Las 40 Medidas de la Dignidad

Manuel Cortés

Periodista.

“Esta es la firme compañero”. Así rezaba el sencillo folleto que promovía las 40 primeras Medidas del Gobierno del Presidente Salvador Allende. Un listado simple y directo de las primeras medidas que adoptaría el gobierno popular, que parecían simples y -con una mirada actual-, casi ingenuas, pero que representaban una transformación telúrica para la sociedad chilena de la época.

A continuación repasaremos y comentaremos algunas de esas medidas, que hoy resuenan como ecos del pasado, con una especie de candor que emociona por su enfoque popular y donde, además, la mayoría de ellas se mantienen aún como demandas ciudadanas.

A pesar de los icónicas que fueron estas medidas, donde elementos como el Medio Litro de Leche, trascendieron incluso a nivel internacional, por lo que representaban como aporte nutricional a la infancia, sin duda que las medidas económicas más trascendentes del gobierno de Allende, fueron la profundización de la reforma agraria- que plantó las bases para el desarrollo exportador hortofrutícola posterior, y por lejos, la nacionalización del cobre, cuyos frutos reciben hasta hoy todos los chilenos. El desarrollo posterior de Chile no habría sido posible sin estas dos grandes transformaciones. Y la semilla de lucha que implicaron otras muchas, grandes y pequeñas transformaciones, sigue presente en el imaginario colectivo del pueblo.

El poder simbólico de estas 40 “sencillas” medidas y lo que representaban para sus destinatarios, a los que Allende siempre hablaba, se mantiene y aún resuenan en los recuerdos de trabajadores y campesinos, que supieron que hubo un gobierno en Chile, asumido en democracia, que quiso realmente representar los intereses populares, que quiso realmente poner el trabajo como motor de la actividad productiva.

Es imposible entrar al detalle de las 40 medidas porque cada una tenía un objetivo y contexto determinados. Por ello agruparemos algunas y profundizaremos en las que consideramos más relevantes, siendo todas ellas importantes en lo simbólico y coyuntural.

Las primeras 6 propuestas de entre las 40 medidas que se planteaba la administración del Presidente Salvador Allende, tenían que ver con importantes propuestas de austeridad en materia de servicio público. El “compañero Presidente” quería dar señalas inequívocas de austeridad fiscal, que se condijera con las condiciones de marginación y pobreza que sufría una parte importante de la población.

Con eso tenían que ver medidas como la “supresión de los sueldos fabulosos”, “no más asesores”, “honestidad administrativa”, “no más viajes fastuosos al extranjero” (recordemos que Frei Montalva, realizó varios viajes a Europa y América Latina, además de recibir las visitas del Presidente de Francia, Charles de Gaulle, y en noviembre de 1968, durante una semana, la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe); “no más autos fiscales en diversiones” y el “Fisco no fabricará nuevos ricos”. La prioridad que les dio, al ubicarlas en primer lugar, mostraba a un Allende con la concepción de que los servidores públicos se debían a los chilenos y en particular, a los menos favorecidos de la sociedad.

Seguidamente vienen unas cuatro medidas vinculadas a temas previsionales: “jubilaciones justas, no millonarias”; “descanso justo y oportuno”; “previsión para todos” y “pago inmediato y total a los jubilados y pensionados”. Esto refleja otra gran preocupación de la época, de ese entonces, como de hoy. Incluso Allende estaba preocupado por las jubilaciones de los militares que eran muy bajas en ese momento, al contrario -ciertamente-, de cómo evolucionarían después. Otro problema que se mantenía, tal como hoy, eran las personas independientes y que no contaban con cotizaciones regulares. El sistema de reparto existente, con todas sus falencias, era como su nombre lo indica un mecanismo que, a diferencia de la capitalización individual de hoy, permitía a todos tener una jubilación más o menos digna. Por cada jubilado existían más de 10 trabajadores activos que aportaban, a lo que se sumaban los aportes de Estado (cerca del 30% del total), todo lo cual iba a un fondo, que aseguraba pensiones dignas a los chilenos, dependiendo de la Caja de Previsión a la que pertenecieran. No obstante, igual tenía problemas de cobertura y algunas pensiones bastante bajas, o exigencias y requisitos especiales dependiendo de las Cajas, todos desafíos que Allende buscaba enfrentar, con cambios específicos, pero importantes en la materia.

Seguramente el “Compañero Presidente” nunca imaginó que el sistema sería completamente privatizado en el futuro y cada cual tendría que rascarse con sus uñas en materia de jubilación.

