ex concejal y ex director laboral Banco del Estado.
La imagen de José Antonio Kast junto a Javier Milei sosteniendo una motosierra no es solo una postal política: es la síntesis simbólica del país que podríamos heredar. Un país más dividido, más desigual y con menos capacidades para enfrentar las complejidades de las múltiples transiciones estructurales de nuestra época.
Nos referimos con ello a la crisis climática, transición energética, transición laboral acelerada por la automatización y la inteligencia artificial, transición demográfica, reconfiguración geopolítica, marcada por una áspera disputa entre las superpotencias, entre otras, son materias que requieren de una visión mucho más amplia a la sobreideologización que exhiben estos sectores y que el actual gobierno de Chile ha comenzado a desplegar.
Crecientes desigualdades sociales
Los consiguientes peligros de mayores niveles de conflictividad social como consecuencia de las crecientes desigualdades sociales y económicas, luego de algunas “décadas de oro” del mundo occidental al término de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, se han exacerbado de la mano del capitalismo neoliberal, desde principios de los 80s. El resultado es elocuente: la humanidad vive hoy un estado de incertidumbre estructural en la que el dialogo como resolución de conflictos ha sido reemplazo por la fuerza bruta y el exterminio.
Quizás la manifestación más representativa de lo anterior, sea el genocidio del pueblo palestino perpetrado por el régimen sionista de Israel y el apoyo incondicional de la derecha extrema de nuestro continente a las incursiones militares, que han cobrado la vida de miles de mujeres y niños.
En lo que se refiere a América Latina, la incursión militar de EEUU a Venezuela, al margen de las simpatías con el régimen de Maduro, reabrió para todo el continente latinoamericano la posibilidad de que la soberanía nacional de cualquier Estado sea violentada si es que el actual gobierno de EEUU, al margen de la ley y los tratados internacionales, estime que un determinado gobierno no sea considerado su aliado. Si ello no bastara, el bloqueo a Cuba ha adquirido formas de silencioso exterminio al pueblo cubano.
Atendida la adhesión del actual gobierno encabezado por José Antonio Kast, a la red de gobiernos de ultraderecha en funciones en la región y el mundo, ¿Comprometerá su gobierno los márgenes de autonomía con que el Estado de Chile se ha relacionado con el mundo y particularmente con las grandes potencias en el curso de su historia? Es una pregunta que seguirá abierta hasta el término del actual mandato presidencial.
En lo que toca a la política interna, es cada vez más clara la orientación estratégica de este gobierno en orden a despejarle el camino al gran empresariado y alinear la acción estatal con sus intereses. En lo sustantivo, todo se resume en llenarle los bolsillos al gran empresariado, para que, dependiendo de la cuantía de sus ganancias dejen chorrear algunas migajas a sus trabajadores. Nunca faltará, en todo caso, la excusa para que ni ello sea posible.
En este contexto, el gobierno requiere desmantelar todo rastro del ciclo encabezado por Gabriel Boric, no solo en términos de políticas, sino también en el plano simbólico. Se trata de erosionar ideas solidarias ancladas en políticas universales, precisamente allí donde sigue radicado el eje del conflicto político en el país: la disputa entre la profundización de derechos sociales y la rearticulación del orden neoliberal que hoy se busca reimpulsar.
Ahora bien, que el gobierno no haya logrado copar la agenda pública en su fase de instalación, no implica que haya renunciado a ello. De hecho, luego de muchos desaciertos, inexperiencia y desconocimiento del funcionamiento del Estado, está intentando recuperar la iniciativa política, ahora a través del “Plan de Reconstrucción Nacional”, que no es otra cosa que la presentación formal del proyecto de restauración conservadora.
En ese escenario, se abre todavía un espacio para que la oposición se ordene en torno a tres propósitos estratégicos. El primero es concentrar sus energías en aquellos temas que impactan directamente a las familias trabajadoras y las clases medias, particularmente el costo de la vida, golpeado de manera inmediata por el alza de los combustibles y sus efectos en cadena. El segundo, asumir sin ambigüedades la defensa de las conquistas sociales alcanzadas en las últimas décadas, elementos sobre los cuales no sería entendible que hubiera disputas. Y el tercero, avanzar en la construcción de un proyecto político de país que otorgue sentido y articule politicamente las demandas más sentidas por la población.
Sobre estos tres ejes existe un amplio espacio de convergencia entre las fuerzas progresistas. La experiencia reciente muestra que no hay contradicción entre la defensa de las conquistas democráticas —cívicas, sociales y políticas— alcanzadas tras la derrota de la dictadura, y la aspiración de superar el capitalismo en una perspectiva de más largo plazo, para quienes nos situamos en ese horizonte.
El punto de fondo, entonces, es si los logros parciales alcanzados antes de la eventual consolidación de este nuevo ciclo se articulan con el desafío de nuestra época -cual es superar el prolongado dominio del capitalismo neoliberal- o si, por el contrario, se limitan a introducir mejoras marginales sobre sus expresiones más extremas. Esa tensión no es indefinida: tarde o temprano, la linealidad se rompe y deja al descubierto una fractura. Es precisamente esa fractura la que lleva consigo la necesidad de superar el orden neoliberal, abriendo la posibilidad de avanzar hacia un nuevo horizonte, en el que la construcción de un Estado social se afirme como expresión de más y mejor democracia.
