El 22 de Julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, fecha instaurada en 1983 en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, con el objeto de valorar social, económica y políticamente este trabajo, que remunerado o no remunerado, es no reconocido, invisibilizado y desvalorado, principalmente porque recae en las mujeres, a quienes la sociedad responsabiliza de llevar adelante las tareas del hogar y de cuidado.

La Información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que antes de la pandemia las mujeres dedicaban diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del tiempo que los hombres y a la semana, entre 22 y 42 horas. Como ocurre en situaciones de crisis, el confinamiento agravó esta organización social injusta e insostenible de los cuidados, tema que ha estado siempre en la agenda de los feminismos pero invisible para la mayoría de la sociedad.

En los últimos meses se profundizó la discusión acerca de la urgente necesidad de contar con políticas públicas que aborden la división sexual del trabajo como una estructura de dominación de las mujeres cuyas consecuencias son evidentes no solo en el trabajo de hogar no remunerado, sino de igual manera en el trabajo doméstico asalariado.

 Explotadas por ser mujeres

 Más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico operan en la informalidad, en condiciones precarias, sin acceso a protección social y sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas. Estimaciones de la OIT indican que el 70,4% de las trabajadoras domésticas fueron afectadas por las cuarentenas, disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de horas o pérdidas de salarios.

El documento “Trabajadoras Remuneradas del Hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis de la COVID-19” de este organismo en conjunto con ONU Mujeres y la CEPAL, muestra que en la región el trabajo doméstico supone entre el 10,5% y el 14,3% del empleo de las mujeres. Estamos hablando que entre 11 y 18 millones de personas se dedican a él, un 93% son mujeres y el 17,2% migrantes.

Según cálculos de la CEPAL  al 2010 que considera a ocho países, un 63% de las personas que se desempeñaban a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes. “En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes, o su característica racial y étnica. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrerrepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado”, indica el informe.

En el año 2011, la OIT adoptó el Convenio 189 (C189) que establece pautas para que los Estados garanticen derechos y protección social para las personas trabajadoras domésticas, como un entorno de trabajo seguro y saludable y que disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a las y los trabajadores en general, con respecto a la protección de la seguridad social.

Hasta ahora ha sido ratificado por 16 países de América Latina y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y México en proceso de ratificación), sin embargo, datos de la OIT advierten que en solo ocho el salario mínimo del trabajo doméstico está equiparado al salario mínimo nacional (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay) y en  dos se fija en un proceso de negociación colectiva (Argentina y Uruguay).

Los sindicatos de trabajadoras remuneradas del hogar, organizaciones feministas y de mujeres, hace décadas se esfuerzan por visibilizar que la desvalorización del trabajo doméstico es la base de la desprotección laboral del sector. La pandemia forzó a pensar medidas a corto, mediano y largo plazo que posibiliten condiciones de trabajo decente para quienes se dedican al trabajo doméstico.

Convenio 189 y ausencia del Estado 

Varios países de la región desarrollan campañas de sensibilización sobre los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar, sector que ocupa un lugar crucial dentro de la respuesta a la pandemia.

En República Dominicana, el C189, ratificado en 2013, tiene rango constitucional. Pese a ello las trabajadoras domésticas, bajo el hashtag #LasTrabajadorasDelHogarContamos, denuncian su incumplimiento y piden la regularización a través de un proyecto de ley que radica en el Congreso y que busca establecer la obligatoriedad de un contrato por escrito que establezca funciones, una jornada laboral no mayor de 8 horas al día y 44 semanales, inclusión en la seguridad social, 14 días de vacaciones remuneradas, descanso semanal obligatorio, entre otras garantías.

Colombia, en tanto, ratificó el convenio el 2014. La medición sobre Economía del Cuidado del país arroja que los trabajos de cuidados no remunerados alcanzan al 20% del PIB. Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) estima que las trabajadoras domésticas superan las 680 mil, con una tasa de informalidad laboral que asciende al 83%.

El año 2013 se fundó la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, Utrasd, el primer sindicato de trabajadoras domésticas con enfoque étnico Afro, “porque como negras históricamente hemos sufrido  los más grandes vejámenes a razón del racismo, la condición socioeconómica, el bajo nivel de escolaridad y la situación migratoria. Todos estos factores han incidido para que la mujer negra que trabaja en una casa sea vista como poca cosa”, declaran.

En 2019, en asociación con la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Utrasd lanzó la serie Claribed y Reinalda, protagonizada por las propias dirigentas Claribed Palacios y Reinalda Chaverra, con el objetivo de visibilizar las violencias que enfrentan las trabajadoras domésticas remuneradas.

Claribed Palacios García, presidenta del sindicato, subraya que las trabajadoras domésticas, en su mayoría pertenecientes “a sectores vulnerables, madres cabeza de hogar, personas en situación de desplazamiento y que viven en constante discriminación”, son uno de los principales colectivos afectados por la Covid-19. “Hay condiciones históricas de discriminación, el desempleo ha aumentado, veníamos con una grave informalidad y esto agudizó la precarización”, advierte.

