Hernán García Moresco profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH
José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
En diciembre 2021 escribimos una columna de opinión referida a Plaza de Dignidad (Plaza Baquedano-Italia), proyectando desde ahí, los espacios de poder que la Geografía de la Multitud había generado. A la luz de ese momento, hoy se observa una aparente contradicción, pues la sociedad territorialmente organizada entregaba el 2021 su apoyo a la opción ‘Apruebo una Nueva Constitución’ con un 78,31%, en un universo de participación cercana a los 7,5 millones de personas y, meses después, una parte importante de la misma ciudadanía entregó su confianza a la opción constitucional del plebiscito de salida 2022, que no modificaba el modelo de AFP, ISAPRES y Educación Privada, entre otras. Esto, nos permite afirmar que los electores del 2021 aprobaron la idea de una nueva constitución en dignidad, y que cuando participó la sociedad en su conjunto el 2022 (13,028 millones), su convicción fue que no era suficiente con la idea de dignidad, sino que requirieron respuestas y soluciones, más que símbolos (dura constatación/hipótesis).
Entonces, junto con la legitima crítica hacia nuestro sistema de partidos políticos, aunque contradictorio que parezca (otra vez), le resultaría (resulta) ineludible su participación/conducción de un nuevo itinerario y órgano constituyente, lo que es propio de una democracia representativa; entendiéndosele dicha acción, además, como consecuencia insoslayable e inapelable del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, donde solo el 38,11% (4,8 millones de electores) ratifica la idea de nueva constitución presentada por los 154 Constituyentes.
Así, en cuanto proceso, la nueva etapa constitucional tiene como antesala acuerdos y gestos sustantivos desde varios sectores políticos con representación en el Congreso, quienes, con mayor o menor asertividad, se allanaron, en primer término,+ a cambios de quórum para darle continuidad al proceso constituyente, si es que la opción rechazo se imponía (los 4/7); luego Chile Vamos (coalición de Derecha) vía compromisos constitucionales, prometía su involucramiento en la continuidad del proceso, si es que perdía la opción Apruebo. Entre los compromisos expresados públicamente están: i.- derechos sociales como el de vivienda; ii.- reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y iii.- temas medioambientales, entre otros. En este marco de compromisos, desde el Partido Socialista salieron voces a expresar que era necesario mirar con cuidado los ofertones de la Derecha, pues la historia no le permitía buen antecedente respecto de sus promesas democráticas. En este escenario, donde el rechazo avanzaba sin freno, los partidos políticos de gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, las dos almas), haciendo uso de algún aumento de confianza societal, establecieron un acuerdo para reformar la constitución, posterior al resultado favorable al apruebo, en algunos aspectos que estaban haciendo “ruido” (plurinacionalidad, algunos referidos a temas judiciales, entre otros).
Cómo se indicó, los partidos políticos, resolverán los acuerdos para el necesario proceso Constituyente tal como ocurrió el 15 de noviembre del 2019, canalizando los pilares que dieron origen a la movilización de multitudes como resultado de la sedimentación social descontenta con las estructurales brechas socioeconómicas, sociopolíticas y socioterritoriales que organizaron y organizan nuestra sociedad (sin perjuicio de importantes avances en diversas materias, reconocidos, inclusive, por el actual mandatario).
Vale recordar, que otro momento importante de canalización del malestar social estuvo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet vía reformas políticas (sistema electoral, partidos políticos y reformas de descentralización) y una parte del proceso constitucional en una de sus fases (bases de participación ciudadana institucionalizada y proyecto de nueva constitución a ser gestionado por el Congreso Nacional vía plebiscito), posteriormente, guardado por el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Esto, digno de una investigación, nos permite plantear una hipótesis a probar, pues, el no permitir la continuidad del proceso, pudiese haber contribuido, aún más, a la sedimentación del malestar, devenido en octubre 2019, y sus derivadas.
De ser lo anterior confirmado, se colige, que la continuidad de la coalición que sostuvo ese gobierno con los ajustes correspondientes, era la responsable (Nueva Mayoría, Frente Amplio incluida la Democracia Cristiana) de propiciar la deliberación social con una perspectiva nacional, pero dado que nuestra estructura social se basa en el quehacer institucional del Estado, entonces, los teóricamente encargados, no materializaron la continuidad de un trabajo social de amplias dimensiones. Baste recordar lo difícil que les resulta (resultó) realizar primarias formales, para entender que el sistema político, no pudo asumir la responsabilidad de conducir lo que pertinentemente había dispuesto el programa del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Ahora, este tercer momento de canalización del proceso constituyente, debe administrar la aparente dicotomía entre un contexto sociopolítico diferente, donde la idea fuerza, el lenguaje, el encuadre discursivo y el relato vigente, se ven articulados por la inmediatez de la seguridad pública- económica v/s la problemática -aún vigente- de pensiones en el 2019, salud, migración, medio ambiente, descentralización, entre otros, que inundaban el simbolismo de aquel año (y aquellos años).
Así, en este nuevo esfuerzo canalizador, donde lo que no fue, esperamos que ahora SI deba ocurrir, es que el logro del nuevo órgano redactor, que acá llamamos Comité Constitucional, sea integrado en un 100% por ciudadana/os, y en su magnitud, todas las correlaciones de fuerza incumbentes, que representen políticamente el territorio, estén presentes.
El desafío es sumar y no menospreciar las dinámicas territoriales del país que mantienen el amargo resultado del rechazo y aún palpan a diario que el descontento, sumado a los crecientes problemas de seguridad, migración e incertidumbre económica, no son resueltos con la velocidad que se requieren. Por ello, su integración en la búsqueda de soluciones (dinámicas territoriales), aportan al país, también en su condición de independientes a las soluciones que el territorio requiere (en la segunda etapa constituyente, hubo varia/os independientes que fueron un real aporte). Esta dimensión, como las ya indicadas, deberían, aunque parezca obvio, contribuir al fortalecimiento de una democracia entendida como un sistema de deberes y derechos siempre perfectible en el máximo histórico en el que la patria se encuentra y proyecta.
