Las actuales decisiones económicas no son neutras: redistribuyen el riesgo hacia las familias y erosionan silenciosamente las bases de la democracia.
“En nuestra visión, son los privados los que tienen que tirar el carro. Por lo tanto, quisiéramos más privados y menos Estado”.
La frase, difundida recientemente por el medio digital The Clinic en su cuenta de Instagram, de Daniel Mas, Ministro de Economía y Minería no es una opinión aislada. Es una definición institucional. Y como tal, no expresa solo una preferencia económica: delimita el horizonte político de un gobierno y anticipa cómo se organizará la vida social en los próximos años.
En ella hay una tesis clara: el mercado como motor principal del crecimiento y el Estado reducido a un rol secundario.
El problema no es que esta idea carezca de fundamento teórico. Lo tiene. Se inscribe en una tradición que sostiene que la libertad económica y la reducción del Estado pueden incentivar la inversión y dinamizar la economía. Sin embargo, esa formulación omite un elemento decisivo: las condiciones concretas sobre las cuales se pretende aplicar.
Chile no es una economía abstracta ni una sociedad homogénea. Es un país donde una proporción relevante de la población vive en condiciones de vulnerabilidad, donde los ingresos medianos son bajos en relación con el costo de la vida y donde las desigualdades territoriales siguen marcando las trayectorias de las personas.
Desde ese punto de partida, la consigna de “más privados y menos Estado” deja de ser una idea técnica. Se transforma en una decisión con consecuencias materiales: redefine quién asume los costos del crecimiento y bajo qué condiciones se organiza la vida en común.
Para comprender este giro, es útil situarlo en una perspectiva histórica. El Estado moderno no surge como un obstáculo al desarrollo, sino como una herramienta para organizar la vida colectiva. Es, en términos simples, una conquista civilizatoria. En Chile, sin embargo, su desarrollo tuvo una particularidad.
Como ha señalado Gabriel Salazar, el Estado se construyó más como una estructura de orden que como un mecanismo de integración social. La impronta de Diego Portales consolidó una institucionalidad fuerte en autoridad, pero no necesariamente orientada a reducir desigualdades. Más tarde, el diseño impulsado por Jaime Guzmán profundizó esa lógica, estableciendo un modelo donde el mercado organiza la vida económica y el Estado interviene de manera subsidiaria.
Lo que hoy se presenta como modernización económica es, en buena medida, la continuidad de esa tradición: un Estado que mantiene su capacidad normativa, pero reduce su rol redistributivo. El problema es que esta redefinición ocurre en un contexto que no es neutro.
Según datos de la encuesta CASEN, la pobreza multidimensional afecta a cerca de un 17% de la población. Esto refleja carencias en educación, salud, redes y condiciones de vida, más allá del ingreso. A ello se suma que los ingresos medianos en Chile rondan los $600.000 líquidos, en un país donde el costo de la vida exige endeudamiento para sostener niveles básicos de bienestar.
En este escenario, el Estado no es un exceso. Es un amortiguador. Sostiene políticas que no eliminan las desigualdades, pero contienen sus efectos más críticos.
Por eso, la combinación de dos medidas —un recorte fiscal cercano al 3% aplicado de forma horizontal y una reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%— no puede leerse como un simple ajuste técnico. Se trata de una redefinición estructural del rol del Estado.
El argumento de la reducción tributaria suele apoyarse en la llamada curva de Laffer, que sugiere que menores impuestos pueden incentivar la inversión. Sin embargo, la evidencia empírica en América Latina no respalda de forma consistente esa hipótesis. Organismos como la CEPAL han señalado que el problema en la región no es un exceso de carga tributaria, sino una combinación de baja recaudación y alta desigualdad.
Incluso si se acepta que menores impuestos pueden estimular ciertos niveles de inversión, ello no garantiza que esa inversión sea inmediata ni productiva. Puede dirigirse a activos financieros o postergarse en contextos de incertidumbre. Lo que sí es inmediato es la reducción de la capacidad fiscal del Estado.
A esto se suma el contexto macroeconómico. El Banco Central de Chile ha proyectado un crecimiento moderado, en torno al 1,5%–2,5%, en un escenario internacional marcado por desaceleración y presiones inflacionarias recientes. En estas condiciones, la teoría económica —particularmente la tradición keynesiana— sugiere que el Estado debería sostener la demanda interna.
Lo que se observa, sin embargo, es lo contrario: una política contractiva en un momento donde la economía requiere estímulos.
Las consecuencias de esta decisión no se quedan en el plano macroeconómico. Se trasladan a la vida cotidiana. La eliminación de mecanismos como el MEPCO implica que las variaciones del precio internacional de los combustibles se traspasan directamente a los hogares. Esto encarece el transporte y afecta toda la cadena de distribución, elevando el costo de bienes y servicios.
El ajuste no desaparece. Se traslada.
Ese traslado tiene efectos especialmente visibles en ámbitos como la educación. Las políticas educativas operan en el largo plazo. Su debilitamiento no produce efectos inmediatos, pero sí altera trayectorias de vida.
En contextos de vulnerabilidad, los programas de retención escolar y acompañamiento psicosocial cumplen una función clave: sostener condiciones mínimas de integración. Su reducción no genera eficiencia, sino discontinuidad. Y esa discontinuidad aumenta el riesgo de deserción y precariedad laboral.
La literatura del Banco Interamericano de Desarrollo es clara: la desvinculación del sistema educativo y la falta de oportunidades laborales incrementan la probabilidad de trayectorias informales o ilegales. No se trata de una relación mecánica, pero sí de una dinámica estructural.
En territorios donde el Estado ya llega con dificultad, su retiro no es neutro. Genera vacío. Y los vacíos, en contextos de desigualdad, tienden a ser ocupados.
Esta lógica también se expresa en el plano institucional. La regulación sobre el uso de agua de mar y desalación muestra cómo bienes de origen público pueden organizarse bajo esquemas de provisión económica. Aunque el recurso pertenece a la nación, su transformación permite su apropiación y distribución bajo criterios de mercado.
Se configura así una paradoja: lo público en origen se vuelve privado en destino.
Este fenómeno no es aislado. Se replica en distintos ámbitos donde bienes esenciales —como la educación o la seguridad social— se estructuran bajo lógicas similares. Como advirtió Karl Polanyi, la mercantilización de elementos fundamentales de la vida puede fragmentar la cohesión social cuando el acceso depende exclusivamente de la capacidad de pago.
El problema no es solo económico ni institucional. Es también político.
El PNUD ha documentado un deterioro sostenido de la confianza en las instituciones en Chile, asociado a la percepción de inseguridad y falta de protección. En ese contexto, la política enfrenta una tensión adicional: la simplificación del debate público.
Problemas complejos son reducidos a soluciones inmediatas. Como planteó Hannah Arendt, la política requiere un espacio donde la complejidad pueda ser comprendida. Cuando ese espacio se reduce, la democracia pierde densidad.
Y como advierte Byung-Chul Han, emerge una sociedad marcada por el cansancio, donde los individuos enfrentan problemas estructurales como si fueran responsabilidades individuales.
En ese escenario, el debilitamiento del Estado no necesariamente genera más libertad. Puede generar más incertidumbre, más exposición al riesgo y más frustración.
La discusión de fondo, entonces, no es si el mercado puede crecer con menos Estado. Es otra, más profunda:
¿Puede una sociedad sostener su cohesión, su estabilidad y su democracia cuando debilita el principal instrumento que tiene para organizar lo común?
Porque cuando el Estado retrocede, los problemas no desaparecen. Se redistribuyen. Y en sociedades desiguales, esa redistribución rara vez es neutral.
