Abogada y fundadora de Justicia Humana
Mientras se mantiene el debate por los escándalos de las licencias médicas, el ahorro fiscal que genera su disminución y el control del sistema, las cifras sobre esta materia también muestran una realidad más profunda que suele pasar desapercibida, pues la principal causa de licencia médica en Chile sigue siendo la salud mental. Sin embargo, detrás de esos números hay personas trabajadoras que sostienen jornadas laborales, tareas de cuidado y en muchos casos, precariedad económica. Una realidad que impacta especialmente a las mujeres.
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) publicó recientemente un informe sobre el comportamiento del sistema de licencias médicas durante el 2025. Si se observan con atención sus cifras, surge un dato difícil de ignorar y es que los trastornos de salud mental continúan siendo el principal motivo de reposo médico en el país. A la vez, el sistema se ha vuelto más estricto y muchas licencias médicas terminan siendo rechazadas. Pero las cifras, por sí solas, no cuentan toda la historia.
Cuando una licencia médica es rechazada, la persona trabajadora enfrenta su enfermedad sin protección de ingresos. En la práctica, esto significa atravesar un problema de salud mientras se mantiene la incertidumbre económica. En ese escenario, las mujeres suelen quedar más expuestas, pues en muchas ocasiones enfrentan mayores niveles de precariedad laboral y una significativa carga de responsabilidades de cuidado.
Es importante recordar que la salud mental no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, en la realidad de muchas mujeres este derecho parece estar permanentemente bajo sospecha. Enfermarse, descansar y recuperar la salud no debería convertirse en una situación que deba justificarse reiteradas veces ante el sistema.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, vale la pena preguntarse: ¿Quién protege a las mujeres trabajadoras cuando su salud mental se deteriora? Un sistema de seguridad social no debería concentrarse sólo en la fiscalización o en el ahorro fiscal, sino también en la protección efectiva de quienes lo necesitan.