El medio litro de  leche

Seguidamente, se alistan 7 medidas, de las 40, que se vinculan con la enorme preocupación de Salvador Allende por los niños y su salud, partiendo por el famoso “Medio Litro de Leche” que marcó un hito tremendamente simbólico en materia de nutrición infantil. Como sabemos, Allende, médico cirujano de la Universidad de Chile, había sido Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social de Pedro Aguirre Cerda y conocía al dedillo la realidad sanitaria del país, como que le tocó elaborar en su momento un Programa Nacional de Salubridad, entre otras múltiples políticas públicas.

Testimonios de la época dan cuenta del enorme impacto que tuvo esta medida en la sociedad chilena, aunque también fue triste, para quienes lo vivieron, la relativa incomprensión que se tenía al respecto. Al punto de que la leche en polvo que se distribuía (un producto nuevo en ese entonces) era a veces malgastado o se usaba para los fines más insólitos, como marcar los bordes de una cancha de fútbol. Hoy la leche en polvo constituye uno de los productos básicos más caros y preciados para las familias que se puede encontrar en un supermercado.

“No debemos tener más niños desnutridos en Chile”, rezaba el Programa Nacional de Leche, precisando que el  Programa Nacional de Alimentación Complementaria, tenía como propósitos: “contribuir a promover el desarrollo y crecimiento normal en las primeras etapas de la vida del hombre; prevenir la desnutrición infantil y elevar el nivel nutricional y de salud de la población”.

“Los niños mal nutridos representan alrededor del 20% de nuestra población total. Esta situación es grave para el país ya que para poder alcanzar el desarrollo económico, social y cultural, es preciso contar con hombres sanos, capaces de trabajar y producir. El Gobierno, a través del Programa de Alimentación Complementaria, está preocupado de corregir esta situación, asegurando una ración diaria de leche, según sus necesidades, a todos los niños, embarazadas y madres que amamantan a sus hijos”, detallaba el citado Plan.

En 1970 la pobreza en Chile era de 50% y más de 80 niños de cada mil nacidos vivos morían antes de haber cumplido un año. La desnutrición era la causa fundamental, un dato que la ilustra es que el 60% de los niños menores de dos años, atendidos en el hospital Sótero del Río presentaba algún grado de desnutrición.

El Presidente Allende declaró que los únicos privilegiados en su gobierno serían los niños y esa es la razón de esas tres medidas, más de 3 millones de niños y más de 600.000 mujeres embarazadas, y que estuvieran amamantando, recibían en 1973 el medio litro de leche, cientos de miles de niños recibían desayunos y almuerzos en las escuelas. Ese esfuerzo del gobierno fue acompañado de una movilización sin precedentes de voluntarios de trabajadores de la salud profesionales y no profesionales, que salieron a educar en salud, vacunar, hacer campañas de prevención, modificando así hábitos culturales muy enraizados.

“Quienes vivimos como testigos esa experiencia no podremos olvidar lo que pasó en las poblaciones en las que vivíamos o trabajábamos, donde se formaron Comités de Salud, con mujeres que se capacitaban y enseñaban a otras, lo que habían aprendido; o que ponían inyecciones, o hacían curaciones. Todo eso como consecuencia de la pelea contra la desnutrición infantil”, señalan testigos de estos épicos esfuerzos.

A similares objetivos, la salud general, especialmente de los niños y las madres, además de su bienestar y educación, apuntaban medidas como “crearemos el Ministerio de Protección a la Familia”; “igualdad en las asignaciones familiares” (que como se sabe, atañen a pagos por carga familiar); “mejor alimentación para el niño”; “consultorio materno infantil en su población” y “verdaderas vacaciones para todos los estudiantes”…y “el niño nace para ser feliz”, en el plano educacional, con el expreso objetivo de “daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de la enseñanza básica”.

“A pesar del desarrollo económico y social que Chile había alcanzado y la educación en el periodo de Aguirre Cerda, existía un desfase importante entre el sistema educacional que teníamos y las necesidades reales en vistas a un desarrollo industrial y técnico que tenía el cobre como su eje principal. En este sentido era urgente incorporar a la población escolar y universitaria a una educación nacional que respondiera a un nuevo desarrollo económico, nacional, democrático e inclusivo”, señalan testigos que vivieron esta época de  importante desarrollo social.

¿Qué diría hoy Allende de realidades como las conocidas en el Sename? ¿O del hecho de que cerca de 700 mil jóvenes no estudian ni trabajan en Chile?

