periodista y escritora chilena
plan sistemático de exterminio. Secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a miles de personas cuyos cuerpos nunca han sido encontrados
En su extensa carta abierta a la Junta Militar, el 24 de marzo de 1977, el destacado periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh daba cuenta de un balance tristemente célebre: quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados, más de siete mil recursos de habeas corpus rechazados, detenciones que se convirtieron en secuestros, la práctica de la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio.
Su balance fue a un año del golpe en Argentina. Hace algunos días miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a recordar la fecha en su versión número 48 en medio de un ambiente distinto a otros aniversarios. Entonaron canciones, tocaron tambores y agitaron pancartas en las que se insistía “Fueron 30.000”, “Fue genocidio” y “Nunca Más”. Los aires del negacionismo soplaban fuerte desde la Casa Rosada y el ambiente estaba crispado. A esa misma hora, el presidente ultraderechista Javier Milei compartía un video inédito en el que equiparaba el terrorismo de Estado con la violencia de grupos guerrilleros antes del golpe, (“los otros muertos”), reclamaba “la memoria completa” y cuestionaba el número de víctimas de la dictadura. Por si cupiera alguna duda, la vicepresidenta Victoria Villaruel (nieta, hija y sobrina de militares, visitaba con frecuencia a Jorge Rafael Videla cuando estaba en la cárcel), pedía que se pusiera fin a las causas abiertas por delitos de lesa humanidad. Tuiteó: “No fueron 30.000”.
En rigor, el show montado sorprendió a pocos porque tanto el mandatario y como su vicepresidenta llegaron al poder negando la existencia de un plan sistemático de exterminio durante la dictadura, y sólo hablaron de “excesos”, “una guerra, una “versión tuerta de la historia”. Un libreto idéntico al usado por Videla y el almirante Emilio Massera, que no sólo insulta a las familias de las víctimas de los desaparecidos, sino que ofende los nombres y las vidas de los caídos. Al profundo dolor de la pérdida irreparable de nuestros seres queridos -repartidos por toda América Latina- debíamos sumar una estrategia siniestra destinada a negar, o con suerte, minimizar la barbarie desatada, intentar hacer trizas el pacto social del Nunca Más, cuestionar la cifra de los desaparecidos, la legitimidad de las ayudas económicas percibidas por las víctimas y sus familiares y descalificar el enorme trabajo desplegado durante décadas por los organismos de derechos humanos. Porque creen, como dijo Macri, que “los derechos humanos son un curro”.
Ya en junio pasado, el ex presidente acusó al gobierno de Alberto Fernández de utilizar “la tragedia” durante la dictadura “para justificarse por saquear el Estado de distintas maneras”. Mencionó “listados de gente que cobró subsidios que nadie puede justificar”. Como si fuera poco, puso en duda los testimonios de víctimas del terrorismo de Estado. Antes había dicho en una entrevista que no sabía si los desaparecidos “fueron nueve mil o 30 mil.”
El temor de muchos se vio confirmado una semana después del último aniversario cuando el gobierno pasó de las palabras a los hechos y dejó en claro que no se trataría de una guerra meramente verbal o de cifras. Milei decidió congelar el presupuesto en derechos humanos y retirar todo financiamiento a las políticas de memoria, verdad y justicia, poniendo en peligro la conservación de los sitios de memoria, entrabando el desarrollo de los juicios pendientes por delitos de lesa humanidad. Diversos organismos de derechos humanos (dentro y fuera de Argentina) reclamaron “una ley contra el negacionismo” para sancionar a sus funcionarios que “desestimen los crímenes (de la dictadura) y sus víctimas.”
Los comentarios-desde la cima del poder-de Milei, Villaruel y otros me dolieron. Más bien me indignaron. La idea de que tanto esfuerzo fuera aniquilado por decreto o por capricho presidencial me dio vértigo. ¿Quieren la memoria completa? Mi hermana María Cecilia (27, socióloga) y su marido Guillermo Tamburini (32, médico argentino) fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires en la madrugada del 16 de julio de 1976 (cuatro meses después del golpe). Víctimas del Plan Cóndor (las dictaduras de la región se aliaron bajo esta siniestra red de terrorismo de Estado), habían huido de la dictadura chilena a fines del 73. Ambos de profundo compromiso político. Sus cuerpos aún no han sido encontrados, no sabemos cómo ni dónde fueron exterminados. Imposible terminar el rompecabezas porque los autores de su muerte nunca hablaron (dos fueron enjuiciados y condenados). Aunque conozco sus rostros.
