A comienzos de 2026, en medio de su gira europea previa a asumir la presidencia de Chile, José Antonio Kast visitó en Budapest al entonces primer ministro húngaro Viktor Orbán. El encuentro no fue un gesto diplomático menor. Orbán destacó la coincidencia entre ambos en la defensa de las “sociedades tradicionales basadas en la familia” y en la crítica a la inmigración irregular. Para Kast, Hungría ofrecía un ejemplo de firmeza en materia de seguridad fronteriza y de reafirmación de valores conservadores; para Orbán, el presidente chileno electo era parte de una red internacional que veía con buenos ojos su proyecto político.
Pero dos meses después, ese modelo sufrió un golpe decisivo: la derrota electoral de Orbán tras dieciséis años en el poder. La escena no solo revela la volatilidad de los liderazgos, sino que permite observar un contraste profundo: ¿qué ocurre cuando un modelo de gobierno que combina conservadurismo moral, concentración del poder político y alineamiento con actores como Vladimir Putin o Donald Trump se encuentra con los límites institucionales de una sociedad que reclama equilibrio democrático?
La caída de Orbán abre, por tanto, un interrogante que trasciende a Hungría: ¿qué tan sostenible es un proyecto que apela a la identidad nacional, al orden y a la tradición cuando sus efectos colaterales erosionan la separación de poderes, la independencia judicial y la cohesión social? La visita de Kast a Orbán —y la afinidad ideológica que allí se explicitó— convierte a esta pregunta en algo más que un debate europeo: es un espejo que permite examinar las tensiones actuales entre conservadurismo político, arquitectura institucional y legitimidad democrática.
La derrota de Viktor Orbán en las elecciones parlamentarias del 12 de abril de 2026 no fue solo un cambio de gobierno en un país de tamaño medio dentro de Europa. Fue algo más profundo: el rechazo electoral a un experimento de captura de poder político institucional que, durante 16 años combinó concentración de poder, degradación institucional, clientelismo económico y una política exterior diseñada para convertir a Hungría en una cuña dentro de la Unión Europea. No se trata de un uso retórico del término “experimento”, sino de una caracterización de un proceso prolongado de rediseño del poder político, sostenido en la concentración mediática, la subordinación de contrapesos, la colonización institucional y déficits persistentes en integridad pública y transparencia. La victoria de Péter Magyar y Tisza, con mayoría de dos tercios, cerró un ciclo y abrió otro: el de la posibilidad de desmantelar desde dentro un régimen que ya no era descrito por observadores internacionales como una democracia liberal erosionada, sino como una “autocracia electoral” o, en el lenguaje de Freedom House, un “régimen híbrido” enquistado. (Reuters)
Conviene partir por una precisión importante. La crítica a Orbán no se sostiene únicamente en diferencias ideológicas entre izquierda y derecha, ni en una disputa abstracta entre conservadurismo y progresismo. El problema húngaro fue más estructural: durante años se fue debilitando la separación de poderes, se subordinó parte importante del espacio mediático, se alteraron las condiciones de competencia política y se consolidó una arquitectura estatal que favoreció a redes de lealtad más que a reglas impersonales. El Parlamento Europeo afirmó ya en 2022 que Hungría no podía seguir siendo considerada una democracia plena y la definió como una “autocracia electoral”; V-Dem la ha clasificado como autocracia electoral durante varios años, y Freedom House sostuvo que en 2023 el país siguió una trayectoria iliberal y autoritaria, manteniéndose como un régimen híbrido. (Parlamento Europeo)
Eso no significa que Hungría se transformara en una dictadura clásica. Las elecciones seguían existiendo. El punto, justamente, es otro: que la existencia de elecciones ya no garantizaba por sí sola el pluralismo efectivo, la neutralidad institucional ni el equilibrio entre poderes. Orbán y Fidesz usaron su mayoría prolongada para rediseñar reglas, colonizar instituciones y hacer del aparato estatal una estructura crecientemente partidizada. Freedom House documentó la normalización del “estado de peligro”, que permitió gobernar por decreto, la modificación del código electoral para favorecer al oficialismo y la aprobación de la Sovereignty Protection Act, que amplió capacidades estatales para investigar y amedrentar actores cívicos y críticos. (Freedom House)