Casa, luz y agua potable para todos

Desde la medida 19 a la 23 están vinculadas a la vivienda y las condiciones de habitabilidad de los sectores populares y los trabajadores. Medidas como “casa, luz, agua potable, para todos”; “no más cuotas reajustables Corvi”; “arriendos a precios fijos”; “sitios eriazos ¡no!, poblaciones ¡si!”; y “contribuciones solo a las mansiones”, apuntaban a estos objetivos.

En línea con lo anterior, el Gobierno de Allende se proponía un gran plan de construcción de viviendas, las que seguían siendo un bien tremendamente escaso para la población y la idea era ocupar estos terrenos para construir viviendas, que los propios pobladores pudieran ir posteriormente mejorando. En ese tiempo reinaban la mediagua y las fonolas y solo el que tenía algún dinero podía conseguir armar una mejor casa, más equipada y un techo de zinc o pizarreño. Había ya una historia en Chile de tomas y formación de campamentos en terrenos públicos y privados, debido a las fuertes carencias en materia de vivienda.

El país ya tenía una práctica ganada en lo que se refiere a tomas de terrenos para la vivienda. A principios del año 67, en la ex comuna de Barrancas (actual Lo Prado y Cerro Navia), miles de familias levantaron la población Herminda de La Victoria. Después vendrían la José María Caro, La Victoria, la Santa Adriana, Nueva La Legua, La Pincoya, Pablo Neruda y La Bandera. “Entre 1967 y 1972 se cuentan 312 tomas que involucran a 54.710 familias, y a pesar de la marginalidad legal, en el gobierno de Allende eran asesoradas por el MINVU, orientando a los pobladores para elegir mejores terrenos y colaborando a la urbanización”, y la obtención de servicios básicos, citan relatos periodísticos al respecto. La meta era construir viviendas de 36m2 y 52m2 las que se financiarían con recursos del Estado y dividendos asociados a largo plazo, con 0,5% de interés, y con los recursos del cobre.

Así como Frei Montalva se había empeñado en entregar vivienda a los sectores medios y medio-bajos, Allende quería desarrollar un fuerte trabajo en materia de vivienda a los sectores populares que les permitiera salir de los campamentos y tomas irregulares. “Así se edifica en Las Condes la Villa Carlos Cortés (en honor al fallecido obrero socialista y Ministro de Vivienda de la UP) en 1972, con mil 38 departamentos, se construyeron en total 73.000 viviendas en el primer año, aumentó en un 8% anual las construcciones habitacionales, se logró construir 221.000 m2 en establecimientos educacionales en 1971, se levantó un total de 156.000 viviendas con un promedio de 52.000 unidades anuales. También participaron medianas empresas, que aportaron en la construcción en sitios muy alejados”, señala Crónica Digital sobre el proceso. No obstante, las convulsiones posteriores durante su gobierno, incluido el boicot de los empresarios de la construcción, impidieron una parte importante de este esfuerzo.

Hoy, silenciosamente, en diversos puntos del país y por cierto en la capital, nuevas instalaciones, que ni siquiera pueden llamarse tomas, se despliegan por el territorio, cuando la vivienda se ha transformado en un bien inalcanzable para un gran sector de chilenos.

Una Reforma Agraria de verdad

Valga comentar, a modo de contexto, que el proceso de profundas transformaciones que buscó realizar Allende contemplaba lo que hoy se visualiza como la construcción de un “Estado Popular, con una economía planificada”, la que estaría en gran parte de sus áreas y servicios estratégicos estatizada. En ese marco y tras el enorme éxito que fue la nacionalización del cobre, apoyada por todos los sectores políticos en el Congreso, Allende no tuvo la misma suerte con el proceso de estatización y sólo logró avanzar en ello, recurriendo a legislaciones antiguas que se remontaban a la República Socialista de 1932. También se utilizó mecanismos como la compra de acciones, lo que en conjunto “le permitió controlar casi el 80 por ciento de las industrias y un número importante de bancos”. Eso desde el lado de la economía real, pero si hubo un proceso transformador por excelencia en su administración, e incluida expresamente en sus 40 Medidas, fue una “reforma agraria de verdad”.

Bajo la consigna de “la tierra para el que la trabaja” el programa de Allende buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y el fortalecimiento de la sindicalización campesina. Para ello se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que facilitó la sindicalización campesina. Con base en estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Sin embargo, paralelamente, comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron el proceso.

Se dice que en mil días se lograron confiscar un total de 4.409 predios. “Al mismo tiempo, sectores revolucionarios apoyados por campesinos realizaron más de 2.000 tomas. Enfrentados a la reorganización del sistema productivo agrícola en el marco de la nueva economía socialista, los líderes de la Unidad Popular se dividieron entre los que prefirieron una colectivización y los que apoyaron las cooperativas y asentamientos campesinos. Esto provocó gran confusión en el mundo rural que sumado a los trastornos políticos y sociales llevaron a la drástica caída de la producción agrícola nacional”, consigna Memoria Chilena.

