Periodista.
Es normal que un gobierno trate de dejar su impronta al finalizar los días de su mandato. Y más normal es cuando se tiene hitos que le permitan intentar colocar un sello en la historia política y económica de un país.
El problema es que eso hay que respaldarlo con hechos objetivos y a la hora de los quiubos, la historia la definen los crudos hechos, más que las intenciones de un determinado gobierno.
Veamos. Es indudable que los efectos de la pandemia han causado, no solo en Chile, sino en todo el mundo, efectos perniciosos en términos, en primer lugar, sanitarios, con un saldo de muertes que el orbe no conocía hace décadas, además de efectos económicos y sociales.
El tema es cómo los diferentes países pudieron enfrentar esta inédita situación, y además cómo enfrentaron los problemas que, con o sin pandemia, ya tenían sus economías en lo social.
En el caso de Chile, como sabemos, luego de dudas y resistencias, el Ejecutivo llegó bastante tarde con las ayudas estatales, y al final éstas se cruzaron con los retiros de las AFP provocando un descalce entre una fuerte demanda y problemas de oferta que afectaron a todo el mundo, debido a las restricciones logísticas y productivas provocadas por la pandemia.
Esto significó un sustantivo aumento de precios que podría haberse al menos morigerado. No fue así, y hoy tenemos una inflación muy diferente de las que conocíamos en los últimos 20 años, la que llegó a 7,1% en 2021, más del doble de la meta definida por el Banco Central. Y el problema es que ésta tampoco se alineará rápidamente, sino en proceso paulatino que al menos durará todo el primer semestre del presente año. Esto, por sí solo, ya impulsó a la UF a niveles poco conocidos en las últimas décadas, superando los $31.000 en estos días ($31.284 el 9 de febrero).
Esta situación a su vez determinó un también inédito- para los últimos años- aumento de las tasas de interés, con las consiguientes repercusiones en los créditos hipotecarios, que prácticamente se duplicaron respecto de años anteriores, y en el financiamiento general de la economía. El último aumento al 5,5% de la tasa de referencia de la economía, es una amarga constatación y es, en castellano, un fuerte “frenazo” para la economía en los meses venideros.
Pero esto no golpea para todos igual. Ese es uno de los problemas, como se encarga de recordarnos periódicamente la Fundación Sol. El Banco de Chile aumentó en un 71% ganancias en 2021, en plena pandemia, con prácticamente $800 mil millones de pesos de utilidades en el periodo. Como es sabido, las alzas de las tasas de interés permiten a los bancos jugar más con las tasas de captación y de colocación, y por ende aumentar en forma importante sus ganancias. Siempre su negocio ha sido pagar intereses moderados a los depósitos de los ahorrantes y prestar caro a quienes requieren financiamiento.
Estas noticias salen poco en la prensa, y particularmente en la TV, pero la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó hace muy poco que la banca chilena ganó US$4.501 millones en utilidades en 2021, lo que representa un aumento de 189% respecto a 2020. Una de las razones por las cuales se explica este poco presentable resultado en plena pandemia, es que justamente los retiros de las AFP y el IFE hicieron que los chilenos se dedicaran a pagar más deudas bancarias y con ello aumentaran las ganancias de la banca.
Recordemos, a propósito, que 4 millones de chilenos tienen deudas morosas en 2021, indicador que creció el rango de mayores de 70 años, en particular.
Marco Kremerman, investigador de Fundación Sol, en radio USACH, indicó justamente que el alza histórica de la tasa de interés por parte del Banco Central (1.5 puntos de 4 a 5,5%) “es una medida agresiva” porque “a los hogares y empresas pequeñas los créditos les saldrán más costosos que antes (…) Para este y el próximo año se proyecta un crecimiento económico en torno al 2%, el empleo todavía no se recupera y si queremos controlar la inflación debemos tener cuidado con estos aumentos agresivos. Al final los bancos ganan y los pobres terminan pagando la democracia de los más ricos”.
El propio FMI acaba de corregir a la baja el crecimiento de Chile para el presente año, con un 1,9%, a lo cual no ayuda, por cierto, las constantes alzas en las tasas de interés.
Desempleo e informalidad
Pero el Gobierno celebró con bombos y platillos que las cifras de desempleo que bajaron al 7,2% en la última medición- cifras que sí salieron mucho en los medios- indicando que era “una gran noticia”. No obstante, aún falta por recuperar cerca de 600 mil empleos, especialmente de mujeres y jóvenes, y se debe considerar, además, que alrededor de un 30% de la fuerza de trabajo en Chile es informal, es decir, no cuenta con contrato de trabajo ni cotizaciones de salud ni previsión.
Agreguemos que las remuneraciones reales, esas que reflejan el aumento (en este caso caída) de los sueldos, descontada la alta inflación del periodo, vienen cayendo desde hace seis meses, siendo el nivel más bajo desde la medición actualizada que rige desde 2010.
Y esto, que podría citarse como coyuntural, ocurre en medio de un cuadro que como sabemos en Chile no es bueno. La mitad de los trabajadores en Chile recibe menos de $420 líquidos al mes. El salario mínimo sigue en $350.000 y 80% de las pensiones son menores a ese monto, siendo el 40% de la población clasificable como “pobre”, si se consideran los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas.
Recordemos- a propósito de la discusión sobre pensiones- que el 50% de las personas que se pensionaron por vejez en noviembre 2021, y cotizaron por 30 o 35 años, alcanzaron un monto autofinanciado menor a $193.499.
Un cuadro donde el 1% de los más ricos se lleva el 26,5% de los ingresos totales y un 49,6% de la riqueza total del país, como nos recordó también la Fundación Sol.
