Trabajador Social
La teoría política liberal contemporánea ha construido un fetiche en torno a los conceptos de estabilidad, gobernanza y consenso procedimental. Bajo esta narrativa dominante, el conflicto social es sistemáticamente caracterizado como una anomalía, un residuo de irracionalidad o una patología que atenta contra el correcto funcionamiento de las instituciones representativas. Esta pretensión de pacificación absoluta de la esfera pública esconde, en realidad, un dispositivo biopolítico de dominación destinado a perpetuar lo que de Sousa Santos denomina la minoría de edad política. El sistema representativo y tecnocrático evita de manera deliberada que las grandes mayorías se enfrenten a la complejidad inherente y a la responsabilidad ontológica de la toma de decisiones, reduciendo la ciudadanía a una función pasiva de consumo identitario y delegación electoral.
Frente a esta parálisis inducida por las élites, el presente artículo tiene como objetivo analizar cómo la conflictividad popular opera como el catalizador epistemológico y material indispensable para la construcción de una subjetividad soberana de abajo hacia arriba. Lejos de construir un arrebato de ceguera social, se argumenta que el conflicto representa el estado de mayor lucidez de una clase social. Es en el choque directo contra el aparato estatal donde los sectores subalternos se ven forzados a quebrar la tutela burocrática mediante la producción de una contraexperticia técnica, jurídica y organizativa. A través de una analogía orgánica, se propone comprender la conflictividad no como una enfermedad del cuerpo político, sino como su metabolismo vital, y la nueva institucionalidad popular no como un orden estático de quietud, sino como una homeostasis dinámica de tensiones. En última instancia, reclamar el derecho al conflicto es la afirmación radical del derecho de los pueblos a existir como sujetos históricos y no como meros objetos de administración.
La minoría de edad política y la emergencia de la contra-experticia
La exclusión de las mayorías del núcleo de las decisiones estatales se ha sofisticado mediante el uso del discurso tecnocrático. Al revestir la economía, la planificación territorial y el derecho de un lenguaje deliberadamente críptico y pseudocientífico, las clases dominantes expropian la agencia del demos. Se instala así una minoría de edad civil donde el ciudadano común es considerado incapaz de comprender las variables macroestructurales del Estado. Como sostiene de Sousa Santos, las instituciones contemporáneas operan bajo una lógica que inmuniza el poder de la deliberación popular, encapsulando las decisiones fundamentales en agencias de expertos impersonales.
La ruptura de esta condición de tutela no se produce mediante la iluminación teórica abstracta, sino en la urgencia del conflicto material. Cuando un territorio es amenazado por el extractivismo, o cuando las condiciones básicas de reproducción de la vida son agredidas por el capital, los sectores populares experimentan una necesidad epistémica de supervivencia. El conflicto funciona aquí como una escuela de alfabetización política acelerada. A nivel internacional, las ultraderechas contemporáneas han sofisticado esta minoría de edad mediante una aparente paradoja, vociferan contra la tecnocracia liberal, pero al gobernar instauran un tutelaje aún más cerrado. Lo observamos en los decretos de desregulación masiva de Javier Milei en Argentina o en el desprecio de Donald Trump por los consensos científicos y climáticos, estrategias que aíslan la toma de decisiones en núcleos ideológicos impermeables al debate. En Chile, bajo la administración de Kast, está dinámica adquiere un cariz institucional y punitivo. El Ejecutivo ha desplazado la discusión democrática de las reformas estructurales hacia comisiones cerradas de expertos afines y ministerios hiper-centralizados, como el de Seguridad Pública. Frente a proyectos gubernamentales que buscan la flexibilización ambiental exprés para favorecer megaproyectos o la privatización encubierta de la seguridad en los barrios, los movimientos populares chilenos se ven empujados a romper esta nueva infancia cívica. Los sujetos subalternos, para articular una resistencia efectiva, se ven obligados a construir lo que en la sociología de la acción colectiva se conoce como contra-experticia, capaz de impugnar y desarmar los andamiajes de los decretos gubernamentales y reapropiarse del lenguaje del derecho administrativo.
Para desafiar las decisiones estatales, los movimientos populares deben desarmar el monopolio del saber técnico de las élites. El movimiento popular debe aprender a decodificar el andamiaje del derecho administrativo, los tratados internacionales y las leyes ambientales. “El derecho no es solo un instrumento de dominación, sino un territorio en disputa, los oprimidos deben desarrollar una legalidad cosmopolita y subalterna para utilizar las propias leyes del Estado como herramientas de resistencia. De Sousa Santos.
Por consiguiente, el conflicto no obedece a un impulso irracional o emocional. Es un acto de profunda racionalidad cognitiva, es el momento exacto en que la clase social adquiere la lucidez necesaria para comprender los mecanismo técnicos de su propia opresión y, simultáneamente, las destrezas operativas para combatirlos.
La contradicción estatal y la dialéctica del “Nosotros”
En el capitalismo tardío, el sistema ofrece una ilusión de identidad a través de la pasividad del consumo y el reconocimiento multicultural cosmético. Las identidades construidas en los márgenes del mercado son inofensivas para el poder porque se basan en la atomización de los sujetos, quienes se reconocen mutuamente en tanto consumidores de marcas, estéticas o nichos culturales. Esta forma de reconocimiento pacífico disuelve la solidaridad y fragmenta las demandas de transformación estructural. Las corrientes globales de la nueva derecha han comprendido este vacío y lo explotan mediante la “guerra cultural”. Siguiendo el modelo iliberal de Viktor Orbán en Hungría o los postulados de Vox en España, estas fuerzas sustituyen las demandas de justicia material por una nacionalismo moralizante y excluyente. En el Chile de Kast, este dispositivo se expresa en la promoción gubernamental de un “chovinismo del bienestar” y una identidad nacional homogeneizada que criminaliza la diferencia. Su agenda promueve activamente un “nosotros” artificial, cimentado en el miedo al migrante, la desconfianza hacia las diversidades y la subordinación de la vida social al orden policial.
