Analista político y sociólogo.
Los acuerdos nacionales se consiguen cuando el gobierno negocia con la oposición o con otros actores, pero esta no es una práctica que esté predominando en estos días porque el oficialismo ha optado por establecer una especie de paréntesis hasta el final del plebiscito.
Esto se explica por la idea básica de que es bueno dejar solo dos opciones limpias y únicas frente a la ciudadanía: Apruebo o Rechazo, mientras que las opciones diferentes u otros debates aparecen como fuera de lugar.
Por cierto, el objetivo del oficialismo ha de ser el de concentrar la atención pública en la mayor participación ciudadana en el plebiscito del 4 de septiembre.
Hay, sin embargo, preparativos institucionales que realizar de todas maneras, sin tanta exposición pública, que permitan disminuir incertidumbre. No por nada Gabriel Boric dijo que el gobierno debía ponerse en todos los escenarios.
Lo que no se puede hacer es iniciar conversaciones con la oposición solo para ponerse en el escenario que gane el Rechazo. Eso sería muy contraproducente porque afectaría el proceso de deliberación ciudadana, al impactar en las expectativas de triunfo de una de las dos opciones plebiscitadas.
Si el gobierno se estuviera preparando para una eventual victoria del Rechazo, es porque este resultado es posible o, incluso, el más posible. Por eso no se ve por qué el gobierno pudiera cometer semejante error.
Pero la torpeza táctica no es el único camino a disposición. El gobierno y la centroizquierda tienen un papel que cumplir desde ahora, cualquiera sea el resultado del plebiscito. Precisamente porque nadie puede adelantarse al resultado, es en esta etapa cuando se pueden establecer el comportamiento futuro de cada actor relevante, sin tener que someterse a hechos consumados.
Como sea que se dirima el plebiscito, igual nos encontraremos en un proceso de transición hacia la plena vigencia de otra Carta Fundamental, proceso que no durará meses, sino años. Después del primer plebiscito, quedarse con la Constitución vigente no resulta posible ni para la UDI. Del mismo modo, si se decide el cambio de Constitución se abre un período en el que ajustes y perfeccionamientos son aceptables y hasta deseables.
Para saber a qué atenerse falta conocer todavía las normas transitorias que se incorporarán al texto que se plebiscite. Eso definirá el margen de maniobra que tenemos y los actores institucionales que quedan habilitados para operar.
Lo único que no puede pasar es que la Convención deje “todo atado y bien atado”, como dijo Franco y que resulta ser siempre una ilusión.
Sin derrochar mucho ingenio, se puede concluir que los ajustes quedarán básicamente en manos del Congreso o del Ejecutivo, el primero dictando leyes y hasta reformando la Constitución aprobada, los segundos mediante decretos.
Sin duda, la mayoría de los convencionales desconfían menos del gobierno que de los senadores, por ejemplo. De allí la discusión que recién se inicia.
Si lo que se quiere es no agregar temas que incidan en el plebiscito, anunciar una transición vía decretos sería lo peor. Fortalecería el Rechazo. El Congreso no se puede soslayar y si es así, mejor acordar desde ahora cómo lo hará.
