Periodista.
Empezaron los dolores de cabeza de verdad con respecto a las repercusiones en la economía de la crisis sanitaria. Y va quedando más claro que acá se discuten dos visiones muy diferentes: contener a rajatabla las presiones de gasto y creer simplemente que la austeridad fiscal y, en algún momento, el crecimiento económico, permitirán enfrentar la situación…o…abrir la billetera fiscal aumentando el endeudamiento y/o utilizando los ahorros del país.
Podrán anunciarse muchos ejercicios financieros, pero la disyuntiva de fondo es esa, como lo comparten, a estas alturas, casi todos los economistas reputados de la plaza.
La verdad, las señales del descalabro económico ya habían comenzado cuando miles de chilenos se agolparon en semanas pasadas en las oficinas del Seguro de Cesantía, para cobrar los dineros que se supone ya se dieron por un mes y solo quedarían dos meses de pagos, que ya serán menores en monto.
La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, ya adelantó que esos miles de chilenos, en la práctica cesantes, no serán considerados en las cifras como desempleados por el INE porque aún mantienen una frágil relación laboral con sus empleadores. Imaginémonos cómo serían las cifras si este beneficio no existiera, el que de paso hay que agradecérselo a los gobiernos de la Concertación.
Pero los dolores de cabeza comenzaron tempranamente cuando se entregó el indicador de desempleo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC que ubicó el indicador de abril en 9%, morigerado sólo por los planes de utilización del seguro de desempleo impulsados por el Gobierno, como lo reconoció su director David Bravo. El mismo economista dirigió por años el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile que situó el indicador, esta vez para el Gran Santiago, en un 15,6%, la cifra más alta en 20 años.
Extrañamente a los pocos días, el Instituto Nacional de Estadísticas, que tiene su propio embrollo de como constituirse en una entidad autónoma de los gobiernos de turno, solo habló de una desocupación del 8,2%, que no obstante ya era el registro más alto en una década. Y las mujeres rozaron el famoso 10% (9,7%) con una tasa de ocupación informal que alcanzó un 28,9%, la más alta de toda la serie. Pero esos son los resultados correspondientes al trimestre móvil enero-febrero-marzo, es decir, que aún no recogen completamente los efectos de la pandemia y sus derivadas cuarentenas en la Región Metropolitana y otras zonas del país, lo que se comenzará a registrarse durante los meses de abril y mayo.
IMACEC maldito
Pero lo que ya terminó de encender todas las alarmas de emergencia en el Gobierno fue el indicador del IMACEC de abril, conocido ayer, que esta vez sí es entregada por una entidad autónoma del Ejecutivo: El Banco Central. Una caída brutal de -14,1 por ciento, que resultó peor que todas las predicciones de los analistas que apostaban por una baja de “solo” –11%.
Como este indicador solo se comenzó a aplicar desde 1986, solo cabe comparar la cifra con una de las peores bajas desde la crisis de los 80, una de las peores que ha vivido el país. De hecho, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre recordó que durante la crisis del 82 el crecimiento llegó a caer algunos trimestres en un 19%, igual que en la crisis del año 75, con similar guarismo. Pero obsérvese cómo nos vamos acercando a los peores indicadores de crecimiento del país en 40 o 50 añosy ya se sabe que probablemente el IMACEC de abril será aún peor, “bordeando el -15% o -16%”, como sostuvo el economista Hernán Frigolett.Incluso el presidente de los empresarios (CPC), Juan Sutil, con su habitual franqueza, no descartó una baja del –20% en el mes de mayo.
Y el IMACEC mensual permite ir afinando, a la baja, las proyecciones de crecimiento de la economía para este año completo, las que el presidente de la CPC ya ubicó en -4%, aunque otros analista creen que podría llegar a caer un -5%.«Estamos en un partido de fútbol donde estamos perdiendo 3-0 en el primer tiempo, por eso necesitamos que todos los jugadores salgan unidos para ganar el segundo tiempo: que es ganarle a la pandemia y al reenganche de la economía», indicó Sutil, usando una analogía futbolera.
