independientemente del foco venezolano, con protestas y bloqueos continuos contra el decreto de eliminación del subsidio a combustibles, recordando la volatilidad social latente en varios países de la región.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA será el próximo termómetro del aislamiento político de Washington en el hemisferio. Se espera una condena mayoritaria de la intervención, similar a la expresada en la ONU, lo que dejará a EE.UU. con un apoyo reducido a un pequeño grupo de aliados. Sin embargo, de sanciones reales y efectivas, ni hablar. Simultáneamente, la crítica del ex Alto Representante de la UE, Josep Borrell, quien acusó a Europa de usar «eufemismos» y negar la realidad al seguir confiando en Washington como aliado, evidencia una fractura estratégica creciente en Occidente.Esta divergencia transatlántica, sumada al cambio en la acusación legal contra Maduro, comienza a revelar las fisuras y contradicciones en la operación estadounidense.
En un escenario donde la gobernabilidad en Venezuela será excepcionalmente frágil, la presión diplomática sobre EE.UU aumentará desde múltiples frentes, y la región deberá gestionar simultáneamente las repercusiones de seguridad de la crisis venezolana y sus propias y profundas crisis internas. ¿Quién será el siguiente?
