Administrador Público
Neoliberalismo, trabajo y pobreza multidimensional como crisis de la vida colectiva
La crisis chilena contemporánea no puede ser comprendida únicamente como una suma de indicadores económicos, ni como un problema de representación política aislado. Se trata, más bien, de una crisis estructural del rol del Estado bajo el neoliberalismo, que ha erosionado progresivamente la legitimidad democrática al permitir que las lógicas del mercado colonicen la vida colectiva. En este proceso, el trabajo deja de cumplir su función histórica de integración social, la precariedad se normaliza como forma de gobierno y la pobreza multidimensional emerge como una expresión empírica de alienación social.
El neoliberalismo chileno no se caracteriza por la ausencia del Estado, sino por su reprogramación funcional. El Estado no se retira: cambia de rol. Deja de ser garante de derechos universales y se transforma en administrador de accesos, arquitecto institucional de mercados y gestor de riesgos individuales. Salud, educación, pensiones, vivienda y cuidados se organizan como esferas de intercambio, mediadas por capacidad de pago, endeudamiento o focalización extrema. El resultado no es una sociedad sin Estado, sino una sociedad donde el Estado protege reglas, pero no trayectorias de vida.
Esta mutación tiene consecuencias profundas para la democracia. La legitimidad democrática no descansa únicamente en la legalidad de los procedimientos electorales, sino en la capacidad del poder político de organizar la vida colectiva de manera justa, previsible y digna. Cuando esa capacidad se debilita, la democracia puede seguir funcionando formalmente, pero pierde arraigo social. La política deja de ser el espacio donde se construye un mundo común y se convierte en una instancia de administración técnica de una sociedad fragmentada.
Los datos de la Encuesta CASEN 2024 permiten observar con claridad este desplazamiento. Si bien la pobreza por ingresos se ubica en 17,3% de las personas, la pobreza multidimensional alcanza al 17,7%, y la pobreza severa —que combina carencias de ingresos y dimensiones no monetarias— afecta al 6,1% de la población. Esta convergencia de cifras es reveladora: aun cuando los ingresos mejoran, persiste un bloque estructural de carencias que no se explica por dinero, sino por condiciones de vida. La precariedad no es un residuo del sistema; es una de sus formas de funcionamiento.
El núcleo material de esta crisis se encuentra en el mercado del trabajo. En las sociedades industriales clásicas, el trabajo cumplía una función central de integración: ofrecía ingresos, previsión, identidad social y expectativas de futuro. En el Chile neoliberal, esa función se ha debilitado de manera sistemática. El trabajo existe, pero ya no integra. Se trabaja más, bajo mayor incertidumbre, con menor protección y con una carga creciente de responsabilidad individual frente a riesgos estructurales.
CASEN 2024 muestra que la ocupación informal alcanza al 26,6% del total de personas ocupadas. Sin embargo, esta cifra promedio esconde una desigualdad profunda: en los hogares en pobreza extrema, la informalidad se eleva a un 68,5%; en la pobreza no extrema, alcanza el 48,6%; mientras que entre los no pobres desciende al 23,6%. La informalidad no es, por tanto, una elección marginal o una preferencia por flexibilidad: es una condición estructural que se concentra precisamente donde la vulnerabilidad es mayor.
La precariedad se profundiza al observar la seguridad social. Un 24,5% de las personas ocupadas no cotiza en el sistema previsional, y entre los trabajadores dependientes, un 12,36% declara no tener contrato de trabajo. A esto se suma el subempleo por insuficiencia de horas, que afecta al 10,1% del total de ocupados, pero que se dispara al 29,63% en los hogares en pobreza extrema. El mensaje implícito es claro: una parte significativa de la fuerza laboral chilena trabaja sin garantías de estabilidad, previsión ni tiempo suficiente para reproducir su vida material y social.
Desde una lectura inspirada en Karl Marx, esta situación puede entenderse como una forma contemporánea de alienación, no solo respecto del producto del trabajo, sino respecto de la vida misma. El trabajo deja de ser un medio de realización social y se convierte en una actividad orientada a la mera sobrevivencia. Desde Byung-Chul Han, esta precariedad se internaliza como autoexigencia: el individuo se responsabiliza de su fracaso, se autoexplota y gestiona su inseguridad como un problema personal, no político.
