Analista sociopolítico Foco LATAM | Profesor e investigador en Ciencias Sociales. Doctorando de la Universidad de Tarapacá. Profesor de Historia Universal, Master en Educación Ciudadana. Licenciado en Educación de la Universidad de Camagüey
El viernes 27 de marzo, el patio del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama fue el escenario de un hecho que ningún país debería normalizar. Un estudiante de cuarto medio ingresó al colegio con un arma blanca y elementos acelerantes. Apuñaló a dos inspectoras y tres alumnos. María Victoria Reyes, de 59 años, murió mientras intentaba proteger a sus estudiantes.
La conmoción fue inmediata. También la respuesta: querellas por homicidio, proyecto “Escuelas Protegidas”, revisión de mochilas y endurecimiento de sanciones. Una encuesta Criteria reveló que un 75% de la ciudadanía respalda la mano dura.
Y tienen razón en exigir consecuencias. Quien comete un crimen debe enfrentar la justicia.
Pero hay una pregunta que nadie quiere hacer en medio de la indignación: ¿y después del castigo, qué?
Porque perseguir penalmente a un adolescente no evitará que otro estudiante, en otra ciudad, cargue mañana su mochila con un cuchillo. La única manera de hacer desaparecer estas actitudes es entender algo elemental: la violencia se aprende. Y lo que se aprende, también se puede desaprender.
La ilusión del control
El proyecto “Escuelas Protegidas” suena bien en el titular. Pero instalar detectores de metales no desactiva el rencor, la desesperanza o la rabia contenida que lleva a un joven a cometer un acto extremo. Peor aún: convierte los colegios en recintos controlados, no en espacios de formación.
La evidencia muestra que estas medidas generan efectos perversos: estigmatización de los estudiantes, criminalización de la pobreza y erosión de la confianza entre adultos y jóvenes. El exsubsecretario Neftalí Carabantes lo advirtió: “El riesgo es legislar rápido y aprobar una ley simbólica y de nulo impacto real”.
El castigo mira al pasado, al delito ya cometido. La pedagogía, en cambio, mira al futuro.
Lo que realmente necesitan las escuelas
Para que estas actitudes violentas desaparezcan —no solo se repriman— se requieren tres cambios profundos.
Primero: entender que la convivencia no es un lujo, sino el eje del sistema escolar. Hoy, en Chile, cada tipo de escuela enfrenta la violencia de manera distinta y desigual. En las escuelas públicas, la falta de recursos y la segregación territorial convierten muchos patios en territorios sin reglas claras. En los colegios subvencionados —que concentran la mayor matrícula— la presión por resultados académicos a menudo invisibiliza el conflicto o lo resuelve con expulsiones rápidas. En los privados, la violencia adopta formas más silenciosas: bullying psicológico, discriminación, acoso encubierto. La convivencia no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de cada director. Se requieren estándares mínimos obligatorios para todo el sistema, sin importar su financiamiento.
Segundo: pasar del castigo vacío a la sanción con sentido formativo. Un estudiante que comete un acto violento debe enfrentar consecuencias claras. Pero también debe ser sometido a un proceso paralelo: acompañamiento psicológico, trabajo comunitario de reparación, formación en habilidades emocionales. La expulsión sin reinserción —como ha ocurrido con la Ley Aula Segura— no soluciona el problema, solo lo traslada a otro colegio o, peor, a la calle.
Tercero: construir vínculos, no muros. La mejor seguridad es aquella que genera pertenencia y cuidado mutuo. Esto significa instalar espacios regulares donde los estudiantes puedan expresar sus diferencias, gestionar sus emociones y resolver conflictos sin recurrir a la agresión. No es ingenuidad: los programas de mediación escolar bien implementados han demostrado reducir significativamente los episodios violentos.
Lo que falta en la discusión
Ninguna de estas medidas funcionará si se implementan de forma aislada. Se requiere:
· Equipos de salud mental estables en cada colegio, no un psicólogo que apaga incendios.
· Formación real para docentes y asistentes de la educación en manejo de conflictos. Hoy se les exige contener, pero no se les forma para hacerlo.
· Trabajo con familias, porque la violencia muchas veces se reproduce en el hogar y se traslada a la escuela.
Conclusiones finales
El tratamiento jurídico del hecho delictivo es necesario. Pero no es suficiente. Perseguir al agresor de Calama no evitará el próximo episodio.
El castigo llega tarde. La pedagogía, en cambio, llega a tiempo.
La pregunta no es si endurecemos las penas. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer lo más difícil: construir, desde la sala de clases, un país donde estos hechos simplemente dejen de tener sentido.