Frente a este simulacro de cohesión fundado en la delación y el repliegue privado, la verdadera identidad plebeya es esencialmente política y dialéctica, no preexiste al rozamiento social, sino que se forja en el proceso de contradicción con el aparato estatal. El Estado no es un árbitro neutral, sino la cristalización de unas relaciones de poder que protegen el estatus quo. Cuando los sectores populares se movilizan, chocan inevitablemente contra los límites legales, burocráticos y represivos de este aparato. Es precisamente en ese punto de fricción donde la fragmentación original de las masas se unifica.
Esta dinámica se logra explicar, comprendiendo que el lazo socio-comunitario de los oprimidos no surge de una comunión idílica, sino de la praxis común de la resistencia frente a una fuerza opresora compartida. Al enfrentar de manera colectiva la hostilidad de la institucionalidad hegemónica, los sujetos se despojan de su individualidad alienada para constituir un nosotros.
Este “nosotros” proporciona el tejido afectivo y organizativo indispensable para que exista una red de poder soberano que fluya de abajo hacia arriba. No es un consenso pasivo, es una cohesión orgánica nacida de la trinchera que arrebata la soberanía delegada al Estado y la devuelve al territorio común.
La conflictividad como metabolismo y la homeostasis institucional
Para capturar la dimensión vital e indispensable del conflicto dentro de la teoría política emancipatoria, es imperativo recurrir a la metáfora biológica. En los organismos vivos, el metabolismo es el flujo constante de transformaciones químicas y energéticas que sustentan la existencia. La vida no es ausencia de actividad o quietud, al contrario, un cuerpo que no reacciona ante un agente patógeno, que es incapaz de generar una respuesta inflamatoria ante una agresión o que no produce anticuerpos, es un cuerpo biológicamente muerto o en estado de parálisis irreversible.
Las agendas de la ultraderecha global apuntan precisamente a inducir este estado de muerte clínica en el tejido social. El modelo de control total y encarcelamiento de Nayib Bukele en El Salvador es aplaudido internacionalmente por las derechas reaccionarias porque representa el paroxismo de la “pax mortuoria”, la erradicación de toda disidencia bajo la promesa de una seguridad absoluta. A escala local, el gobierno de Kast persigue el mismo ideal anestésico mediante la normalización e instauración permanente de los Estados de Excepción, el uso político de la prisión preventiva contra dirigentes sociales y la penalización rigurosa de la movilización callejera. Al tipificar el disenso y la huelga como actos de sabotaje al orden nacional, el Estado chileno busca extirpar el metabolismo vital de la sociedad.
Trasladado al tejido de las sociedades, una comunidad desprovista de conflictos no representa el ideal de una civilización armónica, sino el triunfo de una sociedad que ha sido profundamente anestesiada por la burocracia de las élites. La “paz social” que promueve el constitucionalismo liberal es la neutralización de las potencias críticas del pueblo, es la inmovilidad de los sujetos reducidos a meros objetos de administración y ordenamiento estadístico.
Por lo tanto, una nueva institucionalidad popular de carácter democrático y emancipatorio no debe perseguir la “estabilidad” entendida como parálisis o ausencia de tensiones. El objetivo histórico de los procesos populares debe ser la homeostasis social. En la biología, la homeostasis no denota un estado de reposo absoluto, sino un equilibrio dinámico y cambiante. Es un sistema de autorregulación donde el organismo se reajusta de forma continua a través de respuestas enérgicas y tensiones internas frente a las modificaciones del entorno para preservar su integridad vital.
La institucionalidad popular de abajo hacia arriba asume que el conflicto es el pulso normal de la política viva. Las asambleas comunales, los procesos deliberativos masivos, las huelgas y las movilizaciones no son fallas de la maquinaria social, sino los mecanismos metabólicos mediante los cuales el cuerpo social regula los excedentes del poder, impide la fosilización oligárquica de sus dirigentes y redistribuye la capacidad soberana de decisión.
El derecho al conflicto como derecho a la existencia
La reducción de la política a una técnica de gestión del consenso procedimental constituye una de las estrategias de dominación más efectivas de la modernidad capitalista, orientada a fijar perpetuamente a las clases populares en una infancia cívica y cognitiva. El análisis desarrollado a lo largo de este artículo demuestra que la conflictividad no es un elemento destructivo, sino la condición de posibilidad ontológica para la emancipación de los de abajo. Al forzar la construcción de una contra-experticia colectiva, el conflicto disipa la bruma ideológica de la tecnocracia y eleva la conciencia de la clase subalterna a su estado de mayor lucidez histórica. Frente al diseño transnacional de las ultraderechas que buscan codificar a las sociedades como meros agregados de consumidores disciplinados o usuarios bajo vigilancia militar, e ignorando la tutela impuesta en Chile por la administración de Kast, la irrupción del conflicto es la afirmación rotunda de la vida y de la soberanía popular.
Reclamar el derecho al conflicto es, en su raíz más profunda, reclamar el derecho a la existencia política. Frente a un aparato de control que busca codificar a las sociedades como meros agregados de consumidores, votantes atomizados o usuarios administrados, la irrupción del conflicto es la afirmación rotunda de la vida y de la soberanía popular. Es el acto constituyente mediante el cual los sectores populares dejan de habitar la historia como objetos moldeados por las decisiones ajenas y se erigen, por derecho propio, en los sujetos soberanos e inventores de su propia historia.
