La senadora Daniella Cicardini y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana del PS ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que fiscalice si ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, seremis y jefes de servicio cumplieron con la obligación legal de realizarse un examen de drogas al asumir sus cargos, mediante muestra de pelo y con resultados públicos. Esto, tal como lo establece el artículo 110 de la Ley N°21.806, norma originada en una iniciativa impulsada por los tres parlamentarios durante la tramitación de la Ley de Reajuste del sector público en enero pasado.
La presentación busca que el órgano contralor verifique si esta exigencia fue cumplida en tiempo y forma por las autoridades del actual gobierno, determine si existieron eventuales infracciones a la normativa vigente e informe si los exámenes se realizaron, en qué fecha y bajo qué condiciones de publicidad, tal como exige la ley.
“Nosotros presentamos la indicación que establece que ministros, subsecretarios y autoridades regionales deben hacerse el examen de drogas al asumir, con resultado público. Ha pasado un mes y hasta ahora no existe ninguna información oficial que permita acreditar su cumplimiento. Si los exámenes se hicieron, el gobierno debe informar sus resultados. Y si no se hicieron, debe explicar por qué no cumplió una obligación legal. Por eso recurrimos a Contraloría, porque aquí la transparencia no es opcional”, señaló el diputado Daniel Manouchehri.
Asimismo, la senadora Daniella Cicardini emplazó al Ejecutivo a responder con claridad sobre el cumplimiento de una norma que, recalcó, fue impulsada precisamente para elevar el estándar de probidad y transparencia en las más altas autoridades del Estado.
“Si el gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, entonces tiene que actuar con coherencia. La ley establece que, al momento de asumir, todas las autoridades deben realizarse el test de drogas y que sus resultados deben ser públicos. Por eso, sería bueno saber: ¿se lo hicieron o no? Si se lo hicieron, ¿por qué aún nadie conoce esos resultados? Y si no, ¿qué están esperando? La Contraloría tendrá que pronunciarse sobre un eventual incumplimiento de la ley”, apuntó.
Por su parte, el diputado Juan Santana sostuvo que la acción busca despejar cualquier duda sobre el cumplimiento de una obligación legal expresa. “Aquí no hay espacio para interpretaciones cómodas ni para silencios administrativos. La ley es clara, establece una obligación al asumir y además exige publicidad de los resultados. Lo mínimo que corresponde es que el gobierno acredite si cumplió o no cumplió, y si no lo hizo, explique por qué”, afirmó.
