Dos investigaciones periodísticas recientes obligan a volver sobre la crisis de octubre de 2019 sin confundir una revelación con una sentencia. Reportea documentó en octubre de 2026 indicios de presencia de funcionarios de inteligencia de Carabineros en el incendio de la Universidad San Sebastián y dificultades para que la Fiscalía accediera a información reservada. Un mes antes, CIPER identificó, a partir de registros electorales, el financiamiento de una organización del Rechazo que difundió propaganda falsa y engañosa sobre el proyecto constitucional de 2022. Son hechos y controversias distintas; juntos plantean una cuestión de ciencia política: ¿cómo se controla el poder público y privado que interviene en la seguridad de las personas y en la formación de sus decisiones democráticas?
No se trata de reescribir el resultado del plebiscito ni de atribuir a agentes del Estado todos los delitos cometidos durante las protestas. Se trata de preguntar qué se conoció, qué no se investigó suficientemente, quién tenía capacidad de decidir y con qué información llegó la ciudadanía a evaluar las salidas ofrecidas a la crisis. La discusión de 2026 confiere actualidad a una historia de modernización, desigualdad material, desconfianza y conflicto político que venía acumulándose por décadas.
Un país que progresaba mientras aumentaba las preguntas
El 18 de octubre de 2019, las evasiones estudiantiles ante el alza de la tarifa del Metro de Santiago precipitaron una crisis que pronto desbordó el transporte. Las calles reunieron demandas sobre pensiones, salud, salarios, vivienda, educación y trato digno. También hubo ataques, incendios y saqueos, delitos que exigían investigación y protección de las personas afectadas. Pero reducir la totalidad de la movilización a esos hechos no permite explicar las manifestaciones pacíficas, la diversidad de participantes ni las preguntas que la sociedad venía formulando mucho antes.
Chile había disminuido la pobreza, ampliado la escolaridad, recuperado libertades democráticas, extendido la infraestructura y modernizado su administración desde 1990. Esos avances son verificables. La pregunta es por qué convivieron con una desconfianza cada vez más visible hacia los partidos y distintas instituciones. Nuestro argumento es una hipótesis, no un veredicto retrospectivo: hubo una brecha de traducción institucional del malestar social. El aparato público reunía estudios, recibía demandas, elaboraba reformas y establecía controles; sin embargo, en ámbitos significativos, convertir ese conocimiento en decisiones suficientes, oportunas y reconocidas como legítimas resultó difícil.
Esta explicación debe contrastarse con una alternativa indispensable: no todo desacuerdo ciudadano es consecuencia de una falla del Estado. Las prioridades colectivas son diversas; existen límites fiscales, disputas legítimas y reformas que efectivamente mejoraron la vida de las personas. Lo que buscamos establecer es dónde se interrumpió la cadena entre diagnóstico, deliberación, decisión, implementación y reconocimiento social, y cómo se relacionó esa interrupción con octubre de 2019.
Esta investigación añade una pregunta transversal sobre la mediación comunicacional: ¿cómo influyeron los medios, las redes sociales y la difusión organizada de mensajes falsos o engañosos en la manera de reconocer los problemas, juzgar las reformas y decidir electoralmente? No reemplaza las causas materiales del malestar: examina cómo se interpretaron y disputaron públicamente.
El riesgo que permanecía en las familias
La reorganización institucional desarrollada durante la dictadura alteró los sistemas de pensiones, la provisión de servicios, la administración municipal y las políticas urbanas. Los gobiernos democráticos transformaron partes importantes de ese orden; las reformas sociales y la ampliación del gasto público no pueden borrarse del relato. Sin embargo, acceder a una prestación no aseguraba recibir protección suficiente. Una familia podía obtener vivienda propia y continuar pagando con horas de viaje su ubicación periférica; un estudiante podía ingresar a la universidad mediante crédito y comenzar su vida laboral endeudado; una persona podía disponer de cobertura sanitaria y enfrentar esperas que comprometían su ingreso.