Esa es la memoria completa.
El número de 30 mil desaparecidos en Argentina -detrás de cada víctima hay una familia- es ampliamente aceptado por los organismos de derechos humanos. Difícil hablar de una cifra con exactitud cuando la búsqueda de los desaparecidos continúa y aún no se sabe dónde están. La respuesta está pendiente y la herida de las familias y de los pueblos aún sangra. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) habló en su momento, recién terminada la dictadura, de 8 mil 961 casos, pero aclaró que era una cifra abierta por el miedo que había en aquellos años para prestar testimonio. De hecho, el informe del agente chileno Enrique Arancibia Clavel aseguró -en 1978- que sus fuentes en la estructura de inteligencia hablaban de 22 mil muertos y desaparecidos.
Argentina ha sido pionera en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. Durante 40 años en democracia, la sociedad ha sido capaz de atravesar el ojo del huracán y construir una política de defensa y promoción de los derechos humanos que constituye un orgullo para el país y un ejemplo que la comunidad internacional reconoce sin vacilaciones. Al recuperar la democracia, los responsables de esos crímenes de lesa humanidad comenzaron a ser juzgados y, desde entonces, más de mil 200 represores han sido condenados, se han dictado 336 sentencias y 17 juicios orales siguen abiertos, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos del país. No fue fácil: hubo turbulencias, pero se privilegió la cohesión social y el compromiso por la verdad, la memoria y la justicia. Se tuvo la voluntad de recordar y el coraje de saber, pero las heridas aún no cicatrizan. Una lección que los chilenos -tan temerosos del conflicto- debiéramos recoger. Nuestra búsqueda ha sido más solitaria, menos solidaria, con escaso eco de la sociedad. Durante muchos años sentí que la desaparición de mi hermana y mi cuñado era parte de “un drama familiar” y no de país. Sé muy bien que muchas familias han sentido algo similar.
Esa es la memoria completa.
Durante casi siete años de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, se llevó a cabo un plan sistemático de exterminio. Secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a miles de personas cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. En el Juicio a las Juntas, el abogado Julio Strassera dijo que “la represión fue feroz, clandestina y cobarde. Feroz y clandestino es lo que define al terrorismo de Estado. No hay dudas de eso. Ninguna ‘verdad completa’ puede borrar esto.”
No exageraba. Funcionaron más de 700 centros de detención ilegal en todo el país. La Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, fue el centro de detención y tortura más importante. Ubicada en el extremo norte de Buenos Aires, frente al río de La Plata, se calcula que por sus sótanos pasaron cinco mil personas. Unas cuatro mil 500 murieron producto de las torturas o fueron arrojadas vivas al mar. Allí también funcionó una maternidad clandestina donde los bebés eran entregados a sus captores tras el asesinato de sus madres. El ideólogo del régimen, Jorge Rafel Videla, negó-naturalmente- la usurpación de bebés (se calcula que 500 fueron robados), aunque aseguró que “las parturientas eran militantes activas de la maquinaria del terror. Muchas usaron a sus hijos como escudos humanos.” Imperturbable, de pelo engominado, tras seis meses en el poder aseguró que “somos, como no podía ser de otro modo, celosos cultores de los derechos humanos». Su prontuario daba cuenta de su participación en 66 asesinatos y 93 casos de tortura.
Hoy funciona ahí el Museo de la Memoria. Villaruel propuso que se transformara en “una escuela para disfrute de todos”. Como si el museo estorbara, peor aún, como si todo fuera un montaje.
Hay mucho en juego para Argentina, que debe hacer frente a un discurso negacionista, sin matices, coreada por la extrema derecha, acompañada de las redes sociales. Difícil que los jóvenes aquilaten el peso del infierno que fue la dictadura y lo que ha costado construir una democracia. Cargar con 30 mil detenidos desaparecidos, y seguir buscando. Es cierto, hay nietos que siguen apareciendo, pero muchos padres y madres, abuelas y abuelos ya han partido, sin respuesta. Sólo han encontrado la paz que buscaban con la muerte.
Esa es la memoria completa.
