En una reunión sostenida entre Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Migraciones, SERMIG, y David Arboleda, consejero nacional del mismo espacio, con representantes de las organizaciones Rompiendo Barreras de Antofagasta, la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Ampro Tarapacá, el Movimiento Acción Migrante de la Región Metropolitana y Migrantes de los Ríos de la Región de Los Ríos, se abordaron las que califican como “graves deficiencias en la atención a las comunidades migrantes y solicitantes de refugio, y el abandono de funciones que el Estado debe garantizar en materia de derechos humanos”.
Desde Valdivia, Grace Arango (Migrantes de los Ríos) denunció la ausencia de un director titular en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la falta de apoyo efectivo desde la oficina municipal, que actualmente comparte funciones con el área de pueblos originarios. Las organizaciones acusaron que el servicio que se entrega es “pobre y sin eficiencia”, dejando a cientos de personas migrantes sin orientación ni acompañamiento adecuado.
En Antofagasta, Elizabeth Andrade y Alexis Contreras (Rompiendo Barreras), indicaron que la situación es igualmente crítica pues no existe un director titular en la oficina regional, las plataformas digitales están bloqueadas y las horas de atención son prácticamente inaccesibles. Las organizaciones locales expresaron preocupación por la falta de atención directa y la sensación de abandono institucional.
En Iquique AMPRO Tarapacá, señaló que las denuncias fueron particularmente graves. Entre ellas, el hecho de que se reportaron reconducciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas sin evaluar su vulnerabilidad ni coordinarse con los sistemas de protección de la niñez y la salud. Además, aseguraron que “se hizo público que un funcionario de la productora 370 —empresa contratada por el Estado para la gestión de personas migrantes en situación irregular— está siendo procesado por cohecho y violación contra dos mujeres migrantes bolivianas. A lo que se suma que la PDI estaría negando el ingreso a personas que buscan solicitar refugio, impidiendo el inicio formal de este proceso”.
Por su parte, Eduardo Cardoza (MAM Región Metropolitana), manifestó su preocupación por los cambios que se buscan en la legislación chilena para otorgar a las fuerzas armadas el control de las fronteras, “siendo este una función de la PDI”, y los futuros impactos de los proyectos de ley regresivos en derechos, que afectarán a las comunidades migrantes en diferentes territorios.
Llamado urgente
Ante este escenario, los representantes de las organizaciones pidieron la activación urgente del SERMIG en terreno, la creación de mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional entre la PDI, el SERMIG, la Subsecretaría de la Niñez y los servicios de salud, y un pronunciamiento inmediato del COSOC ante estas vulneraciones.
Los consejeros nacionales presentes, coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol del COSOC para incidir públicamente y exigir respuestas institucionales. De igual manera, subrayaron que es necesario reafirmar la necesidad de la implementación de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, género y protección integral.
