Diversas organizaciones de la sociedad civil emitieron la siguiente declaración pública:
“preocupación ante el proyecto de ley sobre cumplimiento alternativo de penas para adultos mayores y enfermos terminales, iniciativa que podría beneficiar a más de 300 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura civil militar.
Este proyecto abre la puerta para que personas condenadas por los crímenes atroces ocurridos en dictadura puedan solicitar beneficios fundados en su edad y en enfermedades terminales. Consideramos que esta iniciativa avanza en sentido contrario a las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, frente a graves violaciones a los derechos humanos.
Recordamos que el Estado tiene el deber ineludible de investigar, sancionar y asegurar el cumplimiento efectivo de las penas respecto de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Establecer mecanismos que faciliten la liberación de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad debilita ese deber y abre una vía de impunidad incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Sabemos que toda persona privada de libertad debe cumplir su condena en condiciones dignas y humanitarias. La edad o las determinadas enfermedades pueden justificar, en casos excepcionales, modalidades distintas de cumplimiento de pena. Sin embargo, esos factores no pueden evaluarse de manera aislada: deben considerar siempre la naturaleza y extrema gravedad de los delitos cometidos, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado..
Este proyecto beneficia a personas condenadas por crímenes que no solo Chile, sino también la comunidad internacional, han reconocido como los más graves que puede cometer un ser humano contra otro: ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violencia política sexual y otras violaciones atroces a la dignidad humana. Más grave aún resulta que, en su gran mayoría, estas personas no han colaborado con la justicia, no han contribuido al esclarecimiento de la verdad ni han manifestado arrepentimiento por las atrocidades cometidas.
Más aún, avanzar en iniciativas de esta naturaleza implica ignorar el impacto profundo que estas decisiones tienen sobre las víctimas, sus familiares y las personas sobrevivientes de la represión. Para quienes han vivido la prisión política, la tortura, la desaparición de sus seres queridos o la ejecución de familiares, este tipo de medidas representa una nueva forma de revictimización. Significa reabrir heridas que permanecen abiertas, relativizar el sufrimiento vivido y debilitar las pocas garantías de justicia que el Estado ha logrado construir tras décadas de lucha por verdad y justicia.
Asimismo, recordamos que frente a los crímenes de lesa humanidad el Estado tiene no solo la obligación de investigar y sancionar, sino también de garantizar medidas efectivas de reparación integral a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. La reparación no puede reducirse a medidas simbólicas o económicas: implica también asegurar que las sanciones impuestas por los tribunales se cumplan y que la institucionalidad democrática reafirme con claridad que estos crímenes son inaceptables y no pueden quedar sujetos a mecanismos que debiliten su sanción.
Exigimos y esperamos que las y los legisladores de nuestro país aborden este debate con responsabilidad y sitúen, de una vez, los derechos humanos en el centro de las decisiones”.
La impunidad no puede convertirse en ley.
Suscriben:
- Corporación Humanas
- Casa Memoria José Domingo Cañas
- LEASUR
- Movimiento de Acción Migrante
