Periodista.
Una vez más la política trastabilló. Al mismo tiempo que la ciudadanía sigue usando sin parar distintas formas de manifestaciones pacíficas para dar a conocer sus reclamos, debió ser testigo en esta semana de cómo los políticos, particularmente los parlamentarios, no son capaces de ponerse de acuerdo y se fagocitan en peleas de segundo ordensin entrar a los reclamos de fondo con honrosas excepciones.
Es cuestión de analizar lo que pasa en el Frente Amplio, donde aparentemente los egos son más fuertes que la madurez política y se entrega una imagen de divisiones desalentadora para el futuro. El proyecto de ley anti saqueos y anti barricadas -que provocó la división al interior el FA- fue aprobado en general con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones, en una votación en la que participaron diputados de los partidos PPD, PRSD, PS, Convergencia Social y Revolución Democrática. Quienes se abstuvieron de la aprobación fueron los diputados de los partidos Comunes y PC. Unidad Social rechazó la aprobación de la que califican como“Agenda Represiva del Gobierno”, que vio luz verde el4 de diciembre en la Cámara de Diputados y que poco más tarde también se aprobó en general en el Senado.
Se agrega lo que pasa en Chile Vamos, donde un partido, la UDI, –¡uno solo!– impide redondear un acuerdo que le de al plebiscito de abril, la máxima legitimidad frente al país.
Pese a que el futuro económico se ve muy complicado, de acuerdo a declaraciones emitidas desde el Banco Central, hay, sin embargo, luces de esperanza. Una de ellas es la capacidad de las mujeres de convocarse y dar un ejemplo de manifestación con aquella performance denunciando la violencia contra las mujeres, que quedará en los anales de la historia y que hoy es un ejemplo a seguir en el mundo. Otra es la convicción de que esta lucha contra los abusos –opacada a veces por saqueos, robos y destrucción de delincuentes que se parapetan en las multitudinarias manifestaciones-, conseguirá los cambios profundos que pide la ciudadanía y que se resume en mejores pensiones, mejor salud, mejores sueldos, y mejor educación. Es lo que pide la Mesa de Unidad Social, es lo que pide la gente.
Y otra es que el apoyo a las manifestaciones no decae. La encuestadora del gobierno, la Cadem, así lo señala. Su última encuesta indica que un 67% apoya que continúen las movilizaciones, mientras que un 82% rechaza la gestión del Mandatario. Dice que el respaldo a las manifestaciones se mantiene inalterable respecto de la semana anterior.
Porcentajes más, porcentajes menos, lo cierto es que las encuestas, que tanto le gustaban al Presidente Piñera, siguen siendo extraordinariamente malas para él y para su gobierno. La aprobación al Presidentecayó esta semana a apenas un 10%, un mínimo histórico en esta medición. Nunca un Presidente había tenido un nivel de apoyo tan bajo. El gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Izikson, explica que “el 10% está asociado a una pérdida de capital político directo de gente que votó por Piñera”, y añade que “no es, necesariamente, gente que se identifica con la derecha, porque eso ya ocurrió, pero ahora viene también desde el centro”. Es lo que explicaría también que otras encuestadoras lo sitúan en un 4,6 %.
Alguien preguntaba en las redes sociales sobre qué clase de oposición es la chilena. Dijo algo así como: “hace 45 días al pueblo está en las calles, las manifestaciones de distinto color y tono no cejan y tienen un Presidente rechazado por más del 80 por ciento y aprobado por poco más de un 4 por ciento. Y ahí está”…
¿Por qué no te callas?
Mientras en el Parlamento sigue pendiente la acusación constitucional contra el Mandatario, el clima político sigue cruzado por rumores y chismes respecto a la lucha de éste por mantenerse liderando la agenda y del descontento cada vez mayor en sus propias filas.
Tal vez lo que mejor define esta situación, es lo que comentaban en todos los pasillos de partidos y del Congreso respecto a las entrevistas que ha hecho el ideólogo de la derecha, Hugo Eduardo Herrera, doctor en Filosofía y director del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales,
“Lo que hasta ahora ha hecho el Presidente es irresponsable” señaló en una entrevista en La Tercera. Para él, “la Presidencia de la República no es simplemente la gerencia de una empresa; es mucho más parecido al puente de mando de un buque en tiempos de crisis. El tono con que se habla es fundamental. Entonces, si entra Piñera un día enfurecido contra un enemigo que no conocíamos; al otro día hablando de grandes acuerdos cuyas contrapartes no conocíamos; al otro día se toma el acuerdo más importante de la transición, el acuerdo constituyente, y él guardando silencio… perdóname, pero si fuera tripulación de ese buque iría con susto.La labor de Piñera, si es viable, se debiera limitar a favorecer el proceso político ya desplegado de lejos, sin oponerse y dando garantías, más que liderarlos”.