Un documento de una clase dictada por Jaime Gazmuri, en ese momento Director del Centro de Estudios Agrarios de la Universidad Católica, dirigido a campesinos, citaba: “Ustedes han revisado la historia de Chile y pueden ver que desde la Conquista por los españoles, han habido aquí pequeños grupos que han monopolizado los medios de producción, que han tenido la propiedad de las tierras, la propiedad de las minas, la propiedad de la industria, la propiedad de la banca, – que han hecho trabajar para ellos a una gran parte, una gran cantidad de trabajadores, de proletarios, que los han explotado y que las ganancias y las utilidades, que les producía la explotación de esos medios de producción, y la explotación de los trabajadores que los hacían producir, no los usaron en beneficio del país, sino que los usaron fundamentalmente en beneficio de esos pequeños grupos capitalistas. La historia de este país, es la historia de cómo los capitalistas han logrado tener durante todo este tiempo, la sartén por el mango”.

Hoy, el ex director de Indap de Frei Montalva y ex ministro de Agricultura de Allende, Jacques Chonchol, dice que Chile necesita “una nueva reforma agraria”. Estima que el proceso posterior a las reformas de Frei y Allende no reconstituyó el latifundio, pero que tampoco se desarrollaron transformaciones importantes después  y se han creado problemas nuevos, como el acceso al agua, aspecto fundamental por resolver en la actualidad.

Trabajo para todos

De las medidas 30 a la 36, se consideran una serie de propuestas en torno a la economía y el trabajo, aspecto este último al que Salvador Allende, como líder de un gobierno que se debía a los trabajadores, al mundo del trabajo y no del capital, era fundamental.

En la medida 35 y 36 hablaba de “fin a la cesantía” (aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos) y de  “trabajo para todos”, postulando que  “crearemos de inmediato nuevas fuentes de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas, con la creación de nuevas industrias y con la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo”. En ese tiempo el Estado tenía mucha más capacidad de acción puesto que, por ejemplo, Obras Públicas y Vivienda, desarrollaban grandes planes de infraestructura para el país y el Estado además creaba nuevas industrias, acorde con los desarrollos productivos que se necesitaran. Para eso estaba, por ejemplo, la Corfo que cumplía un rol central de desarrollo y fomento de la producción.

De hecho, como destacan analistas, el Ministerio de Economía, de la cual dependía- como hoy- la Corfo, tenía mucha más preponderancia que Hacienda. Exactamente al revés que en la actualidad.

En el ámbito tributario, Allende, en su medida 32, planteaba expresamente que “terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad”, bajo el lema “no más impuestos a los alimentos”. El “Compañero Presidente” pensaba que los alimentos no podían ser fuente de financiamiento para la labor del Estado. Hoy el IVA, que representa la mitad de la carga tributaria en Chile, gravando a todo tipo de productos, implica que los chilenos de todas condiciones socioeconómicas son los que terminan autofinanciando las ayudas estatales.

En la medida 34, las 40 medidas hacían referencia al “fin de la especulación”. Como sabemos, esto fue un elemento central en lo que fueron los problemas de la administración económica de Allende. Sin embargo, este tipo de prácticas ya eran un hecho, al crear su ideario de primeras medidas y, por lo tanto, buscaba generar una legislación que le hiciera frente en forma drástica. La especulación en el mercado nacional no era regulada y castigada a través de un marco legal y esto simplemente por el tradicional predominio de los pequeños, pero poderosos grupos económicos que manejaban a su arbitrio las políticas de precios y el empleo de capitales financieros y también su acceso a moneda extranjera. “En realidad, en la actualidad esto no ha cambiado mucho, pero en esa época los grupos económicos preponderantes se daban en el ámbito minero, agrario, pesca, bancario y madera y papel. Desarrollar una política de control de la justa competencia, de precios no especulativos y acuerdos monopólicos, necesitaba de un Estado fuerte, interventor cuando fuera necesario y  generar una legislación y un poder judicial capaz de hacer realidad una economía más equilibrada y social. Era lo que necesitaba el país y un desarrollo económico más democrático, que terminara con los privilegios de los sectores dominantes de la economía chilena”, explican testigos informados de la época.

