Economista, Instituto Igualdad
El mundo está atrapado en una malla de poderes que ha logrado construir la élite en muchos países usando el sistema democrático y por cierto el sistema económico capitalista que permea a casi todas las actividades, permitiendo concentrar la riqueza de esas élites como nunca la humanidad lo había visto ni imaginado.
Desde que se logró vincular sin escrúpulos la política con el dinero y legitimarlo por ley, sin dinero, no se puede competir en la elección de los representantes de los ciudadanos en el sistema político actual. Es más, ingenuamente, incluso en sectores populares se apoya a candidatos con poder económico porque se les ha logrado convencer que pueden autofinanciar sus campañas y al tener mucho dinero no necesitan robarle al estado.
El surgimiento de la ultraderecha tiene que ver con la crisis que viven los países, originada por el propio sistema económico-político, donde el dinero está por sobre todo lo demás y en ese escenario la élite ha conseguido su objetivo, cual es, aprovechar la entropía y la incertidumbre que produce la actual organización de la sociedad y sus valores para llevar a sus líderes como los salvadores de la destrucción provocada por las “organizaciones antisistema” asociadas a la izquierda en su conjunto.
Todo ordenamiento que implique acotar la acción de mercados imperfectos, del lucro en toda actividad, de la concentración de la riqueza o de mejorar la distribución del ingreso, como la lucha contra la evasión tributaria y la corrupción, tal que, ello represente una merma en la renta del capital y del patrimonio de los más ricos, será considerado por la élite la antítesis del crecimiento y el progreso.
En el mundo, la mayoría de los gobiernos para poder enfrentar las desigualdades sociales, el acceso más igualitario a los bienes públicos, la pobreza, la inversión en obras públicas que favorezcan a toda la sociedad, deben disponer de no pocos recursos y ello se logra fundamentalmente a través de impuestos. Luego, si la oposición no aprueba la aplicación de impuestos, los gobiernos se ven obligados recurrir al endeudamiento, reduciendo con ello la capacidad fiscal para lograr cumplir con eficacia su cometido, lo que finalmente lo puede utilizar esa misma oposición para menoscabar al gobierno, como es lo que ocurre en nuestro país. Te quito los recursos y luego te acuso de no cumplir tu compromiso, parece decir la máxima de la derecha rebelde.
En nuestro país en el año 2019, ante el asombro del gobierno de ese entonces que no se lo esperó ni lo previó, se llevó a cabo la más grande movilización social pacífica de la historia reuniendo a 1,5 millones de personas en Santiago y otro tanto en todo Chile que manifestaron su descontento frente a la malograda situación socioeconómica de la mayoría, tras la gestión de muchos gobiernos que no lograron responder a la demanda ciudadana. La derecha no demoró en minimizar este fenómeno único y solo dio publicidad a las acciones violentas de unos poquísimos anarcos delincuentes que se encargaron de desnaturalizar esa legítima y masiva protesta pacífica.
Pero, a qué obedeció esa salida espontanea de la gente a las calles desfilando con improvisadas pancartas aludiendo sus razones. Todas esas consignas fueron una señal muy clara de que en el país la desigualdad era desmedida, que la fragilidad de la economía de las familias era cada día más angustiante, que las pensiones no permitían una vejez digna, que la educación se había tornado en un privilegio y el costo de la educación superior era imposible de financiar, que los servicios de salud se habían transformado en un negocio con un alto costo para los pacientes afiliados a las Isapres. A esta advertencia dada por el pueblo la derecha le llamó el octubrismo, ósea, una rebelión de las masas dirigida por el comunismo con intervención de extremistas venezolanos, con la intensión de derrocar al gobierno de Piñera.
Discurso negacionista
La ultraderecha desde ese momento ha continuado con su discurso negacionista y ha profundizado la crisis política con una estrategia que suma al descontento popular, la idea de que Chile no quiere cambios fundacionales que atenten contra el alma nacional ni gobiernos que intenten hacerlo, como el actual, pese a que fue elegido con los votos de los que salieron a la calle en octubre del 2019.
Pero, la rebelión ahora la vemos al otro lado de la vereda. Como si se tratara de un salvataje providencial, del regreso al único camino para el progreso, el crecimiento económico a cualquier precio, claro, a partir de un proyecto que dé certeza de que los impuestos deben reducirse para poder incentivar la inversión. Así, la derecha ha ido obstaculizando todos los proyectos que impulsen un mayor aporte de los más ricos para mejorar la distribución de la riqueza y reducir la brecha que separa al 10% más rico de la población. Nunca la oposición a un gobierno ha sido más negacionista e indolente frente a las necesidades y demandas de la gente. Para ella se trata de demonizar al gobierno de Boric, menoscabar su programa de gasto social, es decir, paralizar la acción del gobierno, tal que no pueda exhibir ningún resultado al término de su mandato. Quiere su fracaso, aún al precio de dejar a mucha gente en una larga y angustiosa espera.
Sin embargo, pese al relato mezquino y oportunista de la oposición, el actual gobierno ha jugado con la verdad y se ha ajustado a los mecanismos de resolución democrática dentro de la deteriorada capacidad política de lograr acuerdos mínimos que favorezcan a la mayoría ciudadana. Este gobierno seguramente no logrará aprobar las reformas que necesita el país en materia fiscal y de seguridad social planteadas al inicio de su mandato. Solo, unos pocos avances permitidos por la obcecada oposición parlamentaria se podrán lograr, seguramente, con el argumento de que gracias a sus indicaciones mejoraron los proyectos del gobierno, con el estigma de ser una oposición no calificada para una gobernanza inclusiva, sostenible y justa.
Lo que no podrá lograr un eventual gobierno de derecha en los cuatro años del gobierno próximo, será cumplir con un programa que intente que el país crezca, reduciendo impuestos, desregulando la economía, relajando el cuidado del medioambiente, manteniendo la educación y la salud como negocio, además de dejar pendiente lo señalado por los ciudadanos en el llamado octubrismo. La fórmula de la derecha para gobernar la conocemos en nuestro país y no hay pruebas de que haya servido para desarrollar el capital humano, mejorar la calidad de vida con un proyecto sostenible de desarrollo económico-social inclusivo con equidad y en el marco de una mejor democracia.
