Periodista
Los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y de Defensa, Fernando Barros, comparecieron hoy ante el Senado para explicar la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas), una iniciativa liderada por Estados Unidos que ha generado profundas divergencias políticas en el país.
La sesión extraordinaria -solicitada por varios comités parlamentarios y encabezada por el senador PS, Juan Luis Castro- dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto al alcance, la naturaleza jurídica y las consecuencias estratégicas de esta declaración.
Recordemos que la iniciativa fue lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump en marzo de 2026, durante una cumbre celebrada en su club de golf privado en Doral, Florida, tras la «extracción» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la operación «Lanza del Sur» (Southern Spear), una campaña militar y de vigilancia de Estados Unidos enfocada en atacar redes de narcotráfico y grupos catalogados como narcoterroristas en el mar Caribe y el océano Pacífico, a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), y que acabó con la vida de 238 personas.
Shield of the Americas está compuesto por 14 de 35 que componen América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos como anfitrión.
Según las autoridades norteamericanas, Chile adhirió plenamente este 12 de marzo en Santiago – sólo un día después de asumir el gobierno de Kast durante la visita del secretario norteamericano Christopher Landau y el embajador Brandon Judd a La Moneda-; sin embargo, recién fue hecho público por el presidente Kast hace algunas semanas tras su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En declaración pública ante la prensa, el mandatario afirmó que se trata de una coordinación para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Menos escueto fue el Departamento de Estado norteamericano al informar que en realidad está compuesto por 3 pilares fundamentales.
En primer lugar, seguridad: cooperación en inteligencia, control fronterizo, capacitación policial y coordinación contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Luego, economía: revisión de inversiones, protección de cadenas de suministro de minerales críticos y regulación de proveedores de infraestructura digital bajo criterios de «confianza». Y, en tercer término, cooperación multilateral: coordinación de posiciones en foros regionales y activación de mecanismos de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
Pérez Mackenna insiste: «No es un tratado»
El canciller Pérez Mackenna insiste en señalar que el Escudo de las Américas no constituye un tratado internacional en los términos del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y por lo tanto no requiere aprobación del Congreso conforme al artículo 54 de la Constitución chilena.
«Es una declaración política conjunta cuyos contenidos no generan obligaciones jurídicas», afirmó el ministro. «En ningún pasaje se contraen obligaciones vinculantes. Todo lo que se ejecute se hará de conformidad con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales», añadió.
Además, enfatizó que la cooperación derivada del acuerdo permitirá a Chile acceder a información anticipada sobre movimientos de organizaciones criminales en países vecinos, mejorar la coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, y fortalecer las capacidades de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público.
«La soberanía es la capacidad efectiva de un Estado de ejercer autoridad sobre su territorio, proteger a su población y mantener sus instituciones libres de captura. Cooperar para enfrentar el crimen organizado es una forma de defender la soberanía nacional», subrayó.
Respecto al Tratado de Asistencia Recíproca del 2 de septiembre de 1947 (TIAR) o Tratado de Río, pacto de defensa mutua continental y de seguridad colectiva similar al de la OTAN que establece que «un ataque armado contra un Estado americano se considera un ataque contra todos los Estados firmantes», el ministro explicó que la declaración sólo menciona la intención de solicitar una reunión de consulta, y que el artículo 20 de dicho tratado establece expresamente que ningún Estado está obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.
Históricamente, la legitimidad del TIAR sufrió duros reveses debido a eventos como la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando EE. UU. prefirió apoyar al Reino Unido en lugar de a Argentina. Como consecuencia, naciones como México (2002), Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua (2012) abandonaron formalmente el acuerdo para distanciarse de la influencia de Washington. Actualmente quedan 16 miembros activos de la OEA dentro del tratado, aunque no todos apoyan por igual su activación militar directa frente a las amenazas del narcotráfico, ya que tanto excancilleres como analistas, advierten que utilizar el TIAR para combatir delitos criminales podría abrir la puerta desde escaladas bélicas, presencia sin contrapeso de tropas extranjeras en suelo latinoamericano violando espacios soberanos y riesgos de subordinación a los intereses de Washington, en medio de un complejo escenario de competencia por recursos a nivel planetario.
Ministro de Defensa: “La A3C sí contempla la arista militar”
El ministro de Defensa, Fernando Barros, fue aún más directo: «El Escudo de las Américas no guarda relación con el ámbito militar o de la defensa que corresponde a este ministerio.»
Barros, explicó que lo firmado en marzo fue una declaración conjunta de seguridad entre Chile y Estados Unidos, cuyo contenido se centra en cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que «no ha sido oculta ni secreta»: fue publicada en la prensa y difundida por la embajada estadounidense.
El ministro reconoció que sí existe una instancia paralela llamada «Coalición contra los Carteles» (A3C o Coalition Against Cartels), que efectivamente contempla la arista militar y según él «está siendo analizada» y enfatizó que cualquier decisión que involucre el uso de fuerzas militares requerirá la aprobación del Congreso y del Presidente de la República, conforme a la legislación chilena. Sin embargo, el ministro ya firmó la «Declaración Conjunta de Seguridad» durante la «Conferencia de las Américas contra los Carteles», con fecha 12 de marzo (en Santiago) junto a Joseph Humire, Secretario de Guerra Interino para la Defensa de la Patria y las Américas de EEUU, y que en su punto 4 compromete en nombre de Chile, «unirnos a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental».