Agrega que Piñera “debería irse a la segunda fila, confiar en los ministros que mejor le rinden, como Ignacio Briones o la vocera Karla Rubilar, y dejarle el poder a los partidos para que negocien de una vez por todas el proceso constitucional, que se lleve adelante, y quizás -si hace bien todo eso- su premio será ponerle la firma a la Constitución que nunca quiso. A este hijo que nunca deseó”.
Y remata que “si él no le da salida viable a esta crisis, probablemente va a quedar entre los peores presidentes de toda la historia de Chile”.
Justamente la que debe ser la peor de las pesadillas de Piñera.
Porque, no solamente ha salido mal y a destiempo,sino que algo pasa que el gobierno entrega a gotas y con letra chica sus propuestas. Por poner sólo un ejemplo. Aparece el ministro de Hacienda, con gran mise en scene, anunciando una serie de medidas para enfrentar la crisis, luego que se conocieran una caída del Imacec de un 3,4% en octubre, uno de los primeros efectos económicos del estallido social. Anunció un plan de reactivación económica conmedidas por 4.800 millones de dólares. Eso se suma a la capitalización de BancoEstado por 500 millones de dólares y el apoyo crediticio a las Mi Pymes vía Corfo. Y así se llega a un total de 5.500 millones de dólares.
Todos esperaban medidas profundas, de corto y mediano plazo para descomprimir y responder a las exigencias frente a los abusos de la ciudadanía. No ocurrió. Y al día siguiente, aparece el Presidente Piñera diciendo que “vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso que permite otorgar un bono, que en promedio va a ser de 100 mil pesos por familia, a un millón 336 mil familias chilenas, es decir, va a llegar a cerca de seis millones de chilenos, que va a permitir un alivio, va a permitir ayuda». Pero, poco después se supo que la medida venía con letra chica. Según salió a explicar el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, el beneficio que se otorgará será de 50 mil pesos por carga.
Rápidamente llegó la reacción opositora. El senador DC Francisco Huenchumilla señaló que con su paquete de medidas económicas “el gobierno se está corriendo en las reformas estructurales. Yo quisiera (…) que el gobierno me dijera qué va a hacer con las AFP. Qué va a hacer con la salud, qué va a hacer con la educación. Las medidas financieras, claro, son buenas, necesarias, pero no van al centro del problema que tenemos en Chile». «Aquí lo que hay que hacer es una reforma estructural respecto de los tres pilares, donde existe un movimiento de parte de toda la gente, esperando una respuesta profunda, que es la salud, la educación y la Reforma Previsional», sentenció.
Otra reacción similar fue la del presidente de la Cámara, el DC Iván Flores. “No sé si el Gobierno aún no se da cuenta, pero los anuncios que hemos escuchado no van a los problemas de fondo; de hecho, pudieron incluso haberse hecho la primera semana de la crisis, antes de que las microempresas estuvieran en riesgo y que la economía tambaleara como lo está haciendo hoy».
Añadió que «el anuncio de los $50 mil por carga familiar alivia en algo, pero obviamente la solución pasa por ser capaces de definir un punto de partida, claro, con fechas, para avanzar en las reformas estructurales. Lo que hemos escuchado sólo viene a tratar de paliar el desastre que se produjo por la sordera de La Moneda que, si bien hace un esfuerzo, sigue cometiendo el mismo error porque, al parecer, el Gobierno no se da cuenta de que con estos anuncios no se detiene la movilización social». Y advirtió que «no habrá tranquilidad si no se les pone coto a las mega utilidades de algunos y a la economía del abuso. La sensación de los chilenos es que sales a la calle y te friegan. Te friega la Isapre, la AFP, los remedios. Si hasta los productores de papel higiénico te friegan. Si no se soluciona eso, toda respuesta es pura cosmética. La ciudadanía no se va a tranquilizar mientras no entremos a una reforma tributaria de fondo que le suba el impuesto al 1% más rico». Calificó la Reforma Tributaria que se aprobó en la Cámara como “insuficiente e incompleta. Nunca se abordó el cambio de modelo de estructura tributaria que se requiere. Y mientras no resolvamos eso, no vamos a poder generar los recursos permanentes que necesitamos. No creo que hoy haya empresarios asustados de tener un tributario. Todo lo contrario, los empresarios están asustados porque no hay respuesta a la ciudadanía».