Cuenta que una encuesta tomada a 678 trabajadoras domésticas -entre marzo y abril- arrojó que de cada 10 mujeres, 9 perdieron su empleo y aquellas que lo conservaron “fue a un costo muy alto, con la obligación de internarse (permanecer puertas adentro) y de trabajar más horas de lo que permite la ley. Como existe esta relación tan desigual de poder al interior de los hogares, sencillamente los empleadores abusan del tiempo de esta trabajadora por tenerla en su casa”.

Palacios acusa que la poca oferta hoy en materia de servicio doméstico es puertas adentro, panorama que recuerda que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no necesariamente significa que se reduzca el trabajo no remunerado que ellas realizan en sus casas, lo que implica para la gran mayoría una doble o triple jornada laboral.

“Esto no solo arrastra a la trabajadora hacia la vulneración de sus derechos fundamentales, atenta contra los derechos de sus familias, tenemos compañeras que debieron internarse y dejar a sus hijos/as adolescentes al cuidado de ellos mismos”, lamenta la presidenta de la Utrasd, e instala otra vez la pregunta de ¿quién realiza las labores y/o quién cuida los hogares de las que cuidan?

Sobre la implementación del Convenio 189, Claribed Palacios opina que no es del todo satisfactoria, pese a que empujó avances legislativos como la mejora de la ley 1595 que regula el trabajo doméstico y la promulgación de la ley 1788 que les otorga el derecho a recibir la prima de servicios (un pago adicional en los meses de junio y de diciembre). Esta última data de 2016, pero desde su entrada en vigencia el porcentaje de pago de este derecho apenas alcanza a un 25% del sector.

En general, en los países de América Latina y el Caribe, las trabajadoras remuneradas del hogar quedan fuera de los beneficios sociales anunciados por los gobiernos para hacer frente a la crisis. En Colombia, la Utrasd y otros sindicatos pidieron planes de ayuda con garantías de no ser despedidas, canastas alimentarias, que las exoneraran del pago del arriendo y de servicios públicos y ser incluidas en la renta básica de emergencia que se encuentra en discusión.

“Nada de esto ha pasado”, asegura la lideresa. Añade que la alta informalidad lleva a esta exclusión de beneficios de un gobierno que tampoco exige condiciones dignas para el trabajo doméstico ni  genera conciencia en la sociedad empleadora para que reconozca y valore el trabajo doméstico y por tanto a la persona que lo realiza. “Si tenemos una tasa de formalidad tan baja es porque el Estado no está propiciando empleos dignos, decentes para las trabajadoras domésticas, la irresponsabilidad histórica del Estado la pagamos nosotras”, sentencia.

Ante la ausencia de una real protección estatal, diversas organizaciones de trabajadoras domésticas lanzaron la app Aliadas, que incluye, entre otras, las funciones de calculadora salarial, redes públicas y privadas, guías sobre derechos laborales, violencia y acoso laboral y libertad de asociación, y una sección de denuncias. “Como en Colombia no hay inspección laboral para hogares donde trabajamos, pensamos que con esta aplicación podríamos minimizar los riesgos, disminuir la violencia en el lugar de trabajo y facilitarle un poco la vida a las trabajadoras”, explica Palacios.

Nueva esclavitud  

Uruguay tiene la mayor cobertura en el sistema de seguridad social de la región, cerca del 70% con afiliación al Banco de Previsión Social. Entre los países con cobertura más baja, esto es, inferior al 10%, se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

En este último, la Federación Nacional Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, Fenttrahop, demanda la real implementación del Convenio 189, el que fue ratificado en 2018 tras una larga lucha de las trabajadoras organizadas, las que en colaboración con la OIT y la FES, desplegaron la campaña “Tu casa también es un centro de trabajo. Convenio N°189 de la OIT es vigente”.

“Lanzamos esta campaña con la colaboración de la FES y la OIT porque a muchas de nosotras nos dicen que somos parte de la familia, las ayudantes, las colaboradoras, pero la verdad es que no lo somos, somos trabajadoras como cualquier otro trabajador, el lugar donde nos desempeñamos es solo nuestro centro de trabajo”, comenta Leddy Mozombite Linares, secretaria general de la organización.

Mozombite narra que la pandemia las afecta directamente porque el 92% de las trabajadoras del hogar están en condiciones de informalidad. Acusa despidos, licencias sin goce de haber (sin sueldo ni computada para el pago de derechos laborales), sobrecarga laboral y falta de condiciones de seguridad que provocaron contagios de Covid-19. “A algunas se las han impedido salir, violando nuestro derecho a la libertad, otras están trabajando con medio sueldo. Hay agencias de empleos que están contratando a trabajadoras, pero el requisito es que no pueden salir de sus trabajos hasta que exista la vacuna. Nos están tratando como esclavas y volviendo a la servidumbre”, detalla.

Las organizaciones de trabajadoras califican de insuficiente el reciente Decreto Legislativo N° 1499 del 10 de mayo de 2020 que establece la obligatoriedad de contratos por escrito y precisa que la edad mínima para realizar trabajos del hogar es de 18 años, puesto que consideran que mantiene una legislación discriminatoria que permite la explotación. Por eso, apuestan por una nueva ley que cumpla con los estándares internacionales en materia de protección, como el sueldo mínimo, vacaciones, gratificaciones y seguridad y salud en el trabajo.

