Analista político y sociólogo.
Se ha iniciado el diálogo entre el gobierno y la oposición por el cambio de fecha de las próximas elecciones. Lo que hay que saber desde el principio es que esta modificación no implica únicamente una alteración del calendario, sino un ajuste del proceso electoral completo. Hemos llegado a un límite de ajustes posibles.
Hay que tomar en consideración que se trata de una segunda modificación del calendario electoral previsto para las elecciones de este año, porque ya se alteró con anterioridad con la realización del plebiscito de abril a octubre, por lo cual los tiempos entre elecciones se habían comprimido notablemente.
Atravesamos por una etapa particularmente dura de la pandemia, de modo que eso justifica asumir medidas extraordinarias, pero no hay una sola manera de encarar la situación. No se trata de optar entre la salud de las personas y el cumplimiento de nuestros deberes cívicos. Podemos hacer ambas cosas, con la las debidas adaptaciones.
El problema con la propuesta de gobierno es que simplifica en extremo las acciones a emprender. El número de medidas a tomar es muy variado e incluye el ajuste de cronograma electoral, velar porque las condiciones de la competencia democrática no se vuelvan desiguales, implementar múltiples ajustes legales, y adoptar medidas complementarias, como el apoyo económico a los ciudadanos en dificultades.
Hagamos lo que hagamos debemos conseguir que se respeten tres condiciones de la buena convivencia entre nosotros: el período presidencial no ha de modificarse ni prorrogarse, la competencia electoral debe verse lo menos alterada posible y no debemos aumentar los problemas existentes superponiendo procesos electorales de este año.
La situación, tal como está ahora, nos permite hacer algunas constataciones. Primero, el cambio de fecha se hace inevitable luego que el gobierno acepta su incapacidad de mantener el proceso ya definido, lo que ya es dado como un hecho por la población. Segundo, esta alteración no deja de producir distorsiones, no se puede “suspender” totalmente la campaña, en la práctica hay beneficiados y perjudicados con el alargue. Tercero, se nos han agotado las posibilidades de adaptar de nuevo las fechas sin modificar los comicios presidenciales. No hay piso para mantener a Piñera en el poder.
No todo peligro proviene de la pandemia, también es un peligro la ausencia de una autoridad legitimada. Se trata de asegurar la salud de las personas y la buena convivencia de la comunidad. No es cosa de optar.
Tras un año largo de convivir con el coronavirus sabemos que su control no tiene fecha definida y que pasamos por ciclos de mayor y menor agudeza de la emergencia sanitaria. No son las elecciones las que aumentan el contagio, sino que es problemático que un punto alto de un ciclo de contagios coincida con los comicios programados. Hemos actuado con prudencia.
Hemos agotado la posibilidad de recurrir a nuevos aplazamientos sin graves consecuencias para el sistema político. El gobierno tendrá que prever más e improvisar menos. Aseguremos de que tome medidas que entreguen certezas.
