Analista sociopolítico Foco LATAM | Profesor e investigador en Ciencias Sociales
Doctorando – Universidad de Tarapacá
Profesor de Historia Universal, Master en Educación Ciudadana
Licenciado en Educación (Marxismo e Historia) – Universidad de Camagüey
Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. No se trata únicamente de una crisis energética coyuntural ni de un nuevo episodio de tensión diplomática con Estados Unidos. Lo que hoy se expresa en la isla es la convergencia de presiones externas e internas que sitúan al país en una encrucijada histórica, con impactos que trascienden lo nacional y se proyectan sobre América Latina.
Desde Moscú, el diagnóstico fue directo: la situación cubana es “realmente crítica”, en alusión al estrangulamiento de los suministros energéticos. Más allá del lenguaje diplomático, la afirmación describe una realidad concreta: la energía ha vuelto a ser utilizada como instrumento de coerción geopolítica. Estados Unidos, retomando la lógica de máxima presión impulsada durante la administración de Donald Trump, ha reforzado un esquema de sanciones que no solo limita el acceso directo a combustibles, sino que disuade a terceros países y empresas mediante amenazas financieras y comerciales.
En febrero de 2026, una orden ejecutiva de Donald Trump —operativizada por el secretario de Estado, Marco Rubio— logró que México suspendiera los envíos de PEMEX, dejando a Cuba con reservas mínimas de combustible. La crisis, lejos de encontrar una vía diplomática, se ha visto agravada por la ausencia de negociaciones políticas, pese a la disposición cubana y a declaraciones públicas del propio Trump en sentido contrario (Grim, Kulwin y Granados Ceja, 2026).
En este tablero regional, marcado por la disputa de influencias y la reconfiguración del orden global, Cuba vuelve a ocupar un lugar central, no solo por su ubicación estratégica en el Caribe, sino por su valor simbólico como caso testigo del uso de la economía como arma política.
Ajuste interno: administrar la escasez sin fracturar el tejido social
Frente a este escenario, la respuesta del Estado cubano ha sido esencialmente adaptativa. Lejos de la parálisis, el Gobierno ha optado por administrar la escasez con el objetivo de evitar un colapso social desordenado.
La reducción de la jornada laboral a cuatro días en sectores no esenciales, la promoción del teletrabajo, la reorganización de servicios de salud priorizando la atención primaria y los ajustes en el sistema educativo mediante modalidades híbridas buscan redistribuir el impacto energético, no negarlo.
Según reportes de France 24 y Drop Site News, estas medidas se adoptaron en un contexto donde la crisis energética redujo hasta un 40 % de la capacidad industrial —afectando especialmente a los sectores alimentario y farmacéutico— y donde las reservas de combustible de aviación llegaron a medirse en apenas un día de suministro.
El costo social es evidente. Sin embargo, la lógica política subyacente es clara: proteger lo esencial, ganar tiempo y evitar rupturas irreversibles en el tejido social.
Los 37 parques solares: avance real, impacto limitado y urgencia de acelerar
Es en este punto donde la transición energética adquiere un peso estratégico clave. A inicios de 2026, Cuba cuenta con 37 parques solares fotovoltaicos en operación, cada uno con una capacidad aproximada de 21,8 MW, integrados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
En términos agregados, estos parques permiten alcanzar picos de generación diurna superiores a los 500 MW, lo que contribuye a aliviar parcialmente la presión sobre el sistema durante las horas de sol y a reducir el consumo de combustibles fósiles importados.
Sin embargo, su impacto estructural sigue siendo insuficiente frente a un déficit que ronda los 1 700 MW en el horario pico nocturno, cuando la generación solar deja de estar disponible.
Este dato es central para comprender el momento actual: la transición energética avanza, pero no al ritmo que exige la crisis. El propio plan oficial contemplaba la instalación de 51 parques solares para finales de 2025, una meta que no se ha alcanzado debido a restricciones financieras, logísticas y tecnológicas, muchas de ellas asociadas al régimen de sanciones.
