Periodista.
Ni en la peor de sus pesadillas, Sebastián Piñera Echeñique soñó que en mitad de su mandato no sólo estaría enfrentando la más baja adhesión experimentada por un mandatario desde el retorno a la democracia, sino que además -pese a los buenos augurios en el ámbito externo- tendría a los agentes económicos hablando de una “recesión técnica” en el país.
Su sueño era presidir la COP25 en casa, firmar los acuerdos entre EE.UU y China en Chile, retomar a paso decidido el crecimiento y entregar sin mayores sobresaltos el próximo gobierno a alguien de las filas de la derecha.
Ese ideal murió sin retorno a partir del llamado 18-0, que para su desgracia lo dejará en la historia como el primer Mandatario que sacó, por motivos políticos, a los militares a las calles con un saldo en materia de derechos humanos que aún no termina de consolidarse.
Pero siempre su fuerte fue la economía, el crecimiento que volvería a retornar al país en gloria y majestad, con su secuela de inversión, empleo y mejoras sociales.
Si ya en el plano político le corresponderá administrar algo que nunca estuvo en su agenda, una nueva Constitución, también deberá administrar un escenario económico bastante inédito en la historia reciente del país. Un Imacec que cae a su nivel más bajo en 10 años (-3,4%), comparado nada menos que con el -3,5% que cayó en julio de 2009, en plena crisis subprime; un desempleo que con toda probabilidad bordeará el 10% como no ocurría, también desde hace 10 años atrás. Escenarios solo comparables a las peores crisis económicas de los últimos 25 años: la crisis asiática de 1999 y la temida subprime de 2009.
Y lo peor de todo es que si apenas se venía sosteniendo un nivel de actividad que con suerte llegaría al 2% en 2019, antes de la crisis social, después de ésta ya hablamos de no más de 1,4%, y sorprendidos agentes económicos hablaban sin poder creerlo de una “recesión técnica” a fines de este año y principios del próximo, la que se configura con dos trimestres seguidos de actividad negativa.
El propio Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que se ha multiplicado por tres para hacer frente a la crisis, admitió que la situación vivida por el país implicaría unos 300 mil empleos menos en la economía. Y por más que le echen la culpa a la movilización social, quienes prometieron “tiempos mejores” están en las antípodas de cumplir tales expectativas ante la ciudadanía que, simplemente, resentirá los efectos responsabilizando a quienes o no hicieron lo suficiente para captar la olla de presión social que se estaba incubando en el país (como lo advirtieron muchas veces los especialistas de la anterior administración) o simplemente no hicieron nada para evitar su estallido.
El dólar, a pesar de la histórica intervención del Banco Central, (cuyo Presidente, militante socialista, nos ha negado dar una entrevista durante meses) ha continuado mostrando una tendencia alcista, por sobre los $800- no creyéndole a las medidas y anuncios del Ejecutivo-, con evidentes repercusiones en la inflación, lo que sin duda hará más receloso al Instituto Emisor de seguir concretando la rebaja de tasas que venía impulsando (el Grupo de Política Monetaria ya pidió mantenerla en su nivel actual), y se traducirá en alzas de precios de todos los productos y artículos importados. De hecho, en forma inédita en las últimas décadas, hay analistas que ya están apuntando a una inflación del 4% para el próximo año lo que se saldría por primera vez del rango del 3% con que se ha manejado el Banco Central en los últimos años.
Sólo la esperada debilidad del consumo y de la actividad económica general hará de contrapeso para evitar una recesión económica, que además tenga como componente un aumento de la inflación.
Adelantando la actitud del Banco Central, las tasas de captación del mercado financiero ya subieron, haciendo más estrecho el mercado del crédito, que recién venía soltándose con las anteriores rebajas de tasas del BC. Y los exportadores, que podrían aprovechar la racha alcista del dólar, tampoco lo están haciendo porque las exportaciones llegaron a US$ 4.003 millones en noviembre, más de un 15% inferiores a los de igual periodo del año pasado.
Medidas paliativas
En este cuadro al Ejecutivo no le quedó otra que salir a mostrar un paquete de reactivación por US$5.500 millones. Parece rimbombante, pero en realidad es lo mínimo que podía hacerse al respecto. Esto implicará que el gasto público crecerá casi un 10% (9,8%) real comparado con el Presupuesto 2019, lo que elevará el déficit fiscal hasta un 4,4%. Si el ex ministro Felipe Larraín hubiese escuchado esto probablemente habría dicho “sobre mi cadáver”. Por eso Piñera fue rápido en hacer este cambio clave en el equipo económico al prever la crisis económica que se venía.
Fortaleciendo instrumentos de seguridad social creados por los gobiernos de la Concertación, como el seguro de desempleo gestado por el ex Presidente Lagos, hablando de otras ya anunciadas como el aumento de las pensiones del pilar contributivo (las que van a “sectores medios”), el proyecto de ingreso mínimo garantizado; mayor inversión pública, pronto pago de proveedores del Estado y algunas medidas del ámbito tributario para las pymes, como facilidades para el pago del IVA y la devolución anticipada del impuesto a la renta, fueron parte del cóctel anunciado por el Ejecutivo.
En síntesis, la medida más llamativa del paquete anunciado, el fortalecimiento del seguro de cesantía operará como un colchón mejorado para aquellos trabajadores que pacten jornadas de trabajo inferiores con sus empleadores (con la consiguiente baja de remuneraciones) y en la práctica lo que se hará será aumentar la tasa de referencia (reemplazo) respecto del sueldo original en forma transitoria en los tres primeros meses del cobro del seguro. También se disminuyen requisitos como la cantidad de cotizaciones que se requieren para hacer uso del beneficio.
Pero si por un lado se trata de apuntalar el empleo y las remuneraciones, por el otro se afecta desvinculando funcionarios del aparato público y trabajadores del sector público y privado en general, con clásicos despidos en estas fechas, más allá del tema social en juego. Según la Dirección del Trabajo casi 100.000 personas (99.678) han sido notificadas en el sector privado de su despido bajo la causal de “necesidades de la empresa” entre octubre y noviembre de este año, a los que se agregarán los que están saliendo desde fines de noviembre en el sector público producto de la no renovación de las contratas.
Justamente este último es uno de los temas que se está tratando en la Mesa del Sector Público que está sesionando en estos días, los despidos del sector público y otro dolor de cabeza para al Ejecutivo: el reajuste y beneficios del sector público para el 2020. El horno no está para bollos en materia de movilizaciones y probablemente el Ejecutivo tendrá que aceptar un acuerdo que no quería con los trabajadores fiscales.
En fin: de pronto las oficinas del Seguro de Desempleo se comenzaron a atiborrar de gente despedida y el panorama no se ve positivo para los próximos meses. Sin duda las medidas de corte social, como el aumento de las pensiones, o las rebajas (o no alzas) de algunos servicios básicos, además del bono por $100.000 que el Ejecutivo sacó desde el sombrero en estos días, podrían ayudar a repuntar en alguna medida el pilar de la economía chilena: el consumo. En un mes como diciembre donde tradicionalmente se realizan compras habrá que darle respiración boca a boca a la economía para que logre pasar uno de sus peores momentos en las últimas décadas.
