Periodista.
Sumando y restando, se está repitiendo una película que se ha visto demasiado en los años recién pasados. Los pequeños atisbos de unidad de los últimos días en las oposiciones, una y otra vez se estrellan con un muro difícil de saltar. Y se estrellan justo cuando se profundizan casi hasta el paroxismo las grietas que se abrieron en la derecha.
Esta situación queda al desnudo ahora cuando se deben tomar decisiones respecto del tercer retiro de fondos previsionales. El gobierno cumplió su amenaza de acudir al Tribunal Constitucional para evitar que se cumpla lo que los diputados votaron favorablemente y que los ciudadanos apoyan en un 80 por ciento. Las oposiciones por su parte se debaten entre acusar constitucionalmente o no al Mandatario. Y entonces, allí están enredados los protagonistas políticos de un lado y otro, luego del portazo que Sebastián Piñera les dio a las esperanzas de miles y miles de chilenos y chilenas. Un portazo que presagia tiempos complejos no sólo para el gobierno y sus sostenedores. También para las oposiciones. Lo probable es que este escenario se ordene a mediados de mayo, cuando los resultados de las postergadas elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores y convencionales evidencien cuál es la fuerza de cada colectividad política. Y cuál es la de los independientes que también compiten.
Es la cercanía de esos comicios lo que a la derecha le impide dar la espalda a los futuros electores. Y la cuenta que sacan es que el fallo del Tribunal Constitucional se dará a conocer poco antes de esas elecciones cuyos resultados pueden ser hasta irreparables para su futuro. Eso es lo que temen. Por eso su rebeldía con el gobierno, que, a estas alturas, ya tiene claro que el desfonde es un hecho.
Las reacciones no se hicieron esperar. Sorpresa, rabia, desconcierto y más amenazas es lo que se respiró en el escenario político y empresarial. Incluso con palabras sorprendentes como las del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien aseguró que, a pesar de ser declarado un trabajo esencial, en su sector «falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno». Más o menos en los mismos términos se pronunció otro empresario. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz cree que el retiro del 10 por ciento “es una mala idea, porque nos crea una situación de cierta dificultad para atraer personal a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores», agregando incluso que «la pandemia y las ayudas del Gobierno han dificultado contratar obreros a los precios habituales». Sólo le faltó agregar que les complica la contratación de mano de obra barata.
Esa mano de obra reaccionó muy distinto. Los trabajadores portuarios de Valparaíso, pertenecientes a la Unión Portuaria de Chile, concretaron el paro de sus actividades anunciado la misma noche del martes tras la decisión del Gobierno de enviar el proyecto del tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional. Y seguirán progresivamente en sus movilizaciones contra el Gobierno, porque “creemos que es un recurso autoritario que es una reminiscencia hacia la dictadura y que finalmente el Tribunal Constitucional funciona como una tercera cámara”. Otras organizaciones sindicales están a la espera, mientras la CUT llamó a una huelga el 30 de abril próximo.
Una reacción reveladora
En Chile Vamos no descartaban la posibilidad de que el gobierno entregara finalmente una propuesta mejor que la del Bono Clase Media, y la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia que no dejó contento a nadie. De haber ocurrido, señalaban algunos parlamentarios, el Presidente habría dado una imagen de control que hoy perdió, de haber ordenado sus filas y entregar una señal de liderazgo y fortaleza, indispensable para los futuros comicios. Nada de eso ocurrió.
Cuando el gobierno cayó en cuenta que, pese a todos sus anuncios de ayudas económicas para detener la aprobación del tercer retiro de las platas de los trabajadores, su propia gente ya estaba decidida a aprobarlo en el Senado. De ahí a anunciar que harían la presentación de inmediato al TC hubo un solo paso. Curiosamente, y con lo que le atraen las cámaras y los micrófonos, no fue el Mandatario quien hizo el anuncio, sino algunos de sus ministros. Sabía lo que vendría y seguramente se midió el cómo lo afectaría en las encuestas, a pesar de que difícilmente va a detener su caída libre que, desde el estallido social, lo tiene en el peor de los mundos.
Las reacciones al anuncio del Presidente fueron inmediatas en el Congreso. Aunque los parlamentarios de oposición y de gobierno sabían que podía recurrir al TC, tal como lo habían anunciado varias veces, confiaban en que el sentido común y la magnitud que había alcanzado la aprobación de la medida en la opinión pública y entre los propios partidarios del gobierno, haría recapacitar al gobierno. El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes le había pedido en todos los tonos al Presidente que no acudiera al Tribunal Constitucional. De hecho, en varias de sus intervenciones en la prensa había incluso advertido que, de hacerlo, “es evidente que esto va a provocar malestar social”.
Cuál más, cuál menos en la derecha, reconocían el difícil período por el que atraviesa Chile. “El momento que enfrenta el país es muy complejo, principalmente para los chilenos que sufren y que necesitan ayuda. El gobierno ha entregado ayudas económicas, pero a muchos no les han llegado. Por eso, desde la UDI hemos insistido en tener una alternativa, como el uso de los fondos del seguro de cesantía”, expresó el presidente del gremialismo, diputado Javier Macaya. Y no sólo eso. Había dicho que “ir al Tribunal Constitucional no puede ser la única respuesta del gobierno”.
