Periodista
El Gobierno, a través de Gendarmería de Chile se encuentra en pleno proceso de licitación, por cerca de 54 mil millones de pesos, para renovar el sistema de vigilancia telemática o más conocido como tobilleras electrónicas. Sorprende que a pesar de la relevancia que tiene el sistema, especialmente relacionada con el control de penas de libertad vigilada en casos de violencia intrafamiliar, este tema no se encuentre en la agenda pública.
Este sistema, entre otras cosas, busca reducir el hacinamiento en las ya sobrepobladas cárceles nacionales, prevenir el aprendizaje delictivo, mejorar la reinserción social y entregar alternativas a la encarcelación, bajo una supervisión por georeferenciación que ha demostrado ser efectiva, incluso disminuyendo en gran medida el tiempo y recursos destinados por las policías para el control domiciliario.
Hoy, son cerca de 4 mil 200 condenados bajo control con este sistema, aunque la disponibilidad técnica, económica y operativa tiene la disponibilidad de monitorear a más de 8.000 condenados al unísono.
¿Cómo funciona el sistema en casos de violencia intrafamiliar?
El sistema genera un verdadero anillo de seguridad para la víctima y su entorno, quien es advertida de manera anticipada y oportuna por una alarma en su teléfono móvil, que su agresor se encuentra traspasando el perímetro de seguridad establecido, el que puede ser de cientos de metros, lo que permite en tiempo real que la potencia víctima se ponga a resguardo y se hace un llamado y alerta temprana a la central de monitoreo, permitiendo que se active un adecuado dispositivo de auxilio a la víctima, incluyendo el actuar anticipado de las policías. Gracias a este sistema, se ha logrado que del total de mujeres que están protegidas con este sistema, la cantidad de agresiones sea cero.
El sistema ha dado muestras de gran efectividad, y confiabilidad para el control de sujetos que cumplen penas de libertad vigilada, donde se encuentran siendo monitoreados condenados por violencia intrafamiliar y reclusión parcial; además de la ley 21.378 asociada a medidas cautelares en VIF.
Algunos desafíos
El sistema de monitoreo electrónico de personas con medidas cautelares ha sido una herramienta que ha sido un complemento de la seguridad pública y las políticas públicas del Ministerio de Justicia durante los últimos 10 años. Sin embargo, el uso de tobilleras electrónicas ha estado ausente en la discusión sobre seguridad del país, sin ir más lejos, ningún candidato o candidata presidencial lo asume como un tema relevante, hasta ahora, centrándose sólo en penas carcelarias o nuevas instalaciones de máxima seguridad.
Y subyace un dato preocupante, mientras que la actual empresa proveedora ha dado muestras de alta efectividad, es el propio sistema judicial quien genera el principal obstáculo para que más mujeres y potenciales víctimas cuenten con una adecuada protección, toda vez que, por ejemplo, el año 2023, sólo el 4% de las 1.764 solicitudes de monitoreo telemático en casos de VIF fueron concretadas. Las principales razones de rechazo incluyen la falta de precisión en las direcciones proporcionadas y la proximidad entre la víctima y el agresor, especialmente cuando la distancia es menor a un kilómetro, lo que limita la efectividad del dispositivo y esto es, lamentablemente, sólo falla de los jueces.
