Periodista.
La amenaza de enfrentarse a una derrota rayana en lo escandalosa con el porcentaje que obtenga el APRUEBO en el plebiscito de octubre próximo, tiene a la derecha con temblores en ascenso y empeñada en lograr que la consulta a la ciudadanía de alguna manera se paralice. De ahí que están apareciendo distintas excusas, todas supuestamente con afanes positivos, pero que esconden el objetivo final de evitar el cambio a una Constitución que les acomoda.
Apareció, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán impulsando un proyecto que busca establecer que sólo si se obtiene un 50 por ciento como mínimo de participación electoral se podrá considerar legítimo el resultado del Plebiscito de octubre. Se suma el intento de la UDI de dejar fuera por secretaría a la Convención Constituyente modificándola por un Congreso Constituyente. Además, se le está dando largas a la necesidad de regular el gasto y el financiamiento de la campaña por el plebiscito, porque -según ha trascendido- para la UDI, dicha regulación favorecería el APRUEBO y, de acuerdo a parlamentarios oficialistas que están por esa alternativa, los del “rechazo” no quieren legislar sobre el tema porque no lo necesitan: ellos son los que tienen más recursos económicos. Todo ello sin contar con lo que aparece como la madre o el padre de los pretextos: la pandemia y el peligro de contagio durante el ejercicio del voto.
Los presidentes de los partidos Socialista, PPD y Radical, se pronunciaron, afirmando que es imprescindible establecer un marco regulatorio de los aportes y los gastos para las campañas electorales “que limite la influencia del dinero en la decisión de las ciudadanas y ciudadanos”.
“Exhortamos al Gobierno a cumplir con su deber constitucional de garantizar el correcto desarrollo del plebiscito constituyente, dejando de lado su pasividad en materia de regulación del gasto electoral, para lo cual le llamamos a sumarse a las iniciativas que nuestros parlamentarios y parlamentarias ya han presentado en el Congreso Nacional con el objetivo de: limitar el gasto electoral; establecer un límite a los aportes para partidos políticos y a las campañas; establecer transparencia total respecto del origen de los recursos de la propaganda electoral, especialmente en radio, prensa y redes sociales, para que las y los ciudadanos tengan completa claridad; prohibir el aporte de personas naturales o jurídicas extranjeras, con excepción de los efectuados por extranjeros habilitados legalmente para ejercer en Chile el derecho a sufragio; y prohibir el aporte realizado por personas jurídicas o empresas”.
Una complicación
Más allá de este tema que se tomó la agenda, con pandemia incluida, resulta evidente que para el gobierno se está transformando en un problema de difícil solución. Al punto que incluso hay quienes pusieron en la palestra la necesidad de escuchar al Presidente respecto a su opción en esta oportunidad. Encuestas internas del gobierno, según revelaron expertos en el área, señalan que hoy la diferencia en favor del APRUEBO es abismante. Algo así como 80 versus 20. Los medios de comunicación comenzaron a hacer girar la tómbola ministerial, tratando de adivinar quién está con qué en el gobierno. Y de acuerdo a ello, incluso entre los ministros ganaría el APRUEBO.
Tal vez por eso es que el nuevo Canciller, Andrés Allamand, más parece un ministro del Interior, dando entrevistas a diestra y siniestra para apoyar su opción por el RECHAZO, entregar opiniones sobre el conflicto en la Araucanía y la labor del Congreso. Allamand afirmó que el actual gobierno ha sido castigado por «no haber sido capaz de frenar, en muchos casos, expresiones injustificables de violencia». Y a renglón seguido advirtió: «Vamos a hacer respetar el orden público y, al mismo tiempo, el Gobierno se va a reperfilar siendo capaz de frenar el parlamentarismo de facto».
Olvidando que el gobierno decidió la prescindencia frente al plebiscito, Allamand siguió opinando no precisamente de las relaciones de Chile con el resto del mundo como le correspondería, sino incluso, sumándose a la campaña ya iniciada por Chile Vamos. Dijo que “si la derecha estuviera unida, estaríamos arriba del 40% en el plebiscito”, y confesó una vez más que “estoy resueltamente en favor del Rechazo”. Pero, además, sin poder evitarlo, deslizó un nuevo golpe a su adversario en Renovación nacional, Mario Desbordes, al señalar que hay sectores de la centro derecha que apoyan la opción “Apruebo” en el plebiscito constituyente ya que “se suman al carro ganador”
El hoy Ministro de Defensa, Mario Desbordes, aunque hizo una verónica frente a las declaraciones del Canciller, contestó en su estilo: “Yo mi opinión la di hace mucho rato y planteé cuál era mi posición no porque crea que va a ganar o perder una posición. Uno en estas cosas está por convicción, no porque crea que hay que estar del lado ganador. Esa es la opinión del canciller y yo no voy a emitir ninguna opinión más”. Pero, aseguró que respetará la prescindencia que le solicitó a los miembros del gabinete el Presidente Sebastián Piñera y que por este motivo no entregará declaraciones con mayores detalles sobre su posición frente al referendo. “Eso lo voy a respetar, no voy a hacer campaña por la opción que yo apoyo, no voy a hacer actividades”. Sin embargo, dio su opinión sobre el acto mismo: “espero que el plebiscito salga muy bien, que la gente salga a votar, que resulte la fiesta de la democracia. Esta es una oportunidad única para que los chilenos tengamos una Constitución en democracia, ya sea para que reformemos esta si gana el Rechazo o una nueva si gana el apruebo. Hasta ahí llego en términos de opinión”.
