Abogado.
Más del 80% de aprobación ciudadana tiene el proyecto de reforma constitucional que busca que la ciudadanía pueda retirar el 10% de sus fondos de las AFP en medio del estado excepcional de catástrofe en que nos encontramos producto de la pandemia del coronavirus. Pese a los continuos esfuerzos del Presidente y su gabinete político que lo han calificado abiertamente de malo e inoportuno, los cacerolazos ciudadanos y las barricadas populares han servido de telón de fondo a una iniciativa que, de aprobarse completamente, sería histórica.
Es un hecho que luego de su arrolladora aprobación en la Cámara de Diputados, con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, el gobierno de Sebastián Piñera anotó su derrota política más bullada. Los 13 votos disidentes de parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos que le dieron el triunfo a la iniciativa, dejaron entrever la falta de cohesión de la Alianza como bloque gobernante.
A partir de lo anterior surge entonces la pregunta: ¿Qué hará ahora el Gobierno?
Fuimos testigos de cómo después de la votación no se hicieron esperar las recriminaciones entre los ministros del comité político, siendo el más afectado el titular de Interior, Gonzalo Blumel. “La aprobación de esta norma representa una alteración de las reglas de nuestro sistema democrático”, declaró el secretario de Estado al ser cuestionado en su liderazgo.
Pese a sus esfuerzos y aunque el propio Presidente de la República puso gran parte de su capital político en juego para que este proyecto no viera la luz, la estrategia de Blumel no resultó. Al parecer, muchos serán los costos políticos que se cobren por esta diplomacia fallida.
Un claro ejemplo lo ha dado en los últimos días la Unión Demócrata Independiente, cuya Comisión Política decidió pasar al Tribunal Supremo a quienes con su voto hayan contribuido o vayan a contribuir –ahora en el Senado- a la aprobación del proyecto de ley que permita esta Reforma Constitucional. Sin embargo y aun con ultimátum de por medio, ya conocimos la opinión de 5 senadores que se declararon primero en reflexión, y luego derechamente, a favor de la iniciativa de reforma.
Lo significativo de la aprobación de este proyecto de ley no tiene que ver con la unión de la Oposición e independientes en torno a un voto positivo en el Senado, sino que más importante aún, con la derrota que se infringe a un sistema que se nos presentó como invariable e invulnerable, flanqueado por un acorazado como la Constitución del 80’, vetusto y añejo, pero no menos eficiente en el resguardo del sistema económico y político abusivo que nos ha dirigido desde su aprobación en Dictadura.
En la discusión final, la palabra la tienen los senadores UDI Juan Castro, Iván Moreira, José Ossandón, David Sandoval y José Durana. Por lo visto, Arica estará indirectamente en el ojo del huracán.
Esperemos que en esta oportunidad la disciplina de nuestros parlamentarios esté con la Región y su gente y no con los partidos políticos ni las dirigencias que, en el caso particular de la UDI, continúan ancladas a la defensa irrestricta de un sistema que solo ha sembrado desigualdad económica y social, afectando también a su propio electorado.
