En el marco del proceso de cambio constitucional, diversas organizaciones, medios de comunicación y redes, confluyeron en crear el “Bloque por el Derecho a la Comunicación”, derecho que debe estar consagrado en la nueva Constitución como principio fundamental de una sociedad democrática.
La iniciativa fue comandada por el Colegio de periodistas de Chile y busca instalar,. En una nueva Constitución, el Derecho a la Comunicación como un derecho humano más, sobre todo pensando la alta concentración mediática que existe en Chile del siglo XXI.
“Entendemos el derecho a la comunicación como la comprensión más amplia establecida por el sistema internacional de derechos humanos sobre garantías asociadas a la comunicación como la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información. Esto comprende el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales, “correspondiendo al Estado impulsar el pluralismo al mayor grado posible, para así lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de los medios», (CIDH, 2010)”, señala el naciente bloque.
Agregan que para esta articulación, “el derecho a la comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para sudesarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución y de un nuevo sistema medial, regulado por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad (Corte IDH, 2015)”.
Recuerdan que ya en el año 2016, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía al Estado que en Chile persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático.
“Una de las principales formas de tener una ciudadanía crítica y opinante es a través de contenidos pluriculturales, descentralizados y locales, con enfoque de derechos humanos, interseccional, feminista y de género, contenidos de los que hoy carecen los medios de comunicación”, sostiene.
Y ahondan que Chile presenta una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con un 80% solo en la prensa escrita. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre El Mercurio y COPESA se extiende también a la prensa regional, donde tienen un fuerte control(Colegio de Periodistas, 2016).
“La concentración mediática es una de las principales barreras al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones”,(Observacom, 2016)”, opinan.
Señalan que con la consagración del Derecho a la Comunicación, a nivel constitucional, se espera que se garantice la regulación de medios de comunicación de carácter privado, permitiendo así la creación de un sistema de medios de servicio público, nacional, local y regional, y la generación de condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento de medios comunitarios, ratificando el carácter público del espectroradioeléctrico. El Estado debe garantizar el derecho a la comunicación para asegurar un entorno mediático libre, plural e independiente.
Las demandas
El bloque demanda los siguientes aspectos para democratizar las comunicaciones en Chile:
Las acciones de esta plataforma estarán focalizadas en incidir en diversas instancias el cumplimiento de estas demandas en el contexto del histórico momento constitucional que vive nuestro país.
El “Bloque por el Derecho a la Comunicación” está integrado por el Colegio de Periodistas de Chile, Red de Periodistas Feministas, Fundación Datos Protegidos, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Mujeres en el Medio, Diario El Siglo, El Desconcierto, Página 19, Radio Universidad de Chile, Comité por la Defensa de la Televisión Pública, Radio Juan Gómez Milla de las Escuela de Periodismo Universidad de Chile, ONG ECO: Educación y Comunicaciones, UPLA TV (Canal Universitario de la Universidad de Playa Ancha), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Red de Periodista Migrantes y la fotógrafa Nicole Kramm.
