La Red de Observadoras en Justicia y Memoria, junto a 82 organizaciones de derechos humanos, entre ellas, agrupaciones de familiares de víctimas y sitios de memoria, elevó una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo internacional solicite información al Estado de Chile sobre el cierre de instituciones y programas de derechos humanos y verificar si estas medidas se ajustan a la normativa internacional vigente y a los estándares interamericanos.
Asimismo, pusieron en conocimiento de la CIDH acerca de los anuncios y lineamientos estatales que podrían alterar de manera sustantiva la continuidad de políticas públicas construidas durante décadas para garantizar verdad, justicia, igualdad y reparación, advirtiendo que constituyen un grave retroceso y pueden comprometer seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Chile, afectando el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición
En esta petición también se refieren a los recortes presupuestarios que amenazan la continuidad del Programa de Derechos Humanos, el programa de salud PRAIS y más de 140 programas sociales, además de la aplicación de indultos pasivos, mediante la omisión deliberada de la actuación judicial estatal, según mencionan -lo que facilita escenarios de impunidad para condenados por crímenes de lesa humanidad-. A ello se suma el debilitamiento de las políticas de memoria, incluyendo la paralización de iniciativas en sitios como Colonia Dignidad.
Con base en el Artículo 41 de de la Convención Americana sobre Derechos Humanos mencionan la urgencia de su requerimiento, reconociendo que muchas de las decisiones adoptadas producirán efectos inmediatos o difícilmente reversibles, afectando capacidades estatales técnicas, continuidad de programas, acceso de víctimas a mecanismos de protección y preservación de políticas esenciales en materia de justicia transicional.
La acción ante la CIDH busca que el organismo verifique si el actuar del Estado chileno se ajusta a la normativa internacional vigente, especialmente en lo relativo a la responsabilidad de garantizar justicia frente a las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales.
Fotografía: Archivo Fortín Mapocho, Biblioteca Nacional.
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