La reforma previsional de 2008, con su Pilar Solidario, amplió la protección y constituyó un logro público. Pero las comisiones de 2006 y 2015 documentaron problemas de suficiencia que seguían vinculados con salarios, lagunas de cotización y diferencias de género. Una jubilación insuficiente podía convertirse en obligación económica de hijos y familiares. Así, el riesgo previsional no se agotaba en el pensionado: se repartía dentro del hogar. En abril-junio de 2019, la encuesta CEP registraba las pensiones, la delincuencia y la salud entre las principales prioridades de la población. El malestar no fue descubierto por primera vez después de las evasiones del Metro.
La pregunta distributiva tampoco equivale a afirmar que toda estabilidad macroeconómica perjudicó a los trabajadores. La inflación baja y la estabilidad fiscal también pueden proteger ingresos. Debemos medir qué proporción de los costos de salud, transporte, educación, vejez y cesantía asumieron el Estado, las empresas y las familias. La protección real depende tanto del acceso como de la oportunidad, la calidad y la capacidad económica del hogar para afrontar lo que queda fuera.
Las advertencias estaban escritas
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó Las paradojas de la modernización en 1998; Más sociedad para gobernar el futuro en 2000; El poder: ¿para qué y para quién? en 2004; y La manera de hacer las cosas en 2009. Este último informe cuestionó que los desafíos sociales pudieran resolverse mediante intervenciones unidimensionales, tecnocráticas y verticalistas. Registró, además, que un 74% de las personas encuestadas consideraba que el principal problema para mejorar la calidad de vida no era la falta de ideas, sino su puesta en práctica. No era una predicción del estallido: era una advertencia temprana sobre la distancia entre propuestas y resultados.
La Auditoría a la Democracia del PNUD de 2014 y Los tiempos de la politización de 2015 mostraron que la pregunta ciudadana se había desplazado hacia quién decide, qué puede cambiar y cómo se participa. No se trataba sencillamente de apatía política. La movilización secundaria de 2006 y la universitaria de 2011 transformaron conflictos educacionales en disputas sobre las reglas del sistema; después se sumaron No+AFP, movimientos feministas, ambientales y territoriales. Hubo consejos asesores, gratuidad y nuevas leyes educativas: respuestas reales que, precisamente por existir, permiten preguntar qué demandas fueron acogidas, cuáles quedaron parcialmente resueltas y cuáles encontraron nuevos obstáculos. [4]
La democracia de los acuerdos contribuyó a gobernar una transición condicionada por instituciones heredadas de la dictadura; las reformas constitucionales de 2005 modificaron restricciones relevantes. Pero negociar entre partidos no equivalía necesariamente a que organizaciones territoriales participaran en las decisiones. Mientras algunas nuevas generaciones se alejaban de la inscripción y militancia tradicionales, ampliaban sus medios de acción colectiva. La elección constituyente de 2021 mostraría más tarde una representación significativa de personas sin militancia, aunque ese resultado posterior no puede utilizarse como prueba directa de las causas de 2019.
El dinero, las reglas y una pregunta incómoda: ¿para quién funciona la protección del Estado?
Chile no llegó al estallido sin normas de control ciudadano: aprobó reformas de probidad administrativa, compras públicas, Alta Dirección Pública, acceso a la información y participación ciudadana. Las leyes 19.653, sobre Probidad Administrativa; 19.882, sobre nuevo trato laboral para la administración pública; 19.886, que moderniza el sistema de compras públicas; 20.285, sobre acceso a la información pública y 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública son hitos de una modernización normativa real. Pero publicar una transferencia no implica comprobar el efecto de ese gasto; conocer un contrato no equivale a decidir sus condiciones; ser oído en una consulta no asegura incidencia. Transparencia, fiscalización y participación son capacidades relacionadas, aunque diferentes.
El problema de la influencia económica dejó de ser una pregunta teórica cuando se sucedieron antecedentes de pagos relacionados con Corpesca durante el debate de la Ley de Pesca, investigaciones de financiamiento político y los casos Penta y SQM. Sus desenlaces judiciales fueron diferentes: hay condenas acreditadas, investigaciones que concluyeron sin ellas y controversias sobre decisiones públicas. Mezclarlos sería deformar la evidencia. Pero la secuencia sí planteó una interrogante social: ¿por qué ciertas demandas recorrían durante años comisiones y negociaciones, mientras algunos intereses privados aparecían vinculados a accesos indebidos a representantes? A ello se sumaron las colusiones de farmacias, de los productores de pollos y del papel tissue, conductas sancionadas en el ámbito de la libre competencia que afectaban el precio de bienes cotidianos. En un país donde parte de la protección depende del ingreso familiar, esas prácticas no eran un asunto exclusivamente empresarial: hacían visible la exposición del consumidor frente a la concentración y al abuso.