La jugada del gobierno
La última jugada del gobierno y de Chile Vamos, parece ser el último de los intentos por ganar algo en la seguidilla de desastres que han vivido durante la crisis sanitaria, social y económica. El Ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, junto a los diputados de Chile Vamos que son miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara, presentaron una indicación ante dicha instancia para la reducción del número de parlamentarios y el establecimiento de un piso mínimo de votos para ser electo. Es, evidentemente un intento por ganar la voluntad popular, sabiendo que este es un tema anhelado por la ciudadanía.
El proyecto que establece la reducción del número de parlamentarios ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y ahora tiene que ser vista en particular por la Comisión de Constitución. Al tratarse de una indicación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, requiere para su aprobación de 3/5 de los votos.
La oposición la rechazó calificándola de “voladero de luces” y “maniobra comunicacional”. “El gobierno insiste en transformar su ingobernabilidad en una pelea con el Congreso. Si lo que persiguen es reducir el número de parlamentarios, hace meses que presentamos una propuesta de unicameralidad, pero si lo que quieren es volver al binominal, no estamos disponibles”, dijo la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Más o menos lo mismo opinó el presidente de la DC, Fuad Chahin. “La discusión del número de parlamentarios es una maniobra comunicacional. Yo creo que el momento para discutir esto es la discusión en la nueva Constitución. Primero tenemos que discutir qué Congreso queremos, si uno bicameral o unicameral, qué facultades queremos darle, qué distritos queremos y después discutir el número de parlamentarios”. Aunque se mostró abierto a debatir respecto a establecer un piso mínimo para que los parlamentarios sean electos. “Si podemos avanzar hoy en la discusión respecto a perfeccionar el sistema electoral. Creo que es perfectamente posible ponerle umbrales mínimos para poder resultar elegidos desde el punto de vista de la votación a los candidatos, manteniendo la adecuada representatividad del partido que representan”,
Finalmente, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, indicó que “el gobierno y Chile Vamos en vez de estar preocupados de reducir el número de parlamentarios, debieran estar ocupados de garantizar un plebiscito seguro y participativo. Si se reduce el número de parlamentarios eso incide en el número de los convencionales constituyentes en el proceso constitucional en caso que gane el apruebo. Por tanto cambian las reglas del juego”, advirtió.
“El número de parlamentarios debe reflejar la diversidad del país y lo más importante es que el parlamento funcione bien de acuerdo a las necesidades de la gente y lo que vemos hoy con esta propuesta no es más que un acuerdo interno entre el gobierno y su coalición que no refleja realmente las necesidades urgentes de la gente”, concluyó.
No hubo incendios y La Araucanía espera
Aunque lentamente chilenos y chilenas comienzan a gastar su 10 por ciento del retiro de sus fondos de las AFP’s, el gobierno y sus parlamentarios siguen inventando situaciones para no aparecer como perdedores frente a la ciudadanía.
Es que cuando recién se cumplían dos semanas desde que se promulgó la reforma que lo permitiría, casi 7 millones de afiliados ya habían recibido el dinero. Comenzaron a pagarse deudas y a repletarse los supermercados y aunque con justa razón hubo compra de televisores -pese a la iracunda frase de la ministra del Trabajo que esperaba que no se repitiera la imagen de lo que ya había ocurrido en Perú-, lo cierto es que Chile no ardió, como había presupuestado la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Peor aún para ella: la imagen de los fondos de pensiones mejoraron considerablemente; la Bolsa está en alza.
Si hasta el Ministro de Economía, Lucas Palacio, quien en plena discusión de la reforma señaló que “si seguimos perforando la institucionalidad y echamos mano a lo que es de las personas para su vejez, nos vamos a transformar en un país bananero y los países bananeros son pobres, desiguales y con democracias débiles“, debió dar vuelta atrás y esconder sus palabras en un cajón oscuro. Tuvo que reconocer que dicha reforma tiene “un impacto positivo” y “está empezando a reactivar la economía”. De hecho expertos en esta área estiman que el boom de consumo provocado por los fondos dará un empujón de cerca del 3 por ciento al PIB.
Este es el escenario que Chile vive a poco menos de 70 días el plebiscito y faltando 9 días para el inicio de la franja electoral. El tema del financiamiento del plebiscito, sigue siendo un problema que debería ser resuelto en estos días. De hecho, trascendió que fue conversado en la reunión que sostuvo el equipo por el “rechazo” de Chile Vamos, entre los que están los diputados Guillermo Ramírez (UDI), María José Hoffman (UDI) y Cruz-Coke. Fue en esa oportunidad que se habría deslizado que esa legislación favorece al “apruebo”. Y que en realidad la negativa se estaría usando como una forma de presión al ministro de la Segpres a fin de que mantenga una posición dura frente a las peticiones opositoras.
Lo cierto del caso es que pareciera que los tiempos se acaban y hay demasiado retraso para realizar en debida forma el plebiscito. El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, manifestó su preocupación por el hecho de que se entrampara el debate sobre regular el financiamiento, cuando quedan solo dos semanas para que se inicie el período de propaganda. “Estoy preocupado de que no avancemos en el tema del financiamiento, para que sea no solamente una elección segura, participativa, sino que íntegra; para que nadie diga el día de mañana que ganó el dinero”.
