Ex Seremi de Educación Región del Biobío
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ha abierto un debate que va mucho más allá de las cifras. En educación, detrás de cada partida presupuestaria existen políticas públicas concretas y, sobre todo, estudiantes y familias que reciben o dejan de recibir determinados apoyos.
Uno de los casos que más atención ha generado es la eliminación del financiamiento explícito para las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb, programa conocido durante buena parte de su historia como “Yo elijo mi PC”. La iniciativa, vigente desde 2009, permitió durante 17 años que miles de estudiantes accedieran a un computador y herramientas de conectividad para apoyar su trayectoria escolar. En 2026 dispuso de aproximadamente $35 mil millones y alcanzó a más de 96 mil estudiantes.
El Gobierno ha fundamentado la decisión señalando que el programa no habría demostrado el impacto esperado sobre los aprendizajes y que los recursos serían destinados a otras prioridades educacionales. Esa explicación merece ser considerada seriamente: las políticas públicas deben evaluarse y los recursos fiscales deben utilizarse con criterios de eficacia. Pero evaluar una política pública no puede significar mirar exclusivamente un indicador.
Un computador no enseña por sí mismo. Tampoco reemplaza a un profesor, una escuela ni una política de acompañamiento pedagógico. Sin embargo, reducir el acceso a tecnología a su eventual efecto directo sobre las notas o los resultados de aprendizaje es insuficiente. El computador constituye también una herramienta de acceso a información, realización de tareas, comunicación, participación en entornos digitales y desarrollo de competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad contemporánea.
No solo debemos preguntarnos cuánto mejora el aprendizaje un computador entregado a un estudiante. También debemos preguntarnos qué ocurre cuando ese estudiante no tiene computador en su hogar.
La brecha digital no desapareció porque terminó la emergencia sanitaria. Para muchas familias, particularmente aquellas de menores ingresos, disponer de un computador propio sigue siendo una diferencia concreta en las oportunidades educativas. La propia Ley de Presupuestos 2026 establecía criterios de focalización asociados a vulnerabilidad y, para estudiantes de establecimientos públicos, contemplaba la universalidad de la entrega dentro del grupo definido por la política.
Por eso, si el programa presentaba problemas de diseño, debía mejorarse; si tenía problemas de implementación, debían corregirse; si existían mecanismos de entrega que podían hacerse más eficientes, debían perfeccionarse. Y si la evidencia mostraba que el computador, por sí solo, no producía los resultados esperados, correspondía complementar el programa con acompañamiento pedagógico y formación digital.
Este debate adquiere todavía mayor importancia cuando se observa el conjunto de la partida de Educación. El proyecto contempla un crecimiento real de 0,78% para el Ministerio de Educación, mientras el presupuesto de Junaeb disminuiría 2,76% y las becas y programas de asistencia estudiantil tendrían una reducción real de 6,22%. También se contemplan modificaciones importantes en otras líneas de política educativa.
Por eso, más que discutir solamente si existe o no un computador dentro de una partida presupuestaria, debemos discutir qué concepción de educación pública queremos sostener.
La educación del siglo XXI exige infraestructura, profesores, alimentación, convivencia, apoyo a las trayectorias educativas, acceso a la cultura y también acceso a la tecnología. La inclusión digital no puede convertirse en un lujo reservado para quienes pueden comprar un computador en el mercado.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de discutir estas decisiones con información suficiente, evaluando los resultados de los programas, pero también sus efectos distributivos y territoriales. Porque un presupuesto no es únicamente una planilla de ingresos y gastos: es una definición de prioridades. Y cuando una de esas prioridades significa que un estudiante vulnerable deja de recibir una herramienta que podía acompañarlo durante su trayectoria escolar, la discusión merece algo más que una cifra en cero.
Merece una discusión sobre igualdad de oportunidades, sobre educación pública y sobre el país que queremos construir. Nuestro país necesita una educación pública capaz de mirar hacia el futuro, no una educación pública obligada permanentemente a administrar carencias. Porque cuando el Estado entrega un computador a un niño que no podía tenerlo, no está simplemente entregando un aparato. Está diciendo algo mucho más profundo: que el lugar donde nace un estudiante no debería determinar las herramientas con las que enfrenta su futuro. Y esa es una idea que la educación pública no debería abandonar.