Una acusación ¿imposible?
La anterior es una reacción compartida por todas las oposiciones. Pero, está claro que no todo se comparte. Si bien había conciencia que la acusación constitucional contra el Presidente era una especie de saludo a la bandera, por la imposibilidad de su aprobación dados los quorum que se necesitan para hacerlo, lo cierto es que hoy hay más conciencia que antes que cada voto será seguido con mucha atención por chilenos y chilenas. Y eso a los parlamentarios y a los partidos, les importa. Será la primera vez que los diputados tendrán que analizar y votar una acusación contra un Presidente en ejercicio.
De hecho, un grupo de diputados ofició a TVN para que transmita en vivo la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, que tendría lugar entre el 11 y 12 de diciembre. Los promotores de la iniciativa son Boris Barrera (PC), Carmen Hertz (PC), Emilia Nuyado (PS), Jaime Mulet (FRVS), René Saffirio (IND), Esteban Velásquez (FRVS), Carolina Marzán (PPD), Raúl Saldívar (PS), Miguel Crispi (RD), Claudia Mix (Comunes), Víctor Torres (DC), Renato Garín (IND), Jaime Naranjo (PS), Gastón Saavedra (PS) y Daniel Verdessi de la DC, quien preside la comisión antes mencionada. En el oficio enviado a TVN y publicado por La Tercera, los parlamentarios argumentan que se trata de un “hecho histórico”, que no ha ocurrido desde 1956, cuando “fue presentada una acusación constitucional en contra del Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Desde entonces, no se ha formulado acusación en contra de un Presidente en ejercicio”.
Entonces, el próximo jueves se podría votar en sala la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, presentada por un sector de la oposición, en la que se pide la destitución del Mandatario acusando una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante las manifestaciones, además de haber comprometido “gravemente el honor de la nación” y de haber “infringido” la Constitución.
La defensa de Piñera, representada por el abogado Juan Domingo Acosta, respondió en un largo escrito, planteando cuatro ejes principales: la denominada cuestión previa, es decir si la acusación cumple o no con los requisitos constitucionales y en este sentido, se argumenta que el libelo “no es admisible” porque no cumple el requisito de “ser de carácter excepcional”. Se señala que “utilizar la Acusación Constitucional, en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”. Otro argumento señala que la “acusación vulnera gravemente el debido proceso, por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados” recalcando que “las imputaciones que se realizan al Presidente de la República son genéricas e imprecisas
Como tercer fundamento, la defensa sostiene que el libelo no cumple con uno de los requisitos mínimos, que es que una acusación constitucional contra un Presidente solo puede proceder por actos propios y no por omisiones: “los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del Presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución” y que todos “los reproches se fundan en presuntas omisiones”.
Respecto del primero -en el cual se acusa a Piñera de infringir la Constitución por “consentir” que se “cometieran violaciones a los derechos humanos” -la defensa señala que la situación “no es efectiva”, porque la “acusación no formula ninguna imputación al Presidente basada en actos materializados por él”. “Se invocan hechos de terceros que todavía están siendo investigados, y no actos de su administración”–, se enfatiza. Agrega que tampoco existieron omisiones que afectaran los derechos humanos, “como lo intentan establecer los acusadores” y que “por el contrario, el Presidente desplegó todos los medios dentro de sus atribuciones para prevenir cualquier violación a los derechos humanos”.
¿Qué puede ocurrir? El gobierno y su coalición políticanecesitan sólo una mayoría simple en la Sala de la Cámara Baja para aprobar la cuestión previa e impedir el avance de la acusación. En caso de que siga su curso, por tratarse del Presidente de la República, para declararse, ha lugar la acusación, necesita mayoría absoluta.
