La Bancada de Diputados Socialistas, encabezada por Manuel Monsalve, junto a la ANEF, presidida por Carlos Insunza, solicitaron a la Contraloría un dictamen para que los funcionarios de Gobierno, que despidieron ilegalmente a trabajadores y trabajadoras de la administración pública, asuman responsabilidades administrativas y se les pueda iniciar sumarios.
Acompañando al Jefe de Bancada PS, también concurrieron a la Contraloría las diputadas Socialistas Daniella Cicardini, Jenny Alvarez y los diputados Gastón Saavedra, que preside la Comisión de Trabajo de la Cámara, y el diputado Juan Santana.
En la oportunidad, el diputado Monsalve informó que «en conjunto con los dirigentes nacionales de la ANEF, la Bancada de Diputados Socialistas hemos ingresado a la Contraloría un requerimiento para que dictamine la responsabilidad administrativa de los funcionarios de gobierno, que hoy están despidiendo de manera ilegal a funcionarios público a lo largo de todo Chile. Han habido más de 2 mil despidos del gobierno del Presidente Piñera y esos despidos son absolutamente ilegales, y va en contra de los dictámenes de la propia Contraloría».
«El Contralor sabe que son despidos ilegales, también lo sabe el Presidente Piñera y lo saben los funcionarios públicos y el Parlamento, pero nadie asume la responsabilidad administrativa. Los fallos de la Corte Suprema han establecido un principio, que es el principio de la confianza legítima, que quiere decir que para no renovar contrato se requieren fundamentos de calificaciones y de desempeño. Incluso, el propio Ministro de Hacienda ha ratificado esos criterios en el marco de la negociación y en acuerdo con el sector público», dijo Monsalve.
“De manera que el gobierno no ha respetado los dictámenes de la Contraloría, ni los fallos de la Corte Suprema, ni la propia palabra del Presidente de la República que estaba presente en la circular 21. De manera que los funcionarios públicos despedidos recurrirán a la Contraloría y a los tribunales y van a ganar y serán reincorporados y sus salarios deberán ser pagados de manera retroactiva. ¿Pero quién se responsabiliza de esa decisión ilegal? ¿El Subsecretario?, ¿El Intendente? ¿El Gobernador? o ¿El Seremi? A ninguno le pasa nada. Sin embargo, con nuestros recursos se van a pagar las decisiones ilegales del gobierno», agregó el diputado.
Por lo tanto, añadió Monsalve, se le pedirá a la Contraloría que emita un dictamen para que esas personas del gobierno, sabiendo que toman decisiones ilegales, asuman responsabilidades administrativas y se les pueda iniciar sumarios.
El Jefe de Bancada PS, además informó que los diputados Socialistas, tanto en la Comisión de Hacienda, como en la Sala, votarán en contra del proyecto de reajuste presentado por el Gobierno. “Si bien se llegó a un acuerdo de un 3.5 por ciento de reajuste, este implicaba la circular 21, firmada por el Ministro de Hacienda. Es decir, fue parte de ese acuerdo. Eso quiere decir que el Presidente de la República no cumplió su palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar un acuerdo que fue traicionado por el propio gobierno».
Por su parte, el presidente de la ANEF, Carlos Insunza, planteó que la responsabilidad administrativa de los funcionarios de gobierno que están despidiendo a los trabajadores en forma ilegal, deben ser sujeto de sumarios administrativos instruidos por la Contraloría. Esperamos que la Contraloría unifique un criterio y se de cuenta de esta grave irresponsabilidad».
Respecto del acuerdo al que habían llegado con el Gobierno, sobre reajuste del sector público, Insunza sostuvo que «existe un flagrante incumplimiento de su parte alcanzado hace un par de semanas. Porque las materias económicas eran solo parte de ese acuerdo y los componentes de protección laboral eran centrales. Por lo tanto, esperamos que la Cámara y el Senado tengan en cuanta exigirle al gobierno el pleno cumplimiento de la palabra empeñada, que garanticen que los despidos se reviertan y garanticen que no se repitan».
