Ingeniero Civil Eléctrico, U. de Santiago, Ingeniero Comercial, U. Central
Desde la biología, el miedo es una emoción básica de supervivencia frente a un peligro inminente. Ante una amenaza, nuestro cerebro reacciona de tres formas: huimos, luchamos o nos paralizamos. Esta última respuesta, el congelamiento o la parálisis, ocurre para pasar desapercibidos y sobrevivir. Sin embargo, cuando esta quietud ya no sirve y el daño es inevitable, el ser humano cruza un umbral evolutivo y pasa a la acción: a la lucha.
¿Qué tiene que ver la biología con el Chile de hoy? Absolutamente todo.
Si concordamos en que el Estado debería ser el garante de nuestra protección, asegurando derechos sociales como educación, vivienda, salud y trabajo, entonces generar una crisis controlada desde el gobierno para sembrar incertidumbre sobre estos derechos tiene un efecto claro: produce un miedo paralizante. Para la clase trabajadora y para los adultos con responsabilidades familiares y deudas, este congelamiento es profundo. El terror a perder el sustento los inmoviliza. Para los jóvenes, en cambio, el umbral hacia la acción es más corto; la posibilidad de perder lo ganado frente a los años que les quedan por delante hace que el paso a la lucha sea mucho más inminente.
Iniciamos el 2026 con ciertas esperanzas. Las proyecciones de crecimiento del PIB apuntaban a un 2%, el desempleo mostraba tendencia a la baja y las inversiones subían. En marzo, el 65% de la población esperaba una mejora en la economía y la seguridad. Hoy, el escenario se invirtió drásticamente: el 75% de los chilenos vive en la desesperanza, convencidos de que sus condiciones materiales solo empeorarán.
Este no es un fenómeno accidental, sino el resultado de un trabajo sistemático desde el discurso y las decisiones del Ejecutivo. Primero, se instaló la retórica del terror fiscal repitiendo que «estamos en quiebra» y que «la deuda está descontrolada». Luego, vino el golpe al bolsillo de las familias con el «bencinazo», un alza histórica de los combustibles cuyos efectos inflacionarios golpean directamente la mesa de los chilenos.
A esto le sigue un desmantelamiento agresivo de nuestra red de protección social. Vemos disminuciones de presupuesto en la Ley Ricarte Soto, en el programa «Yo elijo mi PC», en la PAES, la gratuidad, Junji y Junaeb, además de recortes a los municipios y gobiernos regionales, acompañados de anuncios de despidos masivos en el Estado. Todo esto ocurre en una economía que se frena y donde un trabajador ya no demora seis meses en encontrar empleo, sino entre 10 y 18 meses. Y como mecanismo de contención, a los escolares, jóvenes y sindicatos que intentan organizarse contra estos recortes se les criminaliza, tratándolos de vándalos o aplicando expulsiones por el solo hecho de ser dirigentes.
Si ponemos todos estos ingredientes en la mente de nuestros compatriotas, el resultado es el terror al futuro. Con un desempleo que ronda el 10% de la fuerza laboral, el que tiene trabajo lo cuida a toda costa; el que tiene gratuidad o un tratamiento médico, hace lo mismo. Pero el precio de cuidar lo poco que queda es soportar el abuso y la explotación en silencio.
Esta dinámica recuerda a la clásica teleserie El Señor de la Querencia: los inquilinos soportaban la crueldad del patrón porque rebelarse significaba quedarse sin casa, sin comida y sin trabajo. El miedo los despojaba de su dignidad y los mantenía sometidos. Hoy, el gobierno parece haber inducido una crisis económica para que el miedo reine, manteniendo así la parálisis social frente a los abusos.
Esta receta no es nueva. Es exactamente lo que se conoce como la «Doctrina del Shock»: generar o aprovechar un desastre económico para inmovilizar a las personas mediante el pánico y, en ese estado de congelamiento, imponer una agenda neoliberal y de retroceso en derechos.
Sin embargo, esta doctrina olvida una lección fundamental de la evolución: el miedo tiene un límite y la curva eventualmente pasa de la parálisis a la lucha.
La pregunta urgente, a tres años y medio de que termine este mandato, es cuándo se cruzará ese umbral. ¿Qué hará el gobierno cuando los ciudadanos, al sentir que ya lo han perdido todo, pasen a la acción? ¿Firmará un decreto de amnistía general para sacar a las Fuerzas Armadas a supuestamente «pacificar» el país?
Estamos transitando por un camino sumamente peligroso. Incluso un presidente de derecha como Sebastián Piñera dudó en avalar la aniquilación del movimiento social en su momento más crítico. Pero José Antonio Kast ha demostrado ser un admirador de los tiempos dictatoriales, lo que levanta el fundado temor de que, ante una desesperanza generalizada y un eventual estallido, utilice la fuerza del Estado para aplastar a la ciudadanía e imponer su modelo.
Presidentes de distinto signo, como Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, tuvieron la ductilidad política de cambiar y adaptar sus agendas ante la contingencia nacional. Por el bien de nuestra democracia, la paz social y la dignidad de los trabajadores, esperemos que aparezca una gota de cordura en el actual mandatario antes de empujar al país a un punto sin retorno.
