Periodista.
A última hora, cuando el gobierno y sus partidos, incluyendo al partido de Jiles, se aprestaban a celebrar el dudoso triunfo de la mega reforma del ministro de Hacienda y por la cual se jugó por entero para que fuera aprobada en el mes de julio, sorpresivamente pasó para agosto. No se pudo cumplir el sueño de Quiroz. Un error garrafal del gobierno impidió que se aprobara en la sala el artículo del financiamiento a las municipalidades y la eliminación de contribuciones. Fue el único que se fue a comisión mixta, aprobado en dicha comisión y finalmente, suspendida su votación en el senado.
El Ejecutivo llegó a la votación del Senado convencido de que contaba con los 26 votos necesarios, pero finalmente quedó en evidencia que no los tenía. Su principal error fue dar por asegurada una mayoría que no estaba cerrada. En el Congreso chileno, especialmente cuando las mayorías son estrechas, la práctica habitual es verificar voto por voto antes de convocar una sesión decisiva.
Ocurrió que la Cámara aprobó el informe de la comisión mixta por 80 votos, pero en el Senado, cuando el gobierno suponía que estaban los votos que necesitaba imperiosamente para descorchar champagne, se dio cuenta que no reunía los 26 apoyos indispensables: un senador de la UDI había anunciado su rechazo, (Gustavo Sanhueza, de la UDI), Matías Walker y Rojo Edwards se disponían a votar en contra y otro senador, Enrique van Rysselberghe se había retirado hacia su región del Bio Bio.
Al Ejecutivo no le quedó más remedio que retirar la urgencia y la definición quedó para la primera semana de agosto. No sólo eso. Habría que sumar a los tiempos los requerimientos ante el Tribunal Constitucional hechos por la oposición y los vetos anunciados por Quiroz: contra normas como el olvido financiero y la prohibición del anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses. Hasta el momento sólo se sabe del veto a este último.
Paso a paso
El miércoles pasado se aprobó en la Comisión Mixta y posteriormente en la Cámara de Diputados la manera de compensar a las municipalidades la exención de contribuciones a la vivienda principal de los adultos mayores desde los 65 años. Solo quedó pendiente el visto bueno del Senado.
El mecanismo aprobado considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias, la pérdida de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a la primera vivienda, de manera tal que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la tesorería.
Por supuesto que los alcaldes de oposición criticaron el articulado, enfatizando que finalmente les entregará más recursos a los municipios en mejor posición y profundizará las diferencias económicas. ¿Por qué? Lo explicó, entre otros, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. En sus redes sociales, el jefe comunal afirmó que esto va a generar aún mayor desigualdad en el país.
“Municipios como Las Condes dejarán de recaudar $13.000 millones ya que sus vecinos no pagarán contribuciones. Pero el Estado decide compensar en un 100% esos recursos vía presupuesto general de la nación. Es decir, vecinos de Maipú y el resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos. Se agrandan aún más las enormes desigualdades que existen, con un financiamiento sumamente regresivo”.
Y ejemplificó señalando que “esa indicación hace que el ministro Alvarado no pague las contribuciones por su primera vivienda, que el ministro Quiroz, el próximo año, no pague las contribuciones por su primera vivienda”. Y para nadie debe ser un misterio el valor de esas viviendas y la situación económica de los futuros beneficiados.
Explicó que “cuando pagamos IVA, cuando vamos a comprar pan, cuando vamos a comprar medicamentos, eso va a financiar que el ministro Quiroz y el ministro Alvarado no paguen contribuciones y que esas comunas, las más ricas de Chile, sigan teniendo los mismos ingresos”.
Hasta nuevo aviso
Aunque el Gobierno había mejorado la propuesta para ofrecer una compensación total a los municipios —no solo al Fondo Común Municipal, sino también a las comunas que perderían ingresos propios—, algunos parlamentarios oficialistas estimaron que seguían faltando mecanismos de control sobre el uso de esos recursos y mayores garantías de responsabilidad fiscal. Así, el gobierno llegó al final de la tramitación sin cerrar el acuerdo político.
La aprobación en la Comisión Mixta y en la Cámara hicieron confiar a los ministros Alvarado, Quiroz y García y entonces actuaron como si el asunto estuviera resuelto. Sin embargo, en el Senado el escenario era distinto y requería una negociación política de última hora que no se realizó.
Durante semanas, alcaldes de distintos sectores —incluidos algunos de derecha— habían advertido que no aceptarían una compensación que pudiera significar pérdidas para los municipios. Esa presión llevó al Gobierno a modificar su propuesta, pero el cambio no logró disipar todas las dudas dentro del oficialismo. De hecho, la fórmula, que se aprobó por mayoría oficialista en la comisión mixta, terminaba beneficiando a las llamadas comunas más ricas, que son precisamente las que tienen las contribuciones de bienes raíces más altas.
