Isabella Lee Oyarce y Nina Steward, pasantes de Corporación Humanas .
El viernes 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió dejar de proteger el derecho al aborto a nivel nacional. Concretamente, cada estado ahora puede prohibir legalmente el procedimiento del aborto. Es una resolución sin precedentes que demuestra claramente la posibilidad del retraso de los derechos de las mujeres frente a los movimientos políticos nacionalistas de extrema derecha que se están popularizando en todo el mundo.
Gestación
En los Estados Unidos, el derecho al aborto estuvo protegido de manera constitucional por más de 50 años gracias a una decisión previa de la Corte Suprema, Roe v/s Wade. A pesar de eso, hace cuatro años, el Estado de Mississippi promulgó una ley que prohíbe abortar después de las 15 semanas de embarazo. Inmediatamente, se enfrentó a un desafío legal, el caso Dobbs contra Jackson Women ‘s Health, y que fue llevado a un proceso de apelación. La decisión definitiva de la Corte Suprema llegó el 24 de junio recién pasado al revocar Roe v/s Wade.
La resolución no vino de sorpresa. Desde que el expresidente Trump tuvo la oportunidad de nombrar a tres jueces ultraconservadores en la Corte Suprema, las feministas la estaban esperando. Además, el 2 de mayo pasado, el periódico estadounidense Politico, publicó un borrador filtrado de la opinión sobre este caso que puso al movimiento feminista en alerta de que el fallo llegaría pronto. La decisión final, casi igual a la opinión filtrada, determinó que el Estado de Mississippi sí tenía el derecho de promulgar una ley que restrinja el aborto. Esto implica, en consecuencia, que los representantes de cada legislatura estatal tienen el derecho de elegir si la interrupción del embarazo sigue siendo legal dentro de sus propios estados.
Diez estados, incluyendo Texas, Louisiana y obviamente Mississippi, prohibieron inmediatamente el aborto. Antes del final del día, las clínicas abortivas dentro de esos estados se cerraron, provocando una crisis para las pacientes. Además, cinco estados tienen leyes que prohibirán el aborto antes de fines de julio y se espera que nueve más hagan lo mismo en los siguientes meses. En resumen, hay una gran posibilidad de que más del 50 por ciento de los Estados Unidos no tenga acceso al aborto antes de fin del año.
El país ahora mira las elecciones de noviembre de 2022 para ver qué partido obtendrá la mayoría de representación dentro del Congreso. Mitch McConnell, el líder del Partido Republicano en el Senado estadounidense ya ha indicado que, si la colectividad gana la mayoría, es probable que presenten un proyecto de ley que prohíba la interrupción del embarazo a nivel nacional. Por otro lado, candidatos del Partido de Izquierda y demócratas, ya se empezaron a movilizar por la campaña de hacer justamente lo opuesto.
Una decisión rotunda en contra de los derechos humanos
Los Estados Unidos, debido a su fuerte voluntad de excepcionalismo y tradición de los derechos estatales, todavía mantiene jueces y políticos, mayoritariamente de derecha, que piensan que la Constitución debería ser interpretada tal cual como cuando se escribió en 1787, sin tener en cuenta los tratados internacionales. La Corte Suprema se compone de 9 jueces y juezas y en este momento tiene una mayoría muy conservadora. Seis de sus integrantes votaron a favor de esta resolución aun cuando el 64% de la población de los Estados Unidos está a favor de un derecho a abortar (aunque el 29% prefiere que sea solamente con condiciones especiales como en un caso de violación o de peligro para las mujeres, según cifras de Ipsos).
Frente a esta decisión, manifestantes se organizaron a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Inspiradas por los movimientos en América Latina, el verde fue el color de las protestas. Consignas como “no ban on our bodies” (ninguna prohibición a nuestros cuerpos) o “abortion is a human right” (el aborto es un derecho humano) fueron entonadas por miles de personas a través del país. La manifestación más grande tuvo lugar frente a la Corte Suprema en Washington DC el jueves 30 de junio. Centenas de personas fueron detenidas por bloquear el tránsito. Muchas manifestantes explicaron cuán crucial es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su futuro como mujeres.
Este derecho a acceder a métodos de interrupción del embarazo no está escrito de manera explícita en los textos internacionales de protección de los derechos humanos, pero todo los tratados apuntan en la misma dirección: la penalización del aborto atenta contra los derechos humanos. Prohibir la interrupción voluntaria del embarazo va en contra del derecho a la integridad física, a la salud y a la no discriminación.
Consecuencias sociales sin precedentes
Muchas organizaciones, como Amnesty International, temen que esto tenga consecuencias desastrosas. Lo podemos observar en todos los estados que prohíben el aborto: las mujeres siempre abortan. Por eso, la prohibición de hacerlo en condiciones seguras pone en peligro la vida de quienes buscan obtener un aborto fuera de los medios legales. También, las cifras muestran que muchas veces la decisión de abortar se acompaña de una falta de información sobre la sexualidad y los métodos anticonceptivos. Por otra parte, cuando una persona aborta de manera ilegal se crea una barrera de acceso a la salud después del procedimiento por temor de ser denunciada por el personal médico.
La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos es una discriminación en contra de las mujeres y personas gestantes. Hay una alta probabilidad de que muchas tengan que viajar a otros estados o países para obtener una interrupción del embarazo, lo que tiene como consecuencia que las mujeres más pobres no tendrán otra opción que proseguir con un embarazo no deseado o incurrir en prácticas que atentan contra sus vidas, en condiciones insalubres y en clandestinidad. El miedo es que esta nueva situación va a costar vidas.
El aborto en la nueva Constitución chilena, ¡Que sea ley!
Lo que ocurre en Estados Unidos es, sin duda, una regresión para los derechos de las mujeres en ese país, justo en un momento en que Chile ha avanzado para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo gracias a su incorporación en el borrador del texto de la nueva Constitución.
Este nuevo derecho será un logro importante para las mujeres, adolescentes y niñas en Chile. Con la potencial aprobación de la nueva Constitución, el Estado tendría la obligación de garantizar condiciones seguras de embarazo y de interrupción de este. El fin de la penalización debería tener el efecto inmediato de reducir el miedo de las mujeres que han abortado a ser denunciadas cuando van a ver un profesional de la salud. Este derecho permitirá una maternidad voluntaria y deseada, además de obtener la libertad de decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestras propias vidas.
La propuesta de nueva Constitución mandata al Estado a asegurar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, mientras que la ley va a definir las condiciones concretas de acceso a los servicios de salud en todo el territorio y el plazo en el que será legal abortar.
El caso de los Estados Unidos nos muestra los riesgos que pueden ocurrir en el futuro si es que no aprobamos este derecho en el texto de la Constitución. Esto es un recordatorio que, en función de las políticas, las mentalidades pueden cambiar y que es necesario proteger de manera duradera este derecho humano.
Para saber más sobre los derechos reproductivos en la nueva Constitución:
