Ni Una Menos Chile estuvo en Atacama durante el reciente fin de semana para reunirse con las familias de mujeres y niñas desaparecidas y con las colectivas feministas que por años se han movilizado en el territorio para exigir justicia en torno a los femicidios y desapariciones ocurridos en la región, como son los casos de Thiare Elgueda, Catalina Álvarez y Tanya Aciares.
Durante su estadía, la coordinadora Ni Una Menos, que busca generar alianzas, informar, sensibilizar y visibilizar la desaparición forzada de mujeres y niñas en contexto de democracia en manos de particulares, contó con el acompañamiento técnico de Mónica Maureira, experta de Chile ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará (MESECVI), y quien regresó a la región luego de una visita realizada en el mes de marzo.
En un encuentro entre el equipo de Ni Una Menos y diversas agrupaciones feministas y activistas territoriales de la región, la experta MESECVI informó los alcances de la histórica sentencia Campo Algodonero versus México, fundamental en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su enfoque de género. En el fallo, de enero de 2009, el tribunal interamericano estableció la responsabilidad del Estado de México por los femicidios de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un predio conocido como Campo Algodonero junto a otras cinco víctimas en ciudad de Juárez.
Recientemente, en mayo de 2025, el Comité de Expertas del MESECVI emitió una declaración donde elevó su preocupación por los casos de desaparición y femicidio de mujeres en la región de Atacama, y en la que hizo referencia a los casos de Tanya Aciares, Sussy Montalván, Marina Cabrera, Catalina Álvarez y Thiare Elguera. En ella, el comité indicó que “Desde la sentencia González y otras vs. México (Campo Algodonero), la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en afirmar el deber de garantizar la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres en contextos similares al de las mujeres de Campo Algodonero y de Atacama. En particular, ha subrayado la responsabilidad internacional del Estado frente al silencio de las autoridades en la investigación, sanción y reparación de actos de violencia basada en género contra mujeres en condiciones de vulnerabilidad, especialmente niñas y mujeres que puedan ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género”.
Durante la jornada de conversación, Mónica Maureira, detalló, además, los estándares de la Convención de Belém do Pará en materia de prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres y niñas, y en particular de la Recomendación General N° 2 sobre la desaparición de mujeres y niñas, que la reconoce como una forma de violencia de género que sucede en condiciones estructurales de discriminación. Con ello, establece obligaciones a los estados para prevenir, investigar, sancionar, reparar y estar alerta ante la inacción o respuestas ineficientes, junto con la necesidad de tomar medidas como los registros únicos, de acceso público y desagregados, y la tipificación específica, entre otras.
39 denuncias por desaparición de mujeres en Atacama
Ni Una Menos también realizó una acción pública en la plaza de Copiapó, espacio en el que recordó lo ocurrido el 9 de noviembre de 2018, cuando Erwin Aedo asesinó e hizo desaparecer el cuerpo de Paola Alvarado Cortés, hija de Nancy Cortés, integrante de Ni una menos Chile y presente en la actividad.
Aedo actualmente cumple condena, pero nunca ha querido confesar dónde dejó su cuerpo, en un acto similar al del femicida Hugo Pastén, condenado a tres cadenas perpetuas y quien hasta hoy se negó a entregar información sobre el paradero del cuerpo de la adolescente Catalina Álvarez, a quien hizo desaparecer en junio de 2019. “Para la ley actual esto no está tipificado como un agravante, es decir, no hay herramientas legales que permitan obligarlo a confesar dónde ocultó el cuerpo de Paola”, señalaron.
La coordinadora advierte que “la desaparición forzada de mujeres y niñas por razones de género a manos de particulares en contexto de democracia es un problema del pasado y del presente, pero desgraciadamente tendemos a pensar que será un problema aún mayor en el futuro si no somos capaces de frenar las alarmantes cifras”.