La desigualdad de influencia no quedó circunscrita al lobby o a las decisiones legislativas. En el ciclo constituyente volvió a manifestarse en la capacidad de financiar anuncios, seleccionar mensajes y disputar interpretaciones de un texto jurídico complejo; el contraste obliga a investigar tanto la transparencia del dinero electoral como la veracidad de los contenidos que ese dinero hizo circular.
Ese cuestionamiento a las reglas desembocó en otro: la desigualdad percibida frente a las consecuencias de la ley. Entre las 81 personas fallecidas en el incendio de la cárcel de San Miguel, en 2010, estaba Bastián Arriagada, condenado a 61 días de presidio efectivo por una infracción a la propiedad intelectual. En 2018, las penas de prisión impuestas a Délano y Lavín en el caso Penta se sustituyeron por libertad vigilada intensiva, junto con multas e inhabilitaciones; las conocidas clases de ética no fueron la totalidad de la sanción. Son delitos, marcos legales y circunstancias judiciales distintos: no permiten demostrar por sí solos una justicia de clases. Pero sus consecuencias hicieron visible una pregunta que no se resuelve citando formalmente la igualdad ante la ley: ¿quién dispone de mejores recursos para defenderse y quién termina expuesto al riesgo material de una cárcel? La pregunta conecta la protección económica con la protección jurídica: la inseguridad puede provenir tanto de lo que el Estado no entrega como de la forma en que ejerce su poder.
Del control del dinero público al control de la fuerza pública
La duda sobre la imparcialidad institucional se volvió más aguda cuando alcanzó a quienes están autorizados para usar la fuerza. Carabineros llegó a octubre de 2019 con una crisis propia: desde 2017 se conoció el fraude de recursos institucionales; la Operación Huracán puso en cuestión la integridad de pruebas y procedimientos de inteligencia; y el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, junto con las irregularidades posteriores, afectó la credibilidad policial. Cada episodio requiere sus responsabilidades y resoluciones particulares. En conjunto, obligan a estudiar algo que va más allá de la reputación: cómo se supervisaba a una institución con potestades excepcionales sobre las personas y cómo respondían sus mandos ante denuncias graves.
La diferencia institucional entre un manifestante y un carabinero es decisiva. El funcionario cuenta con entrenamiento, armamento, potestades legales y una cadena de mando; por eso está obligado a distinguir a quienes ejercen pacíficamente su derecho de reunión de quienes cometen delitos, y a graduar toda intervención conforme a legalidad, necesidad y proporcionalidad. La presencia de actos violentos no suprime los derechos del conjunto de la multitud. Quien ha sido reducido no puede ser golpeado como castigo; quienes marchan pacíficamente conservan el derecho a ser protegidos. El Estado tiene deberes de formación, prevención, supervisión, investigación y reparación, además de las responsabilidades penales individuales que corresponda acreditar.
El 10 de noviembre de 2019, el INDH informó que durante tres semanas había entregado antecedentes a las autoridades de Gobierno y Carabineros y que, pese a ello, las lesiones graves, particularmente oculares, seguían aumentando. Exigió terminar con el uso indiscriminado de escopetas antimotines. Esta es una prueba documental contemporánea especialmente relevante: la autoridad estaba advertida y debía actuar. El informe de Naciones Unidas de diciembre identificó reiteradas fallas policiales al distinguir manifestantes pacíficos y violentos y documentó uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. [9]
En su cohorte de febrero de 2020, el INDH registraba 445 personas con distintos tipos de lesiones oculares. No se trató de 445 pérdidas anatómicas de ojos; fueron centenares de daños a una función humana esencial. La precisión estadística importa, pero el problema institucional es más profundo: ¿qué orden se impartió cuando aumentaron las lesiones?, ¿cuándo se corrigieron los procedimientos?, ¿quién controló su cumplimiento? Esta dimensión muestra la brecha entre advertencia conocida y protección efectiva. No explica por sí sola el origen del estallido, pero puede ayudar a comprender cómo la respuesta estatal agregó motivos de protesta y desconfianza.
