Durante inicios de esta semana Greenpeace realizó una acción directa en protesta para alertar sobre el daño generado en la zona de Quintero-Puchuncaví, la planta termoeléctrica a carbón que ha causado y sigue afectando la salud de miles de chilenos que viven en las zonas de sacrificio. Esta acción busca sensibilizar sobre la necesidad de descarbonizar el país, especialmente con miras a la COP25, la mayor cumbre sobre cambio climático que se desarrollará en Chile.
En ese contexto, Greenpeace destacó el papel “cómplice” que ha tenido el Estado con la norteamericana AES Gener, responsable de las cuatro termoeléctricas que están en Quintero-Puchuncaví, y exigió al gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones.
“La situación es dramática: hay metales pesados en la tierra, plomo en la sangre de los vecinos, derrames de carbón, intoxicaciones masivas, pérdida de biodiversidad y destrucción de recursos marinos. La situación es tan grave que la Corte Suprema ya ha advertido que si vuelven a generar intoxicaciones masivas se deberá generar una evacuación general de la zona. De hecho, hace unas horas la zona ha enfrentado una nueva emergencia ambiental debido a la alta presencia de dióxido de azufre”, alertó Matías Asun, director nacional de Greenpeace en Chile.
En efecto, mientras la Organización Mundial de la Salud señala un máximo de 500 unidades de dióxido de azufre por metro cúbico en un lapso de 10 minutos, la última alerta del gobierno consiga que hubo 1.411 unidades por metro cúbico durante 60 minutos.
La acción de Greenpeace implicó la proyección digital de varias imágenes de 45 por 45 metros pasadas las 5 de la mañana, las cuales mostraron varios mensajes alusivos a la realidad que enfrentan distintas zonas de sacrificio en el país, en especial el área de Quintero-Puchuncaví, con alusiones directas al presidente Piñera para que apure el cierre de las centrales.
En el lugar también estuvieron representantes de la comunidad local, quienes expusieron la compleja situación que viven como vecinos de estas zonas de sacrificio.
“Durante muchos años y de manera sistemática se han vulnerado nuestro derecho constitucional de vivir en un medioambiente libre de contaminación. Lo que sufrimos acá de manera diaria es que estamos siendo envenenados. Suena duro, durísimo, pero es la triste realidad. Se va a cumplir un año desde las masivas intoxicaciones del año pasado y lo que resulta insólito es que todavía no hay ni responsables ni claridad respecto de lo que pasó y qué fue lo que llevó a cientos de nuestros hijos a los hospitales. Lo peor de todo es que esto sigue pasando a diario con índices de contaminación que sobrepasan todas las normas, con derrames de carbón y una calidad vida que no se merece ningún chileno”, dijo Katta Alonso, vocera de la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio y Resistencia de Quintero-Puchuncaví.
De acuerdo con Greenpeace, el plan para el cierre de las termoeléctricas en el país anunciado por el presidente Piñera está lejos de tener un carácter ambicioso. Matías Asun agrega que “en la práctica, lo que hace es alargar la vida de las termoeléctricas hasta el 2050. Es decir, condena a miles de chilenos a seguir siendo envenenados por 30 años más. Si fuera un plan realmente ambicioso, el cierre de las termoeléctricas debiera producirse el 2030 y así aprovechar el enorme potencial de energías renovables que posee Chile”.