Un tema de alta preocupación económica fue antes y en ese momento, la inflación. Los sueldos, que aún eran bajos, no podían verse todavía más mermados con las alzas de precios. Por ello una medida de fondo (la 30) de Allende era “una nueva economía para poner fin a la inflación”, para lo cual “aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía”. No sabía aun Allende que este esfuerzo no terminaría bien. El aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, sumado a los problemas de producción, más el acaparamiento, que provocaron los sectores contrarios a su gobierno, implicaron que la inflación se disparara durante su mandato. No obstante, su objetivo principal era garantizar el acceso de los alimentos básicos a la población.  “Este tema demostró que el programa de gobierno adoleció de algo que hoy día se considera fundamental, esto es la necesidad de un Banco Central independiente del gobierno que lleve a cabo políticas monetarias, acordes con un equilibrio monetario y metas compatibles de inflación. Así como tratar de mantener un equilibrio fiscal de las cuentas presupuestarias. En ese momento histórico esto no era materia de debate en el seno de las fuerzas de gobierno”, apuntan observadores de ese proceso.

Otras medidas económicas tenían que ver con la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos con las escandalosas devaluaciones del escudo”, explicitaba la medida 31. La deuda en moneda extranjera que eso implicaba ejercía como un pesado lastre a la economía nacional, “fuertemente dependiente de las exportaciones de cobre y del poco desarrollo exportador del resto de la economía de ese entonces. Aún más, el manejo del FMI estaba influido fuertemente por las políticas del gobierno de los EEUU que lo administraba de acuerdo con sus intereses y como arma financiera en materia de relaciones internacionales”, plantean seguidores del proceso.

Un contexto que cambiar

Todo este conjunto de planteamientos no surgían de la nada, ni eran excentricidades nacidas del populismo, sino que respondían a una serie de problemas estructurales de la economía chilena.  Y además, como destaca un análisis del economista Reinaldo Ruiz, “recogía el pensamiento económico y social de un conjunto significativo de cientistas sociales, intelectuales y políticos que durante las décadas previas se había desarrollado en distintos centros de estudios”.

El diagnóstico- dice Ruiz-, sobre los factores que condicionaban el patrón de crecimiento permitía también establecer el vínculo entre la creciente concentración del poder económico y el poder político que emanaba de esas condiciones económicas. Esta vinculación y su consecuente eliminación, constituía la parte medular de la propuesta programática de Allende. El razonamiento, sintetizado, era el siguiente, explica: Las desigualdades en el ingreso y la riqueza conducían a un alto grado de concentración del poder político; esta interrelación entre poder político y económico reforzaba la estructura prevaleciente; y para cambiar las condiciones económicas se requería alterar la estructura de propiedad de los medios de producción considerados estratégicos. Así se conformaría el área social dominante, a la que se agregaban, en carácter complementario, las áreas mixtas y privadas. Una nueva estructura de propiedad permitiría generar un patrón diferente de demanda que estimularía la producción de los bienes básicos que consume la gran mayoría de la población; el resultado es que los recursos  económicos no serían despilfarrados en la producción de bienes no esenciales.

Y esto obedecía a realidades bastante objetivas, también citadas por Ruiz:

Esta propuesta destinada a eliminar el control monopólico que ejercían algunas empresas privadas se sustentaba en que 248 firmas controlaban todos y cada uno de los sectores económicos; 17% de todas las empresas concentraban el 78% de todos los activos; el 3% de las empresas industriales controlaban más del 50% del valor agregado y casi el 60% del capital; el 2% de los predios agrícolas poseían el 55% de la tierra; tres compañías mineras de Estados Unidos controlaban toda la producción de cobre de la gran minería que representaba el 60% de las exportaciones chilenas; el Banco del Estado controlaba casi el 50% de los depósitos y los créditos y 3 bancos privados, de un total de 26, controlaban más del 25%.

A estas cifras se agregaban otros indicadores de dependencia y del carácter oligárquico de la economía: Dado el carácter monoexportador, fluctuaciones en el precio del cobre en los mercados internacionales ejercían un gran impacto sobre los ingresos del gobierno; las remesas de utilidades por extranjeros representaban alrededor del 20% de las exportaciones; de las 100 firmas industriales más grandes de fines de la década del sesenta 61 tenían alta participación extranjera y, muy especialmente, la distribución del ingreso era altamente regresiva: el 10% más pobre de la población captaba el 1,5% del ingreso total en tanto que el 10% más rico captaba el 40,2%.

Esto fue lo que Allende quiso combatir con sus pequeñas y grandes medidas, y murió en ese empeño. Sin embargo, en el espíritu del pueblo resuenan aún los sueños de alguien que quiso cambiar la historia de los más débiles, de los explotados, de este país.

ANEXO Las 40 Medidas del Gobierno de Allende (lista completa)