A ello se suma una limitación técnica decisiva: la ausencia generalizada de sistemas de almacenamiento energético. Sin baterías a gran escala (BESS), la electricidad generada durante el día no puede trasladarse al horario nocturno, reduciendo de forma significativa el impacto social de estos parques. Expertos citados por OnCuba News subrayan que acelerar simultáneamente el montaje de nuevos parques y de sistemas de almacenamiento es condición indispensable para que la energía solar deje de ser un alivio parcial y se convierta en un pilar real del sistema.
El factor Rubio: cuando la negociación se bloquea desde dentro
Investigaciones periodísticas recientes han revelado que, tras la aparente continuidad de la política de máxima presión, opera una estrategia deliberada del secretario de Estado, Marco Rubio, orientada a impedir cualquier salida negociada.
Según Drop Site News, Rubio habría informado al presidente Trump de la existencia de conversaciones con altos funcionarios cubanos —que nunca ocurrieron— con el objetivo de presentar un supuesto fracaso diplomático y legitimar exclusivamente la vía del cambio de régimen.
La secuencia es clara: una orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 que amenaza con aranceles a países que comercien con Cuba; la suspensión inmediata de envíos de PEMEX; y, de forma paralela, el bloqueo activo de cualquier canal diplomático que pudiera aliviar la presión.
Cuba ha reiterado públicamente su disposición al diálogo sin precondiciones. Sin embargo, hasta la fecha, los contactos bilaterales se han limitado a asuntos técnicos y migratorios. No existe, contra lo afirmado en declaraciones públicas desde Washington, una negociación política en curso.
Este elemento resulta clave: no se trata solo de un bloqueo heredado, sino de un sabotaje diplomático activo, impulsado desde el interior del propio aparato ejecutivo estadounidense.
Migración: cuando se cierran las válvulas de escape
En este contexto de presión acumulada, la suspensión del libre visado de Nicaragua para ciudadanos cubanos añade una capa adicional de tensión social. Durante años, Managua funcionó como una válvula migratoria que permitía canalizar expectativas individuales y aliviar tensiones internas. Su cierre no solo restringe la movilidad: reduce el margen de maniobra social.
Datos de la ONEI indican que la emigración neta cubana aumentó un 23 % entre 2022 y 2023. Reportes de France 24 documentan cómo, tras las restricciones nicaragüenses, la migración se desplazó hacia rutas más peligrosas, integrándose a un patrón regional donde sanciones económicas, crisis energéticas y endurecimiento fronterizo producen flujos más irregulares y costosos en términos humanos.
El falso dilema del castigo colectivo
Subyace a todo este escenario una tesis persistente y profundamente cuestionable: la idea de que el sufrimiento social inducido puede generar cambios políticos deseables. La historia latinoamericana demuestra lo contrario.
Las sanciones prolongadas no fortalecen a la ciudadanía; la desgastan. No empoderan a la sociedad civil; la fragmentan. En el caso cubano, más de seis décadas de bloqueo confirman esa evidencia.
El castigo colectivo no ha logrado su objetivo declarado, pero sí ha moldeado una economía defensiva, una cultura de resistencia y una profunda desconfianza hacia las intenciones externas.
Cuba y América Latina: alternativas frente a la asfixia
Mirar a Cuba desde América Latina exige superar el reflejo ideológico automático. Lo que ocurre en la isla anticipa dilemas regionales: dependencia energética, uso de sanciones como arma política y migración forzada.
Desde una izquierda latinoamericana con vocación democrática, la pregunta no es cómo presionar más, sino cómo reducir vulnerabilidades compartidas. Ello implica avanzar en:
- Fondos regionales para acelerar energías renovables y almacenamiento.
- Mecanismos de cooperación técnica que sorteen bloqueos financieros.
- Corredores migratorios ordenados y seguros.
Cuba no enfrenta solo una crisis energética. Enfrenta una prueba de resistencia social, política y ética bajo condiciones excepcionales. Los 37 parques solares en operación son una señal inequívoca de voluntad estratégica, pero su impacto limitado demuestra que sin acelerar los montajes, ampliar el almacenamiento y aliviar la presión externa, la transición seguirá siendo insuficiente.
Lo que ocurra en Cuba seguirá siendo un espejo incómodo para América Latina: un recordatorio de que la soberanía no se declama, se construye; y de que el castigo colectivo nunca ha sido, ni será, una vía legítima para el cambio.
