Comité Central Nacional Partido Socialista de Chile
La reciente propuesta del Ejecutivo para modificar el Decreto Nº 117 (Este decreto del Ministerio del Interior fija los requisitos de todas las subcategorías de Residencia Temporal, reemplazando el antiguo sistema de «visas sujetas a contrato»), con el objetivo de agilizar la contratación de personas migrantes en el sector agrícola, vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿el problema de Chile es la migración o la precarización del trabajo?
Desde hace más de dos décadas, la agricultura enfrenta una realidad conocida: la falta de mano de obra. Las razones son evidentes. Se trata, en gran parte, de empleos temporales, físicamente exigentes, con remuneraciones precarias, escasa estabilidad y una protección social que muchas veces resulta insuficiente. Paralelamente, el país ha experimentado un proceso de movilidad social donde miles de jóvenes aspiran a acceder a la educación técnica o profesional y construir proyectos de vida distintos a los de generaciones anteriores.
El campo dejó de ser una opción atractiva, no porque el trabajo haya perdido valor, sino porque nunca se valoró lo suficiente.
En ese contexto, la migración aparece como una oportunidad para responder a una necesidad productiva real. El problema surge cuando esa oportunidad se transforma en la única respuesta a un problema estructural. Si el Estado facilita la llegada de trabajadores, sin hacerse cargo de las condiciones laborales que originaron la escasez de mano de obra, lo único que hace es trasladar la precariedad a trabajadores nacionales y a trabajadores migrantes.
La contradicción política resulta difícil de ignorar. Durante años, el discurso sobre la migración estuvo marcado por promesas de mayor control fronterizo, restricciones e incluso expulsiones masivas. Posteriormente, se reconoció que muchas de esas promesas eran inviables. Hoy, frente a la necesidad de mantener funcionando uno de los sectores más importantes para la seguridad alimentaria del país, la migración deja de ser presentada como un problema y pasa a convertirse en una solución.
Esta ambivalencia es preocupante, porque instala la idea de que existen migrantes «buenos» y migrantes «malos»: buenos, cuando la economía necesita su trabajo y malos cuando la discusión busca crédito político. La dignidad de una persona no puede depender de la demanda del mercado ni de la coyuntura electoral.
Pero la discusión va mucho más allá de la contratación. El trabajo agrícola también enfrenta desafíos relacionados con la salud ocupacional, entre ellos la exposición permanente a pesticidas y otras sustancias que requieren fiscalización, prevención y acceso efectivo a sistemas de protección. Cuando esas labores son realizadas por personas en condiciones de mayor vulnerabilidad o con dificultades para ejercer plenamente sus derechos, el riesgo de profundizar las desigualdades aumenta.
Por eso, el verdadero debate no debería ser cómo conseguir trabajadores más rápido, sino cómo dignificar el trabajo agrícola. Eso significa mejores remuneraciones, mayor estabilidad, protección social efectiva, fiscalización de las condiciones laborales y acceso pleno a la salud para todas las personas, independientemente de su nacionalidad.
La población migrante no puede convertirse en una herramienta para abaratar costos ni en una moneda de cambio del debate político. Tampoco las y los trabajadores chilenos pueden seguir abandonando el campo porque las condiciones laborales no les permiten construir un proyecto de vida.
El Parlamento tiene hoy la responsabilidad de discutir esta modificación con una mirada más amplia que la mera productividad. Lo que está en juego no es únicamente el funcionamiento del sector agrícola, sino el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde el trabajo tenga dignidad, donde los derechos laborales no distingan entre personas chilenas y extranjeras y donde la migración sea entendida como un fenómeno humano que exige políticas responsables, coherentes y respetuosas de la dignidad humana.
Porque, al final, la pregunta no es si necesitamos trabajadores migrantes. La pregunta es si estamos dispuestos a seguir sosteniendo sectores estratégicos del país sobre la base de la precariedad o si, de una vez por todas, decidiremos poner la dignidad del trabajo en el centro de nuestras decisiones públicas.