Los desacuerdos
Toda la semana hubo ires y venires en torno al proceso plebiscitario que se avecina, poniendo de manifiesto una vez más, la porfía irreductible de la UDI, que no le gusta la incorporación de criterios de paridad de género, de independientes y particularmente se ha jugado contra escaños reservados para representantes de pueblos originarios en la Convención Constitucional.
Chile Vamos envió su última propuesta, que según la oposición que negocia el acuerdo, no contiene nada nuevo respecto a la anterior. De hecho, el presidente de la DC, Fuad Chahín dijo que las conversaciones estaban en «un punto muerto».
El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde ,señaló que «la propuesta de Chile Vamos es una forma elegante de decir no a todo lo que le propusimos». «Señalan que tienen disposición a abrirse a estos temas, pero sus propuestas no dan cuenta del mínimo que uno podría considerar razonable respecto a la necesidad de establecer escaños reservados para pueblos indígenas, equidad de género y votación de chilenos en el exterior», explicó el timonel socialista.«La respuesta de Chile Vamos, en rigor, es un portazo a las propuestas que hemos realizado».
«La derecha se niega a ceder, le hemos abierto todas las posibilidades de llegar a un acuerdo, lamentablemente vemos pocas posibilidades de seguir conversando», aseguró Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática.
Para el presidente de RN, Mario Desbordes, la oposición es la que «quiere bloquear todo con excusa que le hemos dado un portazo». Y añadió: “ Invito a la oposición a que aprobemos al menos donde tenemos acuerdo todos, eso es la participación de los independientes en igualdad con los partidos políticos».
Pero, todo cambió tras una reunión de los presidentes de partidos de Chile Vamos, Hernán Larraín Matte (Evopoli), Mario Desbordes (RN) y Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) con el Presidente Sebastián Piñera. El oficialismo decidió dar por terminada la negociación constituyente al no lograr acuerdo sobre la incorporación de independientes, paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas.
Esto no quiere decir que no habrá plebiscito. Lo habrá. Hernán Larraín dijo que se debe avanzar en el acuerdo para una nueva Constitución ya alcanzado y firmado con partidos de oposición el pasado 15 de noviembre para que se pueda contar con la reforma habilitante que dé paso al plebiscito programado para abril del 2020. “En aquellos temas donde hay diferencia, bueno, se verán posteriormente. Lo fundamental hoy es honrar el acuerdo del 15 y esperamos que nuestros técnicos cuanto antes puedan ponerse de acuerdo y pueda ingresar la reforma habilitante del proceso constituyente cuanto antes, en los plazos más ajustados”.
La decisión de Chile Vamos provocó duras críticas de parte de la oposición por trabar el acuerdo político y sostuvieron que insistirán en dotar de una mayor representación y legitimación al proceso constituyente a través de iniciativas legislativas. «Lamentablemente, Chile Vamos, como bloque, no estuvo disponible para agregar ahora dichos elementos, entendemos que básicamente por la oposición de la UDI. En tal sentido, al no abrirse ahora esa posibilidad de avanzar entre todos los partidos firmantes del acuerdo del 15N, aprobaremos en el Parlamento lo ya firmado, y, en legítimo ejercicio de nuestras facultades democráticas, levantaremos estos temas adicionales por la vía legislativa ordinaria», declaró Carlos Maldonado, del Partido Radical.
Catalina Pérez, de Revolución Democrática, señaló que “hasta cuándo el oficialismo va a seguir diluyendo el proceso constituyente (…), que trasparente su postura de una vez por todas, que les diga a las chilenas y chilenos que quieren excluir a los pueblos originarios, que quieren excluir la paridad de género… a los independientes en este proceso”.
Frente a esta decisión del oficialismo, y tal como lo estaban planteando desde que se avizoró la tozudez de la derecha más recalcitrante, los partidos de oposición acordaron impulsar por la vía legislativa la incorporación de paridad género, cupos reservados para los pueblos indígenas y mecanismos que faciliten la participación de independientes, para dirimir a los integrantes de la convención constituyente.
Mediante un comunicado firmado por los timoneles de Revolución Democrática, Comunes, Partido Liberal, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical, se informó que van a recurrir a proyectos de ley o reformas constitucionales «para garantizar la máxima inclusión social».
«Asimismo, hacemos un llamado a todas las bancadas a poner los intereses de Chile por delante y tener un acuerdo de profundización democrática, aprobando estas medidas al más breve plazo», enfatizaron en el texto.