El control del espacio público fue decisivo en esa deriva. Reporteros Sin Fronteras sostiene que Orbán construyó un ecosistema mediático caracterizado por una marcada falta de pluralidad y una alta concentración de poder bajo influencia del oficialismo, y que alrededor del 80% de los medios del país quedó bajo control del bloque gobernante mediante compras, presiones regulatorias y concentración en torno a la fundación KESMA. V-Dem fue incluso más lejos: describió a Hungría como un caso de “autocracia informacional”, con fuerte centralización política del sistema mediático. Esa dimensión no es secundaria: cuando el poder concentra la información, no solo afecta la libertad de prensa, erosiona el principio de pluralidad; también debilita la capacidad social de deliberar, fiscalizar y distinguir entre propaganda y política pública. (Reporteros Sin Fronteras)
La corrupción tampoco fue un exceso periférico del modelo, sino uno de sus mecanismos de reproducción. Transparencia Internacional ubicó a Hungría con 40 puntos en el CPI 2025, empatada como el puntaje más bajo de la UE junto con Bulgaria. La propia OCDE, aunque reconoce avances formales en la estrategia anticorrupción, advierte déficits severos: Hungría cumple solo 20% de los criterios sobre regulación del lobby y 0% en práctica, mientras información sobre auditorías, investigaciones y sanciones no se publica de forma sistemática. En paralelo, la OCDE recordó que las compras públicas representan 16% del PIB húngaro y que hasta 2022 el país no tenía un marco integral de medición del desempeño del sistema de compras públicas. En un país donde la contratación pública pesa tanto en la economía, esa debilidad no es técnica: es una puerta estructural para la opacidad, la captura y la asignación política de rentas. (Transparency.org)
Por eso la disputa con la Unión Europea nunca fue simplemente cultural o identitaria, como quiso presentarla Orbán. Fue también una disputa por estándares mínimos de control del poder, integridad pública e independencia institucional. Reuters reportó que, al momento de la derrota de Orbán, seguían congelados hasta 19.000 millones de euros de fondos europeos, mientras otros análisis situaban en al menos 6.400 millones el tramo cuya eventual liberación dependería de reformas verificables en Estado de derecho, poder judicial y anticorrupción. No se trataba, entonces, de una pelea simbólica con Bruselas, sino del costo económico concreto de haber gobernado contra las reglas del propio espacio europeo al que Hungría pertenece. (Reuters)
La consecuencia más importante de este proceso no fue solo institucional. Fue social. Aquí conviene ser rigurosos: el desmantelamiento de los contrapesos no produce automáticamente pobreza masiva ni colapso inmediato. A veces ocurre algo más insidioso: se deteriora la cohesión social. La OCDE es clara en esto. En Government at a Glance sostiene que la confianza en las instituciones y la satisfacción con los servicios públicos facilitan la gobernanza efectiva porque se correlacionan con mayor cumplimiento de políticas, participación en la vida pública y cohesión social. En el caso húngaro, sin embargo, la satisfacción con servicios clave estaba bajo el promedio OCDE ya antes del cambio político: 44% en salud frente a 68% promedio, y 47% en educación frente a 67%. Dicho de otro modo: la captura del Estado no solo afecta a jueces, periodistas o partidos; también termina degradando la experiencia cotidiana que la ciudadanía tiene del Estado. (OECD)
Los datos sociales de la OCDE muestran que la fragilidad húngara no puede leerse únicamente desde el ingreso monetario. Es cierto que la pobreza relativa aparece entre las más bajas del mundo OCDE, alrededor de 5% a 7%, pero al mismo tiempo más del 45% de la población figuraba como financieramente insegura en 2018. Esa combinación importa mucho: una sociedad puede no estar hundida en pobreza masiva y aun así vivir con una fuerte sensación de vulnerabilidad material, exposición al shock y desprotección. La cohesión social se rompe no solo cuando falta ingreso, sino cuando se debilita la percepción de fairness, previsibilidad y acceso digno a bienes públicos. (OECD)