Relatos públicos, secreto de inteligencia y evidencia pendiente
A esa crisis se añadió la disputa por su interpretación pública. En los primeros días del estallido, el discurso gubernamental dio un lugar central a la seguridad y el orden: existían incendios, saqueos y agresiones reales que debían investigarse. Sin embargo, la sociedad movilizada también expresaba preocupaciones por pensiones, salarios, salud, corrupción, abusos y trato digno. El periodismo, las encuestas y las redes no transmiten automáticamente una realidad única: seleccionan asuntos, muestran escenas y compiten por explicar responsabilidades. Esa mediación puede amplificar una denuncia legítima o distorsionarla. Para establecer si hubo una estrategia concertada de criminalización se necesitan documentos sobre decisiones y órdenes, no basta observar coincidencias entre discursos y titulares. A la inversa, reducir la discusión a la actuación de grupos violentos ocultaría el deber estatal de proteger la protesta pacífica y de rendir cuentas por sus propios agentes.
Los mecanismos digitales tampoco surgieron de la nada en 2022: se apoyaron en un clima previo de pérdida de credibilidad política, en emociones ya movilizadas y en la facilidad de reproducir interpretaciones muy breves de acontecimientos complejos. Aun así, la amplificación de una consigna no permite imputar automáticamente coordinación delictiva o una dirección centralizada a quienes la comparten.
En octubre de 2026, Reportea publicó nuevos antecedentes sobre el incendio de la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián, ocurrido el 27 de diciembre de 2019. El reportaje examinó videos, testimonios y oficios referidos a dos funcionarios de inteligencia policial, David Gaete y Óscar Cifuentes, identificados por personal de seguridad del establecimiento. La Fiscalía solicitó información sobre sus funciones y ubicación; las respuestas institucionales invocaron la reserva de la Ley de Inteligencia. El medio verificó, además, la existencia de una declaración recibida por la PDI que no aparecía en la carpeta fiscal revisada. El fiscal a cargo manifestó que no reunió antecedentes suficientes para atribuir el inicio del fuego a un agente estatal. En marzo de 2023 se comunicó la decisión de no perseverar, sin acusados.
El problema institucional es particularmente delicado: si determinadas pruebas potencialmente relevantes están protegidas por secreto, ¿qué instancias independientes pueden revisar esa reserva sin frustrar la investigación penal? Esta es una pregunta exigente sobre rendición de cuentas, no una demostración de que los funcionarios provocaron el incendio ni de una orden general para criminalizar el movimiento. La falta de acusados tampoco permite, por sí sola, concluir que existió impunidad deliberadamente asegurada. La explicación de las diligencias faltantes y de la decisión de no recurrir judicialmente contra la reserva sigue mereciendo examen público.
La salida constituyente: el acuerdo político que sí abrió una puerta
La hipótesis de la brecha de traducción institucional sería incompleta si describiera un Estado incapaz de responder. El 15 de noviembre de 2019, fuerzas políticas que hasta entonces estaban enfrentadas suscribieron en el Congreso el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. No firmaron todos los partidos; el Partido Comunista quedó fuera y Gabriel Boric lo firmó personalmente. El acuerdo abrió una vía democrática para tramitar el conflicto, pero no estableció por sí mismo una nueva Constitución. La Ley 21.200, publicada en diciembre, habilitó un plebiscito para decidir si se redactaría una y qué órgano lo haría: una Convención Constitucional elegida íntegramente o una Convención Mixta. El mecanismo no recibió formalmente el nombre de Asamblea Constituyente.
El pacto representa, por tanto, un contraste imprescindible y no una excepción incómoda que deba omitirse. Gobierno y fuerzas parlamentarias lograron habilitar una salida institucional mediante una reforma constitucional, plebiscitos y elección de representantes. Fue una respuesta real, realizada en un contexto de aguda confrontación. Pero operaba en un horizonte diferente al de las obligaciones inmediatas: discutir reglas constitucionales no podía sustituir la atención social ni suspender el deber de evitar daños a quienes se manifestaban. Una democracia debía negociar una salida política y, simultáneamente, garantizar la integridad de las personas bajo la actuación policial.
