Vocero LGBTIQA+ del Partido Socialista de Chile.
El 22 de agosto de 1984 murió en el Hospital Clínico de la Universidad Católica Edmundo Rodríguez, profesor de castellano y hombre homosexual. Fue la primera persona diagnosticada con VIH en Chile. Al día siguiente, la prensa tituló: “Murió paciente del cáncer gay”. Ese encabezado no solo informaba de un fallecimiento, sino que reforzaba un estigma: asociar el virus a la homosexualidad, reducir una enfermedad global a una caricatura discriminatoria.
Esa portada es parte de nuestra memoria. Nos recuerda cómo el miedo y la desinformación se mezclaron con prejuicios morales para marginar a quienes vivían con VIH. Cuarenta años después, aunque la ciencia ha transformado al virus en una condición crónica controlable, la discriminación sigue siendo una barrera tan peligrosa como la propia enfermedad.
Chile ha recorrido un largo camino. La muerte de Daniel Zamudio en 2012 marcó otro punto de inflexión. La brutalidad de su asesinato obligó al Estado a reaccionar con la llamada Ley Zamudio. Sin embargo, la experiencia de más de una década muestra que esa ley ha sido insuficiente: su aplicación es limitada, la agravante penal prácticamente no se acredita en crímenes de odio y, lo más grave, no ha protegido efectivamente a las personas de la violencia y la discriminación.
Hoy esa normativa está en proceso de reforma. En la Comisión Mixta, el Ejecutivo y el Parlamento han avanzado en algunos puntos, como actualizar las categorías protegidas —incluyendo características sexuales— y mantener la posibilidad de indemnización en un mismo juicio. Pero persisten nudos críticos: la negativa de la oposición a modernizar la agravante penal, lo que impide sancionar de manera efectiva los crímenes de odio; la resistencia a reconocer legalmente la discriminación estructural, indirecta e interseccional; y la fragilidad institucional de una División de Igualdad y No Discriminación cuyo liderazgo aún se discute.
En paralelo, los avances sanitarios son evidentes. En 2024 se notificaron 4.327 nuevos diagnósticos de VIH en Chile, la cifra más baja en casi diez años, lejos del peak de 6.948 en 2018. La introducción de la PrEP, el acceso garantizado a terapias antirretrovirales y la simplificación de tratamientos a una tableta diaria han sido decisivos. Pero los desafíos persisten: un tercio de los diagnósticos sigue siendo tardío, la cobertura de la PrEP es aún limitada y el uso constante de preservativos es minoritario.
El contraste es evidente: los logros médicos se enfrentan a la persistencia del estigma. De poco sirve reducir contagios si el miedo y la discriminación alejan a las personas de hacerse el examen. De poco sirve el mejor tratamiento del mundo si en la sala de espera todavía se escucha un susurro cargado de prejuicio.
Por eso, en este 22 de agosto, fecha que nos recuerda a Edmundo Rodríguez y aquel titular infame, debemos mirar estas dos historias como una sola. La del VIH y la de la discriminación son inseparables. La ciencia ha avanzado, pero la dignidad sigue pendiente.
Reformar la Ley Antidiscriminación con una agravante penal eficaz y con el reconocimiento de la discriminación estructural es parte de la misma tarea que ampliar la prevención combinada y fortalecer la educación sexual integral. Se trata, en ambos casos, de garantizar vidas plenas, libres de miedo y de estigma.
Chile ha dado pasos importantes, pero todavía debe saldar una deuda con quienes murieron en silencio en los ochenta, con quienes fueron asesinados por odio, y con quienes hoy siguen enfrentando barreras para vivir con dignidad. La memoria no es solo recuerdo: es exigencia de justicia.