Críticas de la oposición
El senador Juan Luis Castro (PS) fue uno de los más incisivos. Preguntó directamente al ministro de Defensa: «¿Recibió usted una instrucción directa del Presidente de la República para firmar el 12 de marzo a nombre del gobierno la llamada declaración conjunta de seguridad frente a la delegación oficial de Estados Unidos?».
Castro cuestionó además que el gobierno haya invocado la naturaleza «no vinculante» del documento para eludir el control parlamentario: «La pregunta de fondo es si la forma no vinculante se usa para evitar el control parlamentario de las decisiones.»
La senadora Claudia Pascual (PC) señaló que la comunicación oficial de Cancillería sólo mencionó los aspectos de seguridad, omitiendo los párrafos económicos del documento: «El primer pilar y al parecer el más importante es el vinculado con objetivos económicos: revisión de inversiones, salvaguarda de cadenas de suministro de minerales críticos, proveedores de confianza para infraestructura digital», advirtió. Pascual preguntó cuáles son las implicancias de estos compromisos para la soberanía económica de Chile y su relación con otros socios comerciales, especialmente China, principal destino de las exportaciones de cobre chileno.
Un punto especialmente álgido fue la mención de que Chile, en el marco del Escudo de las Américas, habría respaldado una declaración condenando la detención del fiscal boliviano que investigaba al gobierno de Luis Arce. El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) denunció que «se firmó una declaración como Escudo de las Américas respaldando la detención ilegal del fiscal que investiga en Bolivia. ¿Se imaginan que mañana detengan ilegalmente al fiscal Valencia por investigar a un asesor del Presidente? Chile estaría respaldando una violación al Estado de Derecho.»
Durante la sesión especial, varios senadores coincidieron en condenar las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien condicionó la cooperación en seguridad al alineamiento de Chile con Washington. El senador Ibáñez exigió al canciller presentar una nota de protesta formal: «El embajador dijo que si Chile quiere que Estados Unidos ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes, tendrá que trabajar con ellos. Eso es inadmisible».
Grietas internas
La sesión reveló fisuras incluso en el propio oficialismo. Mientras el senador Matías Walker (Demócratas) respaldó la adhesión, pidió «sacar de esta ecuación todo lo relacionado con materias de defensa» y advirtió sobre los riesgos económicos: «Chile no debe tomar partido en esta guerra comercial entre las grandes superpotencias. Me preocupa el control de inversiones respecto a minerales críticos, porque entre ellos consideramos al litio y al cobre.»
Por su parte, el senador Rodolfo Carter (Ind.) defendió con vehemencia la iniciativa al afirmar que «Estados Unidos es nuestro principal aliado político, militar y cultural. No somos miembros de cualquier sector del mundo; somos occidentales”; mientras el senador Carlos Ignacio Kuschel (RN) complementó que «no podemos quedar fuera de ese conjunto de países. Es una declaración de intenciones plenamente compatible con nuestra política tradicional de buena vecindad.»
Preguntas sin respuesta aún
Lamentablemente, los ministros evitaron contestar el fondo de las preguntas, repitiendo lo que ya han señalado públicamente y varias interrogantes quedaron pendientes a pesar de la insistencia parlamentaria.
El Escudo de las Américas ha sido interpretado por analistas como parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para reconfigurar las alianzas hemisféricas, excluyendo a los gobiernos de Brasil, México y Colombia, que no participaron en la cumbre de Doral, debido a razones ideológicas y en oposición a China.
¿Cuál es la naturaleza jurídica exacta de los compromisos derivados del Escudo de las Américas? ¿Qué efectos concretos tendrán las cláusulas sobre minerales críticos y proveedores de infraestructura digital en la política comercial de Chile? ¿Se solicitará la aprobación del Congreso para los protocolos complementarios o memorandos de entendimiento que se deriven de la declaración? ¿Cómo se compatibiliza la adhesión al Escudo con la tradicional política de no alineamiento activo de Chile?¿Cómo navegar un mundo multipolar en el que las grandes potencias compiten por hegemonía, sin perder la capacidad de definir los propios intereses?
Como señaló el senador Castro en su intervención: «Chile tiene alguna alternativa frente a esto? ¿Tiene una alternativa frente a la primera potencia mundial que te dice ‘ustedes firman esto, se va a hacer esto’? Yo creo que tenemos que tener una respuesta entre nosotros con sentido de Estado». La respuesta a estas preguntas determinarán no sólo el futuro del Escudo de las Américas en Chile y su impacto, sino también la posición del país en el orden internacional, nuestra relación con las principales potencias militares y económicas, y si seremos capaces de mantener la defensa de la soberanía y de nuestros intereses nacionales hacia las próximas décadas.