En octubre de 2020, el 78,31% de los votos válidos respaldó iniciar un nuevo proceso constitucional. La elección de mayo de 2021 permitió una presencia destacada de convencionales independientes, expresión de una representación más diversa que la del Congreso tradicional. Pero reconocer a los nuevos representantes no significaba que todo el electorado respaldaría cualquiera de sus decisiones. La Convención elaboró una propuesta que fue rechazada por el 61,86% en septiembre de 2022, en una elección de participación mucho mayor. Después, un segundo procedimiento constitucional terminó con el 55,76% de votos En contra de la propuesta en diciembre de 2023. Las tres votaciones respondieron preguntas distintas, con electorados y reglas de participación diferentes. No describen un traslado lineal de preferencias ideológicas.
La secuencia constituyente obliga a distinguir el respaldo a abrir un procedimiento de la aprobación del texto que resulte de él. Una ciudadanía puede votar por deliberar y posteriormente rechazar, con fundamentos diversos, las reglas propuestas. Esta distinción es decisiva para no convertir el Rechazo en un mero efecto de campañas de desinformación.
Las redes y el plebiscito: la disputa digital por la legitimidad
¿En qué medida la producción organizada de desinformación y la amplificación digital de emociones políticas alteraron las condiciones de deliberación pública durante el proceso constituyente chileno, y cómo interactuaron esas prácticas con la desconfianza institucional, los desacuerdos constitucionales reales y la formación de las decisiones electorales?
La pregunta no parte de la idea de una ciudadanía pasiva o manipulable. Las plataformas ampliaron la circulación de denuncias, permitieron organizar movilizaciones y facilitaron el escrutinio de las autoridades. Pero también permitieron que mensajes falsos, imágenes descontextualizadas, cuentas coordinadas y campañas pagadas compitieran por atención. Para entender ese efecto hay que distinguir una opinión impopular —legítima en democracia— de una afirmación verificablemente falsa, y una campaña coordinada de la actuación de cuentas automatizadas: no son sinónimos.
Un estudio académico de Pedro Santander y Claudio Elórtegui, publicado en Cuadernos.info en 2026, examinó 459.245 mensajes de 41.931 usuarios únicos asociados a la conversación sobre el plebiscito de 2022. Identificó 11.030 cuentas que también habían participado activamente en comunicaciones contrarias al cambio constitucional en 2020 y describió patrones de violencia digital y amplificación concertada. Esa coincidencia no permite llamar bots a todas esas cuentas ni establecer cuánto pesaron sus mensajes en cada voto, pero proporciona evidencia para estudiar redes persistentes de intervención política.
La investigación permite seguir, además, el dinero. En septiembre de 2026, CIPER, sobre la base de registros del Servel, informó que la organización “Unidos Somos Más Fuertes” recibió cerca de $33 millones para la campaña del Rechazo de 2022, incluidos $4 millones del abogado Enrique García, socio chileno del consultor argentino Fernando Cerimedo. La organización financió la propaganda “Así no”, en cuyas piezas examinadas CIPER identificó tres afirmaciones falsas y dos engañosas sobre la propuesta constitucional. Esta conexión está documentada; no demuestra que Cerimedo diseñara esas piezas, ni que fuera responsable de todas las operaciones digitales del período.
Las piezas estudiadas por CIPER circularon principalmente en propaganda radial y volantes; por ello, el financiamiento descrito no puede calificarse automáticamente como una operación de bots. La conexión acreditada es entre aportes declarados, una organización inscrita y propaganda falsa o engañosa. Identificar quién produjo cada contenido y medir cuánto alteró las preferencias electorales requiere otras pruebas.
La forma más importante de influencia quizá no sea convencer a todas las personas de una mentira, sino instalar qué temas parecen centrales: la pérdida de la casa propia, la seguridad, las pensiones o la sospecha de que otros decidirán por ellas. El temor puede apoyarse en experiencias reales y, al mismo tiempo, ser explotado mediante conclusiones falsas. Por eso la investigación debe contrastar textos constitucionales, avisos, financiamiento y circulación digital con encuestas y motivos declarados por los votantes. La evidencia acredita campañas engañosas y coordinación comunicacional; todavía no prueba que ellas determinaran el resultado del plebiscito.