La salud ofrece otra ventana sobre ese deterioro. Según Health at a Glance 2025, Hungría tenía una esperanza de vida de 76,7 años, 4,4 años por debajo del promedio OCDE; una mortalidad prevenible de 249 por 100.000 habitantes frente a 145 en la OCDE; y solo 41% de satisfacción con la disponibilidad de una atención de calidad, muy por debajo del 64% promedio. Estos no son meros indicadores sectoriales. Son señales de un Estado que, aun siendo grande en gasto y contratación, no logra traducir su tamaño en legitimidad social equivalente ni en resultados de bienestar comparables. (OECD)
Algo parecido ocurre en educación. La OCDE informó que Hungría invierte 3,4% del PIB en educación desde nivel primario a terciario, por debajo del promedio OCDE de 4,7%, y que la participación del gasto educativo en el presupuesto público cayó de 6,7% a 5,8% entre 2015 y 2022. A eso se suma que el gasto por estudiante, aunque aumentó, sigue por debajo del promedio de la organización. Una autocracia electoral puede sobrevivir años con inversión selectiva, subsidios dirigidos y mensajes soberanistas; pero a largo plazo se delata en aquello que no construye: capacidades, movilidad y capital humano. (OECD)
La economía, de hecho, terminó pasando la cuenta. La OCDE prevé que el PIB húngaro haya crecido apenas 0,3% en 2025 y 1,9% en 2026, tras actividad débil en 2024 e inicios de 2025; además, la inversión cayó cerca de 20% en los dos años previos y el propio organismo vincula parte de la restricción inversora al bloqueo de fondos europeos. Reuters describió a la economía como atrapada en una casi estanflación prolongada y destacó que uno de los ejes del programa de Magyar fue justamente desbloquear fondos, reforzar el Estado de derecho y reabrir una vía de crecimiento menos dependiente del clientelismo y más compatible con la confianza institucional. (OECD)
Por eso la derrota de Orbán es también una lección geopolítica. Durante años, el ex primer ministro actuó como aliado útil de Moscú dentro de la UE, bloqueando o dificultando decisiones cruciales, incluido un préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Su gobierno fue funcional a una idea del mundo basada en esferas de influencia, veto interno y debilitamiento del proyecto europeo como actor autónomo. En ese sentido, la elección húngara fue observada con alivio no solo en Bruselas, sino también en Kiev, porque removió una pieza interna de obstrucción en plena guerra. (Reuters)
Con todo, tampoco conviene idealizar el nuevo ciclo. Péter Magyar no encarna una salida progresista en sentido fuerte. Representa más bien una derecha conservadora proeuropea, con promesas de restaurar independencia judicial, libertad de prensa, reformas anticorrupción y límites al poder del primer ministro. Eso basta para explicar por qué su victoria puede ser leída como un avance democrático respecto del orbánismo, pero no autoriza a borrar las tensiones que seguirán presentes en Hungría sobre Ucrania, migración, minorías y orientación social del Estado. Reuters ya advirtió que la liberación de fondos y la normalización plena con la UE dependerán de reformas reales, no de expectativas. (Reuters)
Lo decisivo, en cualquier caso, ya ocurrió. La sociedad húngara mostró que incluso un régimen que había logrado capturar instituciones, medios y circuitos de renta no era invulnerable. Orbán gobernó 16 años prometiendo soberanía, orden y estabilidad; terminó dejando una democracia degradada, un Estado sospechado de captura, una economía con crecimiento débil, servicios públicos bajo estándar OCDE y miles de millones de euros congelados por desconfianza institucional. Su derrota no resuelve de inmediato esos daños, pero sí demuestra algo esencial: cuando el poder erosiona los equilibrios republicanos, no fortalece al Estado; lo convierte en un aparato menos legítimo, menos imparcial y, a la larga, menos capaz de sostener cohesión social. Y eso, al final, también se vota. (Freedom House)