La actuación del gobierno -que curiosamente esta vez no culpó de lo sucedido al ex Presidente Boric- fue criticada por su propia gente. Daban por hecho que la reforma tributaria sería aprobada en julio y se aprestaban a celebrar.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), responsabilizó directamente al gobierno por el traspié para lograr despachar en su totalidad el megaproyecto. “La Cámara que me corresponde dirigir a mí corrió todo el día por apurar esta tramitación. Hicimos una comisión mixta el mismo día, hicimos un informe el mismo día. Yo diría que nunca en la historia del Congreso, desde el 90, se había tramitado tan rápido un artículo de compensación a los municipios en una comisión mixta. Lo aprobó la Cámara a las 7.20 de la tarde y en el Senado efectivamente no estuvieron los votos”.
Y añadió: “Evidentemente el gobierno no había contado los votos en la mañana, porque no nos habrían apurado de la manera que nos apuraron si hubieran contado los votos en el Senado. Entiendo que había dos senadores oficialistas que no estaban, no sé si por ausencia de licencia o por viaje al extranjero, y además había otros dos senadores que no estaban de acuerdo con cómo se estaba haciendo la compensación”. “La Moneda, se entera de eso en la mañana o se entera de eso el día antes, no iniciada la sesión (las dudas de senadores oficialistas). Y por eso el senador Macaya tuvo que pedir que no se votara ayer, que se hiciera una segunda discusión para esperar que llegaran los dos senadores que no estaban y para convencer o conversar con los senadores que estaban en contra”.
Es que el mecanismo aprobado causó ruido entre las propias filas oficialistas y para qué decir en la oposición. Porque, además, de destinar más dineros públicos de la Ley de Presupuesto de la Nación a las municipalidades con mayores recursos, terminaba premiando a ciertos alcaldes, que, a juicio de algunos legisladores, “han sido irresponsables y han despilfarrado sus recursos municipales en medidas de dudosa utilidad pública”. El argumento del senador Sanhueza (UDI) para oponerse fue el despilfarro de algunos jefes comunales, por lo que exigió tener “controles necesarios” para una “nueva administración de los municipios”, si no, no daba su voto.
Un ministro complicado
La actuación del ministro Quiroz en todo este teatro de operaciones reveló, una vez más, quién es este secretario de Estado. Y se comprende entonces la relación con las acusaciones en su contra que parecen resbalarle. Su nombre quedó fuertemente asociado a dos de los mayores escándalos empresariales del país. En el caso de la colusión de los pollos, su consultora elaboró el modelo económico que permitió a las principales empresas avícolas repartirse el mercado mediante cuotas de producción, esquema que posteriormente fue sancionado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Y en el caso de las farmacias Quiroz asumió la defensa técnica de Salcobrand y negó públicamente la existencia de un acuerdo anticompetitivo. Pero, las conclusiones judiciales acreditaron la colusión entre las principales cadenas del rubro. Así quedó para siempre su imagen como un economista alineado con la defensa de grandes intereses empresariales.
Hasta ahora, el ministro es de los que nunca pierde. Esta vez tampoco fue la ocasión de flexibilizar su posición. Por el contrario, sonriente, sigue confrontando a la oposición, en otra muestra de su inexperiencia política. Cuando se le consultó por las críticas de los alcaldes, se limitó a responder que, si ellos preferían no ser compensados, «no se compensan».
La desesperación del ministro de Hacienda por aprobar lo antes posible la megarreforma del gobierno se vio coronada con éxito en la Cámara de Diputados donde las derechas y el Partido de la Gente tienen mayoría. El trámite finalizó con la aprobación de prácticamente todo el proyecto, dejando solo uno de los artículos para que sea corregido en una comisión mixta. Ese es el artículo de la discordia. Y eso obviamente que ofuscó al soberbio secretario de Estado.
Lo lamentable es que el 23 de abril de 2026, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jorge Quiroz reconoció que “no hay ninguna garantía de que se vaya a contratar más gente” y que “el proyecto no puede garantizar nada”. Al mismo tiempo, las propias proyecciones fiscales mostraban que las rebajas tributarias producirían pérdidas netas para el Fisco al menos hasta 2031, déficit que el ministro dijo que sería compensado mediante recortes de gasto. Y no responde las preguntas de los opositores cuando le consultan dónde va a recortar el gasto, ¿En Educación, en Salud, en Vivienda?
Mientras el proyecto no se despache a ley, no podrán vetar las dos normas que tiene Quiroz en mente para vetar: la prohibición del cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y el olvido financiero. Tampoco podrá el Tribunal Constitucional revisar las normas impugnadas por la oposición.