En la lectura del comunicado público detallaron que “Según lo informado por carabineros, durante el 2024 hubo 10.649 denuncias por desaparición de mujeres y niñas, de las cuales 8.944 fueron solucionadas, y 1.705 siguen vigentes, de los cuales 39 son de la región de Atacama. Es decir, no han sido resueltas. Nos preguntamos ¿Qué pasó con esos 1.705 casos? Para ponerlo en perspectiva, durante el 2024 hubo 50 Femicidios, y 1.705 mujeres y niñas de quienes no sabemos su paradero. La diferencia es grotesca y horrorosa. ¿Qué se está haciendo? ¿Se ha tomado real conciencia de este problema país? ¿Por qué no estamos escandalizados y poniendo todos los recursos disponibles para frenar esto?”
En la declaración, manifestaron que las familias merecen y necesitan que se haga justicia y se dé garantías de reparación y no repetición. “Hoy no solo no obtienen justicia, sino que son permanentemente revictimizadas, al no recibir una respuesta contingente e inmediata frente al crimen flagrante de la desaparición, que convierte el duelo en algo permanente que afecta sus vidas y las de las generaciones que vienen. Es imperativo que la respuesta frente a las denuncias sea inmediata y que se haga una coordinación conjunta para que la búsqueda sea efectiva”.
Frente a ello, enfatizaron en que “no puede ser que los perpetradores de desaparición forzada de mujeres y niñas queden impunes al no estar tipificado como delito”, por lo cual exigen que “se ocupen los mismos criterios de DF en tiempos de dictadura por parte del Estado, pues entendemos que este tipo de crimen también atenta contra los derechos humanos y va en contra de los tratados y convenios internacionales a los que Chile adscribe en esta materia”.
Ni Una Menos hizo una especial mención a las familias, madres y padres buscadoras, “que con una persistencia a prueba de todo, nunca han bajado los brazos y usan cada recurso disponible para buscar y encontrar a sus mujeres y niñas frente a toda adversidad y muchas veces la desidia de las instituciones encargadas de hacer justicia” y llamó de manera urgente a visibilizar, sensibilizar e informar sobre esta violación a los derechos humanos de mujeres y niñas que – subrayaron- no solo atañe a las mujeres, si no que a la sociedad en su conjunto, incluidas las instituciones.
“Tenemos la convicción de que cuando una mujer o niña desaparece, es toda la sociedad la que se ve afectada, y es el rango de lo humano lo que se fractura, y eso no podemos permitirlo nunca. Por Paola, Thiare, Catalina, Tanya y tantas otras, que esperan ser encontradas y merecen justicia”, indicaron las activistas.
Día nacional contra la desaparición forzada de mujeres
Ni Una Menos Chile tiene entre sus propuestas la instalación del 9 de noviembre como el Día nacional contra la desaparición forzada de mujeres y niñas, “fecha en que fue hecha desaparecer Paola Alvarado, hija de nuestra compañera Nancy Cortés”, explicó María José Fuentes, representante de la organización. Con esta acción buscan visibilizar que las desapariciones forzadas siguen existiendo en democracia, bajo la responsabilidad del Estado que no cumple con su deber de prevenir la violencia.
Junto con ello, la representante de la organización explicó que trabajan una propuesta legal para la tipificación del delito de desaparición forzada en contexto de democracia como un agravante en casos de femicidio. “Es un doble delito que revictimiza a las familias y a la sociedad completa”, dijo.
La coordinadora busca de esta manera generar incidencia jurídica, social y cultural que permita reconocer la desaparición forzada de mujeres y niñas a manos de particulares como una forma extrema de violencia patriarcal, que persiste incluso en contextos democráticos. “No se trata de hechos aislados ni excepcionales, sino de una práctica que se mantiene en la impunidad por la falta de tipificación penal, la inacción institucional y el abandono sistemático de las familias que buscan a sus hijas, hermanas, madres y compañeras”.
