Diputado.
Antes de llamar a la paz, y a diferencia de como piensa el Presidente Piñera, quiero destacar el gran número de manifestaciones pacíficas que llenaron las calles de colorido, dando una señal clara de que la gente no bajará los brazos hasta que la dignidad de todas y todos se haga costumbre. Eso ocurrió en todo el país. El cuántos eran y a quiénes representan sólo preocupa a las autoridades de gobierno, quienes a través de cifras pretenden quizás deslegitimar el movimiento social. De forma infructuosa, claro está.
En Arica, como ocurrió en todo Chile, las marchas se desarrollaron de forma tranquila y ordenada, con la alegría de reencontrarse en un escenario pacífico, y con la esperanza de lograr el cambio que todos necesitamos. Pero, de un momento a otro comenzaron de forma simultánea saqueos, incendios y enfrentamientos. En nuestra ciudad, un supermercado completo fue incendiado, y más grave aún, a dos personas que estaban en su interior les fue arrebatada su vida. Muchos vecinos vivieron la amenaza de perder sus casas, y cientos de personas están lamentando la pérdida de su fuente laboral.
Vengan de donde venga, condenamos con toda nuestras fuerzas estos repudiables actos de delincuencia, y llamamos a las autoridades a investigar y establecer las responsabilidades penales.
La destrucción de los bienes públicos, negocios, colegios y hospitales no puede seguir. Esta situación no da para más, pero lamentablemente el gobierno ha sido incapaz de dar señales claras de transformaciones estructurales del sistema que satisfagan la demanda ciudadana. Mientras ello no ocurra, no podemos comenzar a transitar el camino hacia la “nueva normalidad” que buscamos.
Como parlamentario, he insistido en que el Presidente construya acuerdos políticos de corto, mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, en el corto plazo puede y debe reajustar en un 20% las pensiones de nuestros adultos mayores en la Ley de Presupuesto de la Nación del 2020, cuya tramitación en la sala del Congreso comienza el jueves 14 de noviembre y no a través de un nuevo proyecto de ley que aún no ingresa y cuya tramitación será de larga data. En la misma forma, debería reajustarse el sueldo mínimo y aumentar el financiamiento público de la salud con el objetivo único de terminar con las listas de espera. Estas tres medidas podrían despacharse antes del 30 de noviembre si el gobierno quisiera y siempre que las incorpore a la discusión de la ley de presupuesto.
En vez de esto, tenemos un proyecto de seguro catastrófico que ingresa más recursos a clínicas privadas para que hagan el trabajo de los hospitales públicos; un chantaje al congreso para que apruebe un pésimo proyecto de reforma al sistema de pensiones bajo la amenaza de no aplicar el reajuste de forma inmediata; y un subsidio al ingreso mínimo que sólo aumenta el gasto público sin que haya un esfuerzo de las grandes empresas por mejorar su estándar de contratación.
Reformas profundas
A mediano plazo, debemos realizar reformas profundas en el sistema de pensiones, basado en el individualismo y subvención estatal y pasar a uno solidario con responsabilidad social empresarial que no permita la usura de la que todos somos víctimas hoy en día. Y, por cierto, una reforma tributaria que permita recaudar más recursos al Estado cobrando lo que es justo a los super ricos, y menos a aquellos de clase media. Por último, la intervención y cambio de reglas a las Isapres, de tal forma que deban soportar una cuota importante de cobertura social.
Finalmente, a largo plazo, pero en no más de dos años, una Nueva Constitución Política de la República que determine el rayado de cancha entre poderes económicos, el Estado y la ciudadanía, más solidario y menos subsidiario.
El mecanismo para una nueva Constitución debe ser determinado exclusivamente por la ciudadanía y sólo por la ciudadanía que es el poder constituyente originario, a través de un plebiscito y no a través de una imposición del gobierno ni mucho menos de este Congreso Nacional. La decisión de hacerlo a través de un congreso constituyente, una comisión mixta o una asamblea constituyente no puede ser acordado entre cuatro paredes por los mismos personeros políticos de siempre, aquello constituiría un atentado a la democracia que sería juzgado por la historia.
No hay que temer a la ciudadanía. Ellos y ellas se han ganado el derecho de ser protagonistas principales del proceso de transformación social, y lo han hecho en las calles.
