Vicepresidenta Nacional de Educación, Juventud Socialista de Chile
El 14 de marzo de 2026 el presidente José Antonio Kast presentó en la región del Biobío el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, una iniciativa que surge tras los incendios forestales de enero y que contempla cuarenta medidas organizadas en cinco ejes: reconstrucción de viviendas, reactivación económica, seguridad, finanzas públicas y cambios institucionales.
Entre sus propuestas se encuentran la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio con una inyección de 400 mil millones de pesos, la eliminación transitoria del IVA a la vivienda y subsidios al empleo.
Sin embargo, entre estas medidas aparece algo que genera profunda preocupación en las y los estudiantes: ajustes a la gratuidad universitaria y el reforzamiento del cobro del CAE.
La pregunta es inevitable para todos, ya que:
¿Qué tiene que ver la reconstrucción tras incendios con limitar el acceso a la educación superior?
El argumento del gobierno del presidente Kast es que estamos en tiempos de crisis (emergencia, según su línea de gobierno) y, por lo tanto, el Estado debe “ajustarse el cinturón”.
Desde esa premisa, se plantea que la emergencia exige ordenar las finanzas públicas, priorizar recursos y revisar políticas que impliquen gasto fiscal.
Pero aquí aparece una contradicción evidente. Cuando el ajuste se traduce en retroceder en derechos sociales conquistados durante los últimos años, el debate deja de ser técnico y pasa a ser profundamente político.
La pregunta entonces no es solo cuánto cuesta reconstruir, sino quién termina pagando.
Aquí hay algo demasiado evidente, ya que se está utilizando una tragedia concreta (los incendios forestales) como argumento para retroceder en avances que permitieron a miles de estudiantes acceder a la educación superior.
Pero hay algo aún más preocupante y eso es el retroceso de derechos sociales que se viste como un gobierno de emergencia, generando políticas públicas que desmontan progresivamente lo avanzado en materia educativa durante los últimos años.
Durante la última década, Chile avanzó en políticas que buscaban garantizar un acceso real a la educación superior,desde el CAE hasta la gratuidad, especialmente para todos los y las estudiantes, sin distinción, porque se logró finalmente comprender que no es un lujo, sino, que es un derecho.
La gratuidad universitaria y las políticas de apoyo estatal no fueron concesiones espontáneas. Fueron el resultado de años de movilización social y debate democrático para ampliar oportunidades.
Lamentablemente, las y los estudiantes frente a esta nueva ley que promueve JAK, les pide pagar la cuenta.
Chile necesita reconstruirse tras los incendios, las familias afectadas requieren apoyo, viviendas y políticas públicas eficaces, pero no a costa de arrebatarle el acceso a estudiar a millones de estudiantes.
La educación superior no es un gasto prescindible ni una simple variable de ajuste fiscal. Es una herramienta de movilidad social y de construcción de futuro para miles de jóvenes.
Porque acá se está utilizando una crisis para justificar retrocesos en derechos educativos, lo que está en juego no es solo una política pública. Está en juego el acceso real de miles de jóvenes a la posibilidad de transformar sus vidas.
Y cuando ese acceso se restringe, la advertencia es clara: la educación está en peligro frente al gobierno de JAK.
