Ex Encargado Nacional de la Unidad de Seguimiento de la Comisión
Presidencial para la Paz y el Entendimiento
El conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche no es un episodio reciente de la política chilena, es una tensión histórica que ha atravesado generaciones, gobiernos y ciclos institucionales, sin que haya logrado consolidarse un camino estable hacia una convivencia más justa y democrática.
En 2023, previo a la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la macrozona sur vivía un escenario de creciente violencia rural que había deteriorado las condiciones básicas de seguridad y gobernabilidad en diversos territorios. Ataques incendiarios, atentados contra infraestructura y episodios reiterados de violencia habían instalado un clima de alta tensión que el Estado no podía seguir abordando únicamente desde la lógica del orden público.
Por otra, la institucionalidad indígena del país arrastraba desde hace décadas un problema estructural: la fragmentación. Competencias dispersas entre distintos ministerios y servicios, escasa coordinación entre niveles del Estado y una política pública incapaz de abordar de manera integral las demandas históricas de los pueblos indígenas.
A ello se sumó un tercer elemento decisivo: el cierre del proceso constitucional dejó al sistema político en un escenario de fuerte polarización respecto de temas como reconocimiento constitucional, derechos colectivos y autonomías territoriales. Ese contexto redujo significativamente los márgenes para impulsar reformas estructurales en el corto plazo.
El objetivo de la Comisión no fue ofrecer una solución inmediata a un conflicto que se ha construido durante más de un siglo. Más bien buscó algo distinto, pero igualmente necesario: construir un diagnóstico compartido y formular un conjunto de recomendaciones viables que permitieran abrir un nuevo ciclo en la relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, este tipo de conflictos corresponde a lo que la literatura denomina “problemas complejos”: situaciones en las que distintos actores tienen interpretaciones divergentes del problema, donde las soluciones posibles generan nuevas tensiones y donde no existe una respuesta única capaz de resolver todas sus dimensiones.
En ese tipo de escenarios, las políticas públicas rara vez avanzan mediante reformas inmediatas y definitivas. Lo hacen más bien a través de procesos graduales, acumulativos e institucionalmente sostenidos. El trabajo de la Comisión buscó precisamente avanzar en esa dirección. Sus recomendaciones abordaron materias estructurales como el sistema de tierras, los mecanismos de reparación territorial y las bases de una política de desarrollo con pertinencia cultural, pero una vez concluido ese trabajo surgió una pregunta inevitable: ¿cómo evitar que ese esfuerzo quedara atrapado en el corto plazo de la política?
La experiencia comparada muestra que uno de los mayores riesgos en procesos de esta naturaleza es el llamado “péndulo político”. Cada cambio de gobierno redefine prioridades, reordena agendas y muchas veces interrumpe procesos que requieren continuidad para producir resultados. Con el propósito de reducir ese riesgo se creó la Unidad de Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Su tarea ha sido transformar las recomendaciones en una hoja de ruta concreta de implementación, articulando el trabajo interministerial, sistematizando avances y desarrollando herramientas que permitan monitorear el proceso en el tiempo.
Actualmente la Unidad de Seguimiento cierra este periodo de gobierno con la entrega de su primer informe, que establece una línea base para el monitoreo de las recomendaciones, da cuenta de los avances logrados y propone instrumentos para evaluar su implementación en los años siguientes, con indicadores concretos.
A su vez, avanzó en medidas concretas como el ingreso del proyecto de reforma constitucional para reconocer explícitamente a los pueblos indígenas en la Constitución, garantizando sus derechos colectivos e individuales y reforzando el principio de interculturalidad, el ingreso y discusión del proyecto de ley de reconocimiento, calificación y reparación a víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, la creación de una Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas en la Subsecretaría del Interior, donde se ha agrupado al Plan Buen Vivir, la Unidad de Seguimiento y a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes que se encontraba en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la implementación del “Plan Económico para el Buen Vivir en la macrozona sur”, con énfasis en las provincias de Arauco y Malleco y el ingreso y discusión del proyecto de ley que reconoce, protege, garantiza y promueve los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas.
La experiencia internacional nos muestra que los procesos de paz o de reconstrucción de relaciones entre Estados y pueblos indígenas rara vez se resuelven en un solo momento político. Se construyen más bien a través de trayectorias largas, en las que distintas administraciones van agregando piezas institucionales que permiten avanzar gradualmente.
En ese sentido, el verdadero desafío hacia adelante no es únicamente qué medidas se implementarán, sino si el Estado chileno será capaz de sostener una política de largo plazo en esta materia, porque en conflictos históricos como este, donde las soluciones inmediatas son poco realistas y los actores mantienen posiciones diversas, la estabilidad institucional se vuelve un factor decisivo.
A veces avanzar no significa resolverlo todo de una vez, a veces significa algo más modesto —pero también más difícil—: evitar retrocesos y mantener abiertas las instituciones del diálogo.
Porque en conflictos de esta naturaleza, la paz también se construye con instituciones.