La acusación en estudio
Finalmente ocurrió. Y en este momento, las oposiciones estudian la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente. El diputado DC Gabriel Silber anunció la creación de un equipo jurídico transversal para estudiarla. Fue el primero, junto al socialista Leonardo Soto, en plantear la posibilidad de esta acusación. Y aunque en principio las bancadas de ambos partidos habían descartado apoyarla, porque a juicio del diputado Marcelo Schilling, una acusación contra el Mandatario podría terminar transformándose en un “factor de unidad” para el oficialismo en momentos en que la coalición de gobierno se encuentra dividida, hoy están todos sentados a la mesa para analizar las posibilidades de hacerlo.
La bancada DC aseguró que están centrados en respaldar el proyecto ante el TC con su equipo jurídico y que analizarán «en su mérito» la acusación. Daniel Verdessi, quien dirige la bancada democratacristiana precisó, sin embargo, que «no nos interesa derrocar a este gobierno, nos interesa derrotar a la derecha con propuestas serias, responsables y que funcionen. ¿Qué es lo que funciona? Que el tercer retiro salga. Yo no estoy para hacer un show, porque en el Senado se va a perder una acusación constitucional».
El socialista Leonardo Soto planteó que «hemos decidido conformar un grupo de trabajo de todas las bancadas de oposición y que este viernes nos va a entregar los fundamentos precisos y concretos que justifican y fundamentan constitucionalmente esta iniciativa de acusación constitucional. Estamos tranquilos porque en la primera mirada existe el necesario fundamento para hacerlo».
El punto es que no se trata solo del Tribunal Constitucional. Porque -dicen- el Presidente está ejerciendo un derecho, el mismo que los parlamentarios tienen para levantar una acusación en su contra. El diputado Schilling, explicó que buscarán que abarque otros temas, como la responsabilidad en el manejo de la pandemia y la falta de atención a las necesidades económicas de la población. «Así como escuchamos la voz del pueblo, escuchamos también la voz de la directiva del Partido Socialista. En el terreno social, en el terreno económico de protección a la población, es bien dudoso que haya cumplido con su deber constitucional. Vamos a examinar si existen las causales», sostuvo el parlamentario.
La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) dijo que «vamos madurando la posibilidad de ir reuniendo a los diferentes sectores de la oposición, relevar la importancia del tercer retiro, pero como un factor más de análisis dentro de la acusación».
En esta ocasión, también participaron integrantes del PC, Comunes, RD, PR y FRVS, entre otras colectividades, quienes esperan tener un borrador de la acusación este viernes.
Una declaración unitaria
Poco antes del encuentro, salió a la luz una declaración firmada por los líderes de casi todas las oposiciones, dando una señal de unidad frente a esta coyuntura. La firmaron los presidentes de RD, PR, CS, PL, Unir, FC, Comunes, PS, DC, PPD, y el PRO. No aparece la firma del PC y el PH.
“Creemos -dicen- que el Gobierno se ha negado a conducir una política que dé cobertura y considere los montos necesarios para que las familias puedan tomar las medidas de aislamiento que se requieren para disminuir la propagación de la pandemia. Así́ lo han vivido millones de chilenos y chilenas de clase media golpeados en su situación económica que han postulado a beneficios estatales una y otra vez, pero que siguen viéndose marginados”.
Creen que nunca es tarde para enmendar el rumbo e “invitamos al gobierno a liderar soluciones como una Renta Básica de Emergencia, de carácter universal y que sea suficiente para que los millones de chilenos y chilenas que hoy deben estar obligatoriamente en cuarentena no caigan por debajo de la línea de la pobreza”.
Declaran tener la convicción de que el rol del Estado debe replantearse, pasando de la visión subsidiaria hacia una visión anti neoliberal, solidaria y de carácter universal que de garantías económicas para el cuidado de las familias y “que reconozca la dignidad de todas las personas que componen nuestra ciudadanía”.
Respecto al Tribunal Constitucional, señalaron que, si bien es una mala política pública, ”los retiros de fondos de pensiones son la única forma que la ciudadanía encuentra para garantizar su subsistencia mínima en este periodo, teniendo nuevamente que ser los trabajadores y trabajadoras los que pagan los costos de la crisis. Rechazamos categóricamente que el Gobierno haya acudido, sin un mínimo de empatía y sensibilidad, al Tribunal Constitucional, obstruyendo la posibilidad de que las familias puedan retirar el 10% de sus propios ahorros y tener algo de la tranquilidad que no han tenido con las políticas de gobierno”.
Finalmente, y hasta total despacho se votó el tercer retiro del 10% en la Comisión de Constitución del Senado, donde los parlamentarios aprobaron el articulado de la iniciativa y la despacharon a sala para ser votada este jueves por todos los senadores también hasta total despacho.