“Nos estamos reuniendo con cada congresista y jefes de bancada para sensibilizar y pedir su voto de esta nueva ley. Nos hemos encontrado con congresistas que nos tratan de tontas e ignorantes y no reconocen nuestro trabajo como sindicalistas. Es importante contar con todos nuestros derechos, porque las trabajadoras estamos expuestas a violaciones, a acoso, muchas han sido violadas por el empleador, han quedado embarazadas y esos hijos no son reconocidos, por citar un ejemplo”, expone.

En el caso de Chile, en medio de la crisis sanitaria y cuando se cumplen 5 años de la ratificación del C189, las organizaciones sindicales de trabajadoras de casa particular realizan un importante trabajo de incidencia. Con la campaña #CuidaAQuienTeCuida -presente en otros países de la región y que está apoyada por la Fundación Friedrich Ebert- las dirigentas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular alertan sobre las precarias condiciones laborales y la escasa protección social que les entrega la legislación chilena.

Antes de la emergencia, estas trabajadoras superaban las 300 mil, 1 de cada 3 era migrantes y pese a que la ley lo impide el 53% se encontraban en la informalidad. Con la pandemia, 100 mil de ellas han perdido sus empleos, unas 20 mil están con suspensión laboral y son reiterados los abusos por parte de empleadores, como el ser obligadas a trabajar bajo amenazas, incluso sábado y domingo a cambio de comida. “El Estado de Chile está haciendo la vista gorda para que nosotras volvamos a un estado tan precario como la esclavitud”, expresa Luz Vidal Huiriqueo, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap).

El Sintracap, la Federación de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) y la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap) exigen que el gobierno salde la deuda histórica con el sector por medio del acceso garantizado al Ingreso Familiar de Emergencia, la incorporación inmediata al Seguro de Cesantía y políticas reales de salud laboral.

Luego de cuatro meses de iniciada la crisis sanitaria, las dirigentas de las trabajadoras de casa particular se reunieron con el Ministerio del Trabajo. “El gobierno tuvo mucha resistencia, sabemos que la alta sociedad a las que pertenecen siente un gran desprecio por este gremio, pero lo logramos con persistencia y gracias a que muchas otras organizaciones han apoyado esta causa, lo que es un reflejo de las protestas de octubre, Chile se cansó de las injusticias y de la violencia institucionalizada, entonces se vieron obligados a escuchar a estas mujeres, que somos una de cada 10 de las mujeres que trabajan en este país”, plantea Vidal.

Las trabajadoras demandan también el total cumplimiento del Convenio 189, donde ponen énfasis en la necesidad de fiscalización. La presidenta del Sintracap reconoce avances pero enfatiza en que el escenario actual demostró que “Chile no es el oasis que vendía ser, conocemos la realidad porque estamos en contacto con los gremios de las trabajadoras de casa o domésticas de América Latina, muchas compañeras emigraban porque se vendía esa fantasía de que estábamos muy bien, pero era mentira, en muchas áreas no estamos mejor que el resto de países”.

La Campaña #CuidaAQuienTeCuida fue recogida por ocho diputadas que presentaron un proyecto de ley con el mismo nombre cuyo objetivo es proteger a las trabajadoras de casa particular al permitirles que puedan suspender sus funciones de manera voluntaria durante una alerta sanitaria percibiendo sus remuneraciones de forma íntegra y que se prohíba despedirlas por padecer una enfermedad contagiosa, como ocurre en la actualidad. Lo gremios piden que el gobierno patrocine el proyecto lo que permitiría a la iniciativa ser abordada con carácter de urgencia.

Luz Vidal, por su parte, manifiesta que sus esperanzas en mayores progresos están puestas en el Proceso Constituyente chileno y la posibilidad de una nueva constitución democrática. El próximo 25 de octubre, las y los chilenos decidirán en un plebiscito si quieren o no una Nueva Constitución y cuál será el organismo a cargo de su redacción en caso que triunfe la opción Apruebo.

“El cumplimiento del Convenio 189 no se puede materializar, nos dicen que no se puede fiscalizar en las casas porque la Constitución lo impide, en este caso para el gobierno la propiedad privada si vale, no puedes ingresar a un domicilio, pero si como Estado puedes hacerte dueño de los dineros (fondos previsionales) que también son propiedad privada de cada ciudadano, es decir, la Constitución para algunos casos si es inquebrantable, pero para otros no”, criticó.

La sindicalista cree que aun cuando las soluciones no serán a corto plazo, sí a futuro se avanzará. “Si la Constitución, que es el marco regulatorio mayor que tenemos como Estado, no está en consonancia con los convenios internacionales, si la regulación nacional entorpece el cumplimiento de un convenio, entonces Chile tiene que tener una nueva Constitución”, concluye.

Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y FESminismos, plataforma de todos los feminismos desde la Fundación Friedrich Ebert (FES) en América Latina y El Caribe.