El Colegio de Periodistas de Chile manifestó su profunda preocupación ante la votación en sala del Senado del proyecto de ley denominado por sus impulsores como “antifiltraciones”, iniciativa que continúa representando una seria amenaza para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
“Si bien durante la discusión legislativa se introdujeron modificaciones respecto de algunas disposiciones originalmente cuestionadas, persiste un aspecto particularmente grave: la incorporación de un nuevo artículo 161-C al Código Penal que sanciona la entrega, divulgación o difusión de antecedentes de investigaciones penales. Esta disposición establece penas privativas de libertad y multas para quienes informen o difundan antecedentes de una investigación, incluso cuando dichos antecedentes puedan revestir un evidente interés público”, señalan
A juicio del Colegio de Periodistas de Chile, esta norma genera un efecto inhibitorio sobre el ejercicio del periodismo de investigación y abre la puerta a prácticas de censura y autocensura incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión. La amenaza de sanciones penales no solo afecta a las fuentes de información, sino que también impacta directamente en la posibilidad de que periodistas y medios de comunicación cumplan su función de fiscalización social y control democrático.
La experiencia nacional demuestra que numerosas investigaciones periodísticas que han permitido revelar hechos de corrupción, abusos de poder, irregularidades institucionales y conductas contrarias al interés público se sustentaron en antecedentes provenientes de investigaciones judiciales o administrativas. Casos como el denominado Caso Audios, los fraudes en el Ejército y diversas investigaciones sobre corrupción pública difícilmente habrían sido conocidos por la ciudadanía bajo un marco legal que castigue penalmente la circulación de información relevante para el debate público.
Informar sobre asuntos de interés público no puede transformarse en un delito. La democracia requiere transparencia, rendición de cuentas y una prensa libre capaz de investigar y publicar información relevante para la ciudadanía.
Por ello, reiteramos nuestro llamado a las y los senadores a rechazar cualquier disposición que establezca sanciones penales por la difusión de información de interés público y a no aprobar esta iniciativa mientras mantenga normas que vulneren la libertad de prensa y el derecho a la información, principios esenciales en toda sociedad democrática.
El Colegio de Periodistas de Chile continuará participando activamente en este debate legislativo y promoviendo todas las acciones necesarias para resguardar el ejercicio libre e independiente del periodismo, elemento indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales.