Ya el presidente del Banco Central, Mario Marcel, había adelantado en una reciente reunión con periodistas de la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF) que el Instituto Emisor debería ajustar- obviamente a la baja– sus proyecciones de crecimiento para el presente añodebido a que en las anteriores estimaciones no estaba aún contemplado el efecto del extenso confinamiento de la Región Metropolitana.
Ni qué decir que estos fríos indicadores macroeconómicos tienen obvias implicancias en lo social. La Cepal ya advirtió que esto repercutirá en los niveles de pobreza de los diferentes países latinoamericanos y esta vez el buen alumno que es Chile tampoco se salvará del mismo efecto, afectando décadas de trabajo en este sensible plano.
«Los efectos de la COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde que existen registros, en 1900», indicó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, quien advirtióque para encontrar una contracción similar hace falta retroceder hasta la Gran Depresión (-5%) o 1914 (-4,9%).
Si la baja del crecimiento anual de Chile no supera el –4%, se encontraría, junto a Uruguay, Perú y Costa Rica, en la mediana de los países más afectados, pero si supera esa cifra se acercará al grupo de los más complicados, junto a Brasil y Argentina, que se estima caerán entre –5% y –6%.
Asimismo, advirtió que la recesión tendrá efectos gravísimos en el desempleo regional, con casi 11,6 millones de personas que perderán sus trabajos y una tasa de cesantía que aumentará hasta el 11,5 %. El organismo internacional calcula que la tasa de pobreza regional aumentará en 2020 del 30,3 % a 34,7 %, lo que significa un incremento de 29 millones de personas, es decir el casi doble de la población chilena, y que la pobreza extrema escalará hasta el 13,5 %, perdiendo lo ganado en décadas anteriores.
Sobre cajas y ayudas
“Estamos entrando en la noche oscura, más larga y más fría de esto”, dijo un apesadumbrado Ministro de Economía, Lucas Palacios, tras las últimas cifras económicas.
Parece existir bastante consenso que en esta materiael Ejecutivo no dimensionó la profundidad de la crisis social derivada de la pandemia y que, además,definitivamente a muchos en el Gabinete “les falta calle”. Lo ilustró casi con ingenuidad el propio Ministro Mañalich, pero ¿es posible que en Gobierno no existan asesores que no sepan que en este país una proporción relativamente menor de trabajadores tiene el privilegio de la formalidad en materia de empleo y que una enorme cantidad de chilenos surgen en la más completa informalidad económica?
“La derecha demuestra que no tiene idea de cómo funciona el país real en Chile, su realidad laboral, habitacional y otras dimensiones sociales”, aseguró un analista.
Y lo peor es que las ayudas prometidas sencillamente no han estado llegando o lo están haciendo a un ritmo tremendamente lento. Aún hoy hay miles de familias esperando las famosas cajas de alimentos, algo que tiene un tufillo de populismo evidente, pudiendo haberse sencillamente aumentado el Ingreso Familiar de Emergencia.
Además respecto de este último beneficio, Carlos Montes advirtió: “El Ingreso Familiar de Emergencia solo le llegó a 400 mil familias, pero hay un millón y medio de familias que se dijo que se les iba a entregar y aún no les llega”.
Andrea Repetto, reputada economista de la plaza,de la Universidad Adolfo Ibáñez, lo dijo sin tapujosen Emol: “El Gobierno hizo planes con la meseta de contagios en la cabeza”, es decir previendo que saldría de esta situación en una plazo acotado y no como está ocurriendo en la actualidad en que tras más de dos semanas de cuarentena en Santiago los números de contagiados y fallecidos no dejan de subir.
“Cómo le va a ir a la economía en estos meses depende de cómo le vaya a la estrategia sanitaria”, subrayó, agregando que “estamos en una crisis humanitaria” y que necesitamos un plan y aplicarlo con agilidad, medidas como Ingreso Familiar de Emergencia se quedaron cortas en monto y cantidad de personas y el próximo mes es decreciente porque se suponía que la gente iba a poder salir a trabajar. “Hoy hay asignados US$2.000 millones y no se ha gastado ni siquiera la mitad”, advirtió.