Esta transformación del trabajo tiene efectos directos sobre la vida cotidiana y la cohesión social, dimensiones que la pobreza multidimensional permite captar con mayor precisión que la pobreza por ingresos. En la medición CASEN 2024, las dimensiones que más contribuyen al Índice de Pobreza Multidimensional son Redes y cohesión social (28,0%) y Trabajo y seguridad social (24,3%). Es decir, casi la mitad del fenómeno multidimensional se explica por la fragilidad de los vínculos sociales y por la precariedad laboral.
La pobreza multidimensional no describe únicamente hogares con carencias materiales, sino vidas estructuralmente tensionadas: personas que trabajan, pero no cotizan; que tienen ingresos, pero no estabilidad; que cuidan, pero sin apoyo; que viven conectadas digitalmente, pero aisladas socialmente. La alienación, en este sentido, deja de ser una categoría abstracta y se vuelve empíricamente observable. La vida se fragmenta en esferas mercantilizadas, donde cada necesidad debe resolverse individualmente en el mercado o mediante endeudamiento.
Desde la perspectiva de Hannah Arendt, este proceso implica la pérdida del mundo común. Cuando la vida social queda absorbida por la gestión de necesidades, la política se vacía de contenido y se reduce a administración. No desaparece la democracia, pero se vuelve procedimental, desconectada de la experiencia cotidiana de la ciudadanía. La participación electoral puede mantenerse —incluso aumentar bajo voto obligatorio—, pero la adhesión y la confianza se erosionan.
Aquí emerge con fuerza la crisis de legitimidad democrática. Siguiendo a Jürgen Habermas, no se trata de una crisis de legalidad, sino de una crisis de legitimación: el sistema político conserva su forma, pero pierde su capacidad de justificar normativamente sus decisiones frente a una sociedad que no ve traducidas sus necesidades en derechos efectivos. La democracia se experimenta como distante, lenta o irrelevante frente a una vida marcada por urgencias materiales.
La precariedad laboral y la pobreza multidimensional tienen, además, efectos subjetivos y políticos de largo alcance. Una sociedad donde amplios sectores viven bajo incertidumbre permanente desarrolla una fatiga social profunda. El tiempo se vuelve escaso, la planificación se acorta y la deliberación se debilita. En este contexto, se vuelve comprensible —aunque no inevitable— la emergencia de discursos que prometen orden, decisión rápida y simplificación del conflicto. No porque la ciudadanía rechace la democracia en abstracto, sino porque experimenta que la democracia existente no resuelve la reproducción básica de la vida.
El estallido social de 2019 debe leerse, en este marco, no como una anomalía histórica, sino como una advertencia estructural. CASEN 2024 muestra avances reales en reducción de pobreza, pero también confirma la persistencia de un núcleo duro de precariedad multidimensional. Mientras 17,7% de la población continúe viviendo con carencias estructurales en trabajo, seguridad social, redes y cuidados, la legitimidad democrática seguirá siendo frágil, intermitente y vulnerable a la desafección o a la tentación autoritaria.
La salida de esta crisis no pasa exclusivamente por el crecimiento económico ni por la eficiencia administrativa. Requiere una reconfiguración del rol del Estado: desde gestor de mercados hacia garante efectivo de condiciones de vida. Esto implica desmercantilizar mínimos sociales, fortalecer el trabajo decente, reconstruir sistemas de cuidados, asegurar trayectorias laborales protegidas y recomponer redes de integración social. Solo así la democracia puede recuperar densidad, arraigo y sentido.
En definitiva, la crisis chilena es una crisis de vida colectiva. Cuando el mercado organiza la sociedad, el Estado administra sin proteger y el trabajo precariza en lugar de integrar, la democracia sobrevive como forma, pero se vacía como experiencia. CASEN 2024 no solo mide pobreza: mide los límites de un modelo de organización social. Escuchar esos datos no es un ejercicio técnico, sino una exigencia democrática.