La secuencia 2019–2023 constituye una prueba difícil para la hipótesis: hubo acuerdo político, reforma, votación, representantes y propuestas, pero no una Constitución finalmente ratificada. El problema no fue la falta de una vía institucional. Debemos preguntarnos por qué una demanda amplia de abrir el proceso no se convirtió en respaldo mayoritario a los textos redactados. Las razones posibles incluyen discrepancias sobre contenidos, desempeño de los órganos, campañas de desinformación, desconfianza política y cambios de prioridades. Ningún resultado electoral permite atribuir automáticamente a toda la ciudadanía una única motivación. Aquí la brecha de traducción reaparece con otra forma: entre aceptar deliberar sobre un nuevo pacto y reconocer como propio el resultado de esa deliberación.
Aquí se sitúa la pregunta por la información pública: las propuestas fueron debatidas entre argumentos jurídicos genuinos y piezas comunicacionales cuya falsedad ha sido documentada. La victoria del Rechazo de 2022 no puede reducirse a desinformación, pues también hubo desacuerdos reales con el texto, la Convención y sus decisiones. Pero tampoco sería riguroso ignorar que algunas organizaciones financiaron afirmaciones y propaganda engañosa para influir sobre esa discusión. La tarea es determinar cómo interactuaron esas dimensiones, no reemplazar una explicación simplista por otra.
Las preguntas que la democracia todavía debe responder
El estallido no tiene una causa única. La precariedad material, la inseguridad social, los movimientos organizados, la desconfianza en los representantes, la exposición de escándalos y los acontecimientos desencadenantes siguieron trayectorias parcialmente independientes. Tampoco el período posterior demuestra que todo el progreso democrático desde 1990 fuera ilusorio. Hubo mejoras reales, políticas eficaces y mecanismos institucionales que respondieron a demandas. Precisamente por eso vale la pena investigar por qué esas capacidades no produjeron una legitimidad más estable.
La brecha de traducción institucional propone preguntas comprobables. ¿Cuándo se conoció cada problema? ¿Qué alternativas discutieron Gobierno y Congreso? ¿Qué recomendaciones llegaron a las leyes y cómo se implementaron? ¿Quién asumió los costos residuales de las reformas? Durante el estallido, ¿en qué momento los mandos recibieron las alertas sobre daño físico y cómo cambiaron las órdenes? Tras el acuerdo político, ¿cómo se expresaron las demandas en las convenciones y por qué los textos no consiguieron aprobación?
Y existe una cadena adicional de verificación: ¿quién construyó y pagó las narrativas con que se interpretaron esos problemas?, ¿qué pruebas respaldaban sus mensajes?, ¿qué papel cumplieron redes coordinadas y plataformas?, ¿qué efectos pueden medirse sobre la confianza y las preferencias electorales? Esa intermediación informativa atraviesa el diagnóstico del malestar, la respuesta estatal, la salida constituyente y la evaluación de sus resultados.
La modernización chilena merece explicarse tanto en sus logros como en sus contradicciones. Una democracia puede recuperar libertades, reducir pobreza y ampliar prestaciones mientras mantiene riesgos económicos familiares, desigualdades de influencia y una confianza institucional frágil. También puede ofrecer una salida constituyente legítima sin conseguir que los textos propuestos alcancen ratificación mayoritaria. Los antecedentes recién conocidos sobre campañas engañosas y sobre diligencias de inteligencia inconclusas no autorizan a declarar manipuladas todas las decisiones ciudadanas ni probadas todas las sospechas; sí exigen mayor transparencia, controles efectivos y preguntas investigativas más precisas. La tesis debe probarse expediente por expediente, reforma por reforma y campaña por campaña. La pregunta que permanece no es solamente cuánto sabía el Estado, sino qué hizo con lo que sabía, a quién escuchó, a quién protegió y qué resultados produjo. Esa es la fractura que una democracia no puede resolver solo con indicadores de crecimiento ni con promesas de orden.
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