El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) repudió los crímenes que fueron descubiertos en las últimas horas en la Región Metropolitana y que por sus características ofrecen indicios de violencia de género y de transfobia. Se trata de los hallazgos de una mujer fallecida dentro de un tambor en la comuna de San Ramón, y de una persona trans arrojada en la vía pública en la comuna de Santiago, ésta última con indicios de ser víctima de un apuñalamiento.
“Ambos hechos plantean la urgente necesidad de reforzar las políticas públicas contra la violencia de género y fortalecer la ley antidiscriminación”, señala el comunicado del INDH.
El caso en el cual fue víctima una mujer en San Ramón hace presente que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), en su últimas Observaciones a Chile, mostró su preocupación por “las tasas persistentemente elevadas de violencia de género contra las mujeres”. El Comité CEDAW reiteró una recomendación para acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se encuentra pendiente desde 2016. El Comité también recomendó que se modifique la ley 20.480 que estableció el delito de femicidio, de modo de ampliar su definición y abarcar todos los homicidios motivados por el género, además de intensificar las medidas para prevenirlo, velar para que se investigue, enjuicie y condene a sus autores.
En tanto, la mujer trans apuñalada en Santiago recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado a los estados a determinar si los crímenes en que la víctima es alguien LGBTI sus autores lo perpetraron por su orientación, identidad de género o características, reales o percibidas. De acuerdo con el Informe Violencia contra personas LGBTI en América, que publicó la misma CIDH en 2015, la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 35 años o incluso menos. Aunque los hombres gay de todas las edades son víctimas de violencia, dice la CIDH, la situación se agudiza en el caso de las mujeres.
En el Informe de 2015, la CIDH les plantea una serie de medidas a los poderes del Estado. Al Ejecutivo, entre otras, adoptar políticas públicas comprensivas y de carácter nacional, con plena consulta y participación de personas LGBTI, a fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Al Legislativo, le plantea adoptar una legislación contra los crímenes de odio o por prejuicio, a través de enmiendas a la legislación vigente o la formulación de nuevas leyes para identificar, juzgar y sancionar la violencia por la orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal de las personas.
“Es importante recordar que, en anteriores ocasiones, el INDH ha instado al Ministerio Público a que investigue, identifique y lleve a juicio a los atacantes con la debida diligencia. La violencia de ambos hechos plantea la urgencia de realizar campañas a fin de sensibilizar sobre el respeto de los derechos de todos, en especial de quienes por su género son a menudo víctimas de actos discriminatorios o ven amenazada su integridad”, señala la entidad de derechos humanos.