“La estrategia del Gobierno, hasta ahora, es que ha gastado muy poco: el 2% Constitucional, US$100 millones para municipios, hasta US$2.000 millones a familias vulnerables, pero el resto han sido reasignaciones o reducciones de impuestos que se posponen dentro del propio año…Es muy poco elverdadero gasto adicional”, subraya Repetto.
“Lo que me preocupa, más que si el financiamiento(de los nuevos planes) proviene del ahorro o del endeudamiento, es la insistencia de hacerlo vía de reasignaciones o de esperar que el crecimiento económico futuro vaya a generar los ingresos suficientes del Estado para poder financiar esto. El problema es que eso significa que de alguna manera estamos metidos en esos decretos fiscales que se plantearon hace algunos meses atrás y que significaría que el próximo año el gasto fiscal debería caer entre un 8 y un 10% y eso sería muy malo para la economía”, enfatiza.
“Necesitamos un Fisco que haga todo lo contrario, que apoye la reactivación, que permita más gasto, más actividad y más empleo. Sería macroeconómicamente muy malo, socialmente muy malo, pensar que el instrumento (es el ahorro fiscal), porque eso significa que vamos a tener que retirar gasto el próximo año”, subrayó.
Repetto, junto a otros economistas como Rodrigo Valdés, José De Gregorio, Sebastián Edwards , Claudia Sanhueza y Claudia Martínez, fueron convocados por el Colegio Médico- que parece estar dando la pauta al Ejecutivo sobre qué hacer en materia sanitaria y también económica- y firmaron una carta en la que sostienen que «todo indica que los programas actuales no son suficientes y que habrá que desarrollar nuevas estrategias de gasto público que ayuden a reducir las dificultades económicas que afectan a la población».
«Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo -US$12 mil millones o 5% del PIB- como marco de referencia, o ancla, para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el Gobierno», expusieron, calculando que «se podrían destinar en torno a US$670 millones al mes».
“Esto hay que hacerlo bien y eso significa no hacer falsos ahorros”, espetó por su parte, el ex ministro Nicolás Eyzaguirre, quien calculó que una verdadera ayuda económica sería en torno a los 80 o 100 mil pesos por persona, para que la gente realmente pueda cuidarse en casa y no seguir expandiendo la pandemia, porque si no controlamos la enfermedad seguiremos teniendo estos resultados económicos “y al final no controlamos nada”.
Ya el 26 de mayo, la Comisión Económica del PS, planteó en una declaración pública que el ingreso familiar de emergencia requería un “urgente refuerzo en monto y cobertura de hogares” y una “automatización de los mecanismos de acceso”.
El salvavidas de los acuerdos
Ante tamaño escenario, que por cierto ya estaba proyectándose en el Ejecutivo después de que lasfamosas cuarentenas móviles al final no dieran ningún resultado y debiera recurrirse a prácticamente toda la RM, el llamado a los acuerdos nacionales no tardó en esperar. Es como “¿y ahora quien podrá defenderme?”.
El senador Carlos Montes, fue muy claro en que el tema no debía denominarse “acuerdo nacional” sino simplemente un Plan de Emergencia que funcione de verdad.
Esa imagen de control que mostraba el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para enfrentar la crisis social y los primeros meses de la pandemia ya ha pasado de ser de franca preocupación. Se le ve agotado y hasta demacrado, producto de ya meses de tratar de “cuadrar el círculo”, aunque muchos analistas saben que detrás de la estrategia de las medidas a cuentagotas y de apretar el bolsillo hasta el final, está el propio Presidente Piñera, que se juega ya algunos de sus últimos cartuchos en esta batalla, que sin duda marcará a fuego su administración.
Leer aquí declaración Comisión de Economía Partido Socialista de Chile
