Guillermo Williamson Castro, Doctor en Educación y Académico Universidad de La Frontera.
En 1981 se produjo un cambio radical en el rol del Estado en la educación. la dictadura cívico-militar, sustituyó el Estado Docente por uno subsidiario; “descentralizó” el sistema educacional, priorizó su privatización, desatendió la educación municipal; entregó la gestión de la educación técnico-profesional a los gremios o sectores empresariales.
El mercado capitalista, la ideología neo-conservadora y su principal Dios: el dinero, se instalaron en el corazón de la educación ordenando su concepción, funcionamiento y financiamiento. Esto se consolidó en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (10 de Marzo, 1990) como una de las leyes “de amarre” autoritarias, que se modificó, en algunos aspectos, con la Ley General de Educación (Ley N°20.370 o LGE, 2009). Sólo una nueva Constitución podrá sentar las bases para un cambio sustancial, actualizado y participativo.
Pero, como toda acción violenta del poder genera una reacción democrática del pueblo, miles de docentes y educadores populares, algunos académicos, en general expulsados de las universidades, iniciaron un proceso de resistencia y defensa de la educación pública, entendida como propiedad, gestión, financiamiento y/o regulación estatal. Fue con grandes costos personales, profesionales y de vida para militantes políticos, educadores populares y profesores/as aprisionados, asesinados, desaparecidos o relegados a lejanas escuelas rurales. Ha sido la lucha por el derecho a una educación pública sustentada en principios de igualdad, justicia, participación, calidad, gratuidad, laicismo, diversidad, formadora de la ciudadanía democrática, experiencia de convivencia sin discriminación, constituyente de una base cultural nacional compartida, financiamiento adecuado. Con capacidad para que las comunidades de los territorios puedan contribuir, con su cultura y lengua, al curriculum y pedagogía de sus jardines, escuelas, liceos, centros de educación de jóvenes y adultos, educación terciaria.
Se ha luchado porque el estado asuma una responsabilidad privilegiada en la educación pública pues es la institución democrática formada y regulada por la ciudadanía y a quien representa. No se trata de negar la existencia de establecimientos particulares, pero bajo la regulación del estado garante del derecho a la educación de calidad sin discriminaciones de ningún tipo. Si el dinero público financia la educación, la sociedad y el estado que la representa, deben asegurar que responda al bien común e interés nacional, no de grupos de interés social, económico, ideológico, restringidos social y territorialmente. Por eso, el estado debe privilegiar la educación pública, que la ciudadanía entregó bajo su autoridad.
Esto es aún más relevante respecto de las universidades estatales. Las luchas de sus académicos y académicas, por un apoyo estatal que privilegie sus propias universidades es tan antigua como la lucha por la educación escolar pública. En 1987 las movilizaciones sociales en defensa de la Universidad de Chile, bajo la rectoría de José Luis Federici, marcan una primera derrota educacional de la dictadura y dan inicio a las luchas por el desarrollo y financiamiento de la educación universitaria estatal. Con diferentes sistemas de medición y descontando los aportes de los estudiantes, el financiamiento del estado a sus universidad no supera, en promedio, un 20% de su presupuesto corriente. Por ello la necesidad de asegurarles, en un primer momento, un financiamiento basal que asegure calidad, desarrollo, investigación, innovación, docencia de pre y posgrado, vínculo con el medio, desarrollo y estabilidad de funcionarios académicos y administrativos. La lucha de las Asociaciones Gremiales de Académicos de base y su Federación nacional (FAUECH), como de estudiantes en el CONFECH, de la ANTUE de los funcionarios administrativos y recientemente de la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores, ha sido inclaudicable, activa, institucional y en las calles. Es tiempo de responder a ellas.
Por eso es tan relevante el Discurso del Presidente Gabriel Boric en la reciente Cuenta Pública (1° Junio, 2022) cuando señala: “promoveremos un nuevo trato entre el Estado y sus Universidades”. Es por lo que se viene luchando hace décadas. Esperamos que se demuestre en la práctica, para lo cual las organizaciones tienen la mejor y mayor disposición a colaborar, más aún en el contexto de la Nueva Constitución.
El Rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, señalaba recientemente que “segregar a los alumnos por el carácter jurídico de la universidad en la que estudian sería una monstruosidad, una barbaridad” (El Mercurio, 04.06.22. C-7). Es lo que se ha sostenido en estas décadas, desde 1981: la diferencia entre lo público y privado, entre lo estatal y lo privado, es sólo una cuestión jurídica. Nada más distante de quienes –hace décadas- han luchado por el derecho a una educación de calidad sin discriminación, laica y gratuita, de cooperación y no competencia, intercultural y orientada al bien común ciudadano. No es una diferencia jurídica lo que distingue estas posiciones, es la negativa de los educadores transformadores y críticos a que sea el dinero el eje de la educación y el mercado capitalista el de la distribución del conocimiento cultural en la diversidad social, cultural, etaria, de género y territorial de la sociedad. Democracia y justicia social exigen democracia y justicia educacional: próximo desafío para el Estado y sus universidades.