Ya la Casen 2020 nos mostró un contexto socioeconómico preocupante, donde ricos se hicieron más ricos y pobres…más pobres. Y lo hizo no solo a propósito de la pandemia, porque la encuesta cubre tres años, es decir más allá del periodo de la crisis sanitaria. Asimismo, la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, nos mostró que el 10% más rico de la población captaba un 40,6% de los ingresos en 2019 y al 2020, capta un 42,1% de los ingresos y si consideramos el 20% más rico de la población pasa de captar un 56,9% de los ingresos en 2019, a captar para sí casi un 60% de los ingresos totales (59,3%). En amarga comparación, el 10% más pobre del país, que captaba el 1,4% de los ingresos en 2019, pasa a lograr solo el 1% en 2020. Si miramos el 20% más pobre de los ingresos pasa de lograr un 3,4% a solo un 3,1%. En castellano: ricos más ricos y pobres más pobres.
En nuestro país el 20% más rico de la población recibe, en promedio, 17 veces más ingresos que el 20% más pobre. Por contraste, en los Estados Unidos esta misma relación alcanza a 8,9 veces (la mitad); y en Perú y Corea del Sur a 10,5 y 5,7 veces, respectivamente, como citó el economista Dante Contreras.
Pero el Gobierno, gracias a los votos de la actual oposición, que no reparó en cuestionamientos a la hora de que los chilenos pudieran recibir una mejor pensión, logró sacar la llamada Pensión Garantizada Universal (PGU). Y probablemente lo publicitará debidamente cuando comience su pago en algunos días más.
Lo que se dijo poco es que, primero, la PGU no es universal porque llega al 90% de la población (que cumpla 65 años y tengan una pensión inferior a 630 mil pesos), además que los $185 mil pesos de aumento son un aumento parejo a sectores muy pobres y medios, con lo cual, al reemplazar la pensión solidaria, la mejoría que reciben los más necesitados es de solo 8.900 pesos ($176.096 a $185.000) para un millón 200 personas que están en el pilar solidario. En cambio, quienes, por ejemplo, tienen una pensión de $300.000 recibirán $110.000 adicionales y quienes reciben de pensión $400.000 recibirán $144.000 adicionales.
En otras palabras, es regresiva, como dicen los economistas. “Con los mismos 3.000 millones de dólares se podría avanzar a una Pensión Básica Solidaria cercana a los 240 mil y aumentar la cobertura en régimen al 90%”, en torno a 60 mil pesos promedio, destacó Marco Kremerman, quien a estas alturas debiera ser serio candidato a dirigir políticas públicas en esta materia.
Pobreza y riqueza
También es parte del “legado” el desalentador panorama que acaba de entregar la CEPAL sobre la situación de pobreza en América Latina y por supuesto Chile, donde la pobreza subió al 14,2 en 2020, con un aumento de 3,5 puntos porcentuales, similares al aumento de extrema pobreza que subió al 4,5% de la población (mayor que la Casen 2020, que habló de 4,3%). Y la desigualdad, que venía mejorando, volvió a subir. El coeficiente de Gini, que en 2002 llegaba al 0,51 y había logrado bajar al 0,45 en 2017, es decir al finalizar el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet; y ahora vuelve a subir a 0,46 en 2020 (con un 0,46 promedio en A. Latina), al finalizar el segundo gobierno de Piñera.
En resumen: Un retroceso de por lo menos 12 años de pobreza y de 20 años en desigualdad.
Empero, y son las cosas que molestan, entre 2019 y 2021, el patrimonio de los milmillonarios (más de mil millones de dólares) en siete países de la región aumentó un 14%. La información de Forbes-citada por CEPAL- indica que en 2021 existen en América Latina 104 milmillonarios, con un patrimonio total de 446.600 millones de dólares. Este patrimonio representa aproximadamente el 11% del PIB proyectado para los siete países en los que viven dichos milmillonarios en 2021.
Y es de adivinar: Los mayores pesos relativos de los superricos se aprecian en Chile, el Brasil y México, en ese orden.
Chile presentó la mayor reducción relativa en la riqueza de los multimillonarios entre 2019 y 2020 (-29%), pero la mayor alza entre 2020 y 2021 (64%), según CEPAL.
Aunque ciertamente Chile aparece con menores indicadores de pobreza respecto a otros países de la región, son estos altos contrastes con quienes más se enriquecen, es decir la desigualdad, los que lo dejan muy mal parado.
“Sin igualdad no habrá desarrollo sostenible, y sin un pacto fiscal que garantice la sostenibilidad financiera de la protección social, no será posible iniciar el camino”, expresó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, trazando la línea de cómo enfrentar la situación.
Una tarea para el flamante nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel, que recientemente reconoció la necesidad de un nuevo “pacto fiscal”, con una reforma tributaria que apunte progresivamente a ir recaudando los 5 puntos adicionales del PIB indicados en el programa del Presidente Boric. Es más, dijo que- de ello- ya 0,7 puntos del PIB ya estarían recaudados con el reciente acuerdo por la PGU, refrendando la necesidad de avanzar responsablemente en transformaciones importantes que hagan llegar el crecimiento a toda la población “y no solo a un sector de ésta”, según indicó en TVN.
Pese a las dudas que pudieran caer sobre la gestión de Marcel, a su favor está haber estado detrás de casi todos los cambios sociales relevantes- y sostenibles en el tiempo- que se han desarrollado en los últimos años: el Plan AUGE, Chile Crece Contigo, la Jornada Escolar Completa, amén de su participación en la “Comisión Marcel”, para el cambio del sistema previsional chileno.
“Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que estos sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región”, advirtió CEPAL al entregar su magro balance.
Si el Presidente Boric logra avanzar en el desafío que implica no sólo enfrentar las consecuencias de la pandemia, sino enfrentando las crecientes desigualdades de la economía chilena, sí podrá hablar de un gran legado al país